LA INCORREGIBLE SUSANA

Creo que la mayoría conoce la fábula de la rana y el escorpión: Un escorpión pidió a una rana que le ayudase a cruzar un río. La rana –ingenua y confiada, cual votante andaluz de Ciudadanos- accedió a llevarlo sobre sus espaldas pensando que ningún mal debía temer, ya que en tal caso el ingrato huésped correría su misma fatal suerte. A mitad del trayecto el escorpión picó a la rana. Ésta, sintiendo el mortal aguijonazo, preguntó ¿por qué me has picado? ¿No comprendes que ahora moriremos los dos? El escorpión respondió: lo sé. Es mi naturaleza, no puedo dejar de ser quien soy.
No traigo a colación el cuento para ilustrar a Juan Marín, el Felón, y a su disciplinada y silente hueste sobre el sentimiento que albergamos quienes fuimos sus votantes, ni sobre el destino que le espera haciendo de rana de Susana; aunque, tal vez, no esté de más el recado admonitorio, que para eso son las fábulas morales.
No, lo que me hace pensar en esta fábula es la naturaleza inmutable del despotismo. La imperturbable condición despótica del régimen que -ya en su cuarta década- pastorea a los mansos andaluces (beeeeeeé). Lo que me hace pensar en esta fábula es que, a pesar de las palabras –huecas como cañas- y desmentidas por los hechos, el rostro del régimen permanece inalterable. El régimen es el mismo y también su dirigencia, aunque cambien periódicamente de careta. Llámense el bueno de Manolo o Pepe el Sencillo o Susi la Deseada, la jeta del régimen es siempre la misma. Susana es Chaves y Griñán, con más tetas (¿verdad, Valderas?) y menos cabeza. El régimen persevera contumaz en su ser, del mismo modo que el escorpión de la fábula; y su rostro es siempre el mismo: el rostro del déspota.
No me excedo. Según el diccionario, es déspota quien gobierna sin sujeción a la ley y abusa de su poder y autoridad. Y ¿acaso no es eso lo que aquí viene sucediendo?
El régimen socialista, su princesa de fresa, arrinconan las leyes más sagradas –la Constitución y el Estatuto de Autonomía- para convertir en ley su voluntad. Gobiernan por decreto-ley. Aquí el gobierno legisla y gobierna. ¿Sirve para algo el Parlamento? En el último año y medio el gobierno andaluz ha aprobado 21 decretos-leyes (record Guinness europeo) frente a sólo dos leyes políticamente relevantes (Presupuestos y Transparencia).
Desdeñan el estado de derecho y ultrajan el principio de separación de poderes, uno de sus pilares, para imponer su voluntad por encima del parlamento y de los tribunales. Convierten en realidad andaluza los principios del decisionismo político: el Führer hace el derecho.
Y siendo la cuestión de suma gravedad, causa pavor cuando se analizan los detalles y pormenores de tan descarado despotismo.
Y si no, vean ustedes el caso del último decreto-ley aprobado por el susanismo: Un decreto-ley aprobado con dos únicos objetivos: de un lado, eludir arteramente el cumplimiento de las sentencias dictadas contra la Junta de Andalucía obtenidas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios ante el TSJA, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional; y de otro, evitar que este sindicato pueda recurrir la arbitraria decisión juntera ante los tribunales. Estos dos objetivos, se resumen en uno: privar a una persona del derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Es decir, a obtener de la justicia un pronunciamiento basado en derecho y a que se haga efectivo.
Tal como acostumbra, la Junta no respeta los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y el Estatuto para el ejercicio de la potestad legislativa. Pues, de un lado, en el aspecto formal, ni se dan objetivamente los motivos de urgencia que alegan (¿urgencia?, ¡después de llevar cuatro años mareando la perdiz!), ni existe necesidad alguna de modificar la ley de la Función Pública andaluza para su propósito, ya que nada en su articulado impide un desarrollo reglamentario como el que pretende la Junta (de hecho, la modificación de la norma reglamentaria constituye el meollo del decreto-ley); y de otro, la materia que el régimen pretende regular está vedada al decreto-ley, pues éstos no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I de la Constitución; supuesto en el que nos encontramos al verse concernido el acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, regulado en el artículo 23. (Pregunta colateral: ¿Do están los ilustres letrados del Gabinete Jurídico? No respondan, no digan nada; hagan como ellos)
Sobre lo anterior, lo más grave y escandaloso es que este decreto-ley está dictado despóticamente contra una persona: el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Por cierto, el único entre los existentes en la Administración General de la Junta de Andalucía que defiende los intereses del funcionariado sin sectarismos, haciéndolo compatible con la defensa del interés general, que queda satisfecho cuando las leyes son obedecidas y respetadas.
Aquí, pues, no ha cambiado nada; a pesar de que el partido socialista -padre, sustentador y beneficiario de este nefasto régimen- no goza de mayoría parlamentaria –o tal vez por eso- se atreve a usurpar al parlamento la potestad legislativa, y no para una noble causa sino con el abyecto fin de privar a una persona jurídica del derecho constitucional a la tutela judicial; y, dicho sea de paso, con el consentimiento de la oposición, que constituye la mayoría. Una callada, costosa, decorativa e inútil mayoría.
Max Estrella, cesante de hombre libre
Septiembre, 2015