Creo que la mayoría conoce la
fábula de la rana y el escorpión: Un escorpión pidió a una rana que le ayudase
a cruzar un río. La rana –ingenua y confiada, cual votante andaluz de
Ciudadanos- accedió a llevarlo sobre sus espaldas pensando que ningún mal debía
temer, ya que en tal caso el ingrato huésped correría su misma fatal suerte. A
mitad del trayecto el escorpión picó a la rana. Ésta, sintiendo el mortal
aguijonazo, preguntó ¿por qué me has picado? ¿No comprendes que ahora moriremos
los dos? El escorpión respondió: lo sé. Es mi naturaleza, no puedo dejar de ser
quien soy.
No traigo a colación el cuento
para ilustrar a Juan Marín, el Felón, y a su disciplinada y silente hueste
sobre el sentimiento que albergamos quienes fuimos sus votantes, ni sobre el
destino que le espera haciendo de rana de Susana; aunque, tal vez, no esté de
más el recado admonitorio, que para eso son las fábulas morales.
No, lo que me hace pensar en esta
fábula es la naturaleza inmutable del despotismo. La imperturbable condición
despótica del régimen que -ya en su cuarta década- pastorea a los mansos
andaluces (beeeeeeé). Lo que me hace pensar en esta fábula es que, a pesar de
las palabras –huecas como cañas- y desmentidas por los hechos, el rostro del
régimen permanece inalterable. El régimen es el mismo y también su dirigencia,
aunque cambien periódicamente de careta. Llámense el bueno de Manolo o Pepe el
Sencillo o Susi la Deseada, la jeta del régimen es siempre la misma. Susana es
Chaves y Griñán, con más tetas (¿verdad, Valderas?) y menos cabeza. El régimen
persevera contumaz en su ser, del mismo modo que el escorpión de la fábula; y
su rostro es siempre el mismo: el rostro del déspota.
No me excedo. Según el
diccionario, es déspota quien gobierna sin sujeción a la ley y abusa de su
poder y autoridad. Y ¿acaso no es eso lo que aquí viene sucediendo?
El régimen socialista, su
princesa de fresa, arrinconan las leyes más sagradas –la Constitución y el
Estatuto de Autonomía- para convertir en ley su voluntad. Gobiernan por
decreto-ley. Aquí el gobierno legisla y gobierna. ¿Sirve para algo el
Parlamento? En el último año y medio el gobierno andaluz ha aprobado 21
decretos-leyes (record Guinness europeo) frente a sólo dos leyes políticamente
relevantes (Presupuestos y Transparencia).
Desdeñan el estado de derecho y
ultrajan el principio de separación de poderes, uno de sus pilares, para
imponer su voluntad por encima del parlamento y de los tribunales. Convierten
en realidad andaluza los principios del decisionismo político: el Führer hace
el derecho.
Y siendo la cuestión de suma
gravedad, causa pavor cuando se analizan los detalles y pormenores de tan
descarado despotismo.
Y si no, vean ustedes el caso del
último decreto-ley aprobado por el susanismo: Un decreto-ley aprobado con dos
únicos objetivos: de un lado, eludir arteramente el cumplimiento de las
sentencias dictadas contra la Junta de Andalucía obtenidas por el Sindicato
Andaluz de Funcionarios ante el TSJA, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional;
y de otro, evitar que este sindicato pueda recurrir la arbitraria decisión juntera
ante los tribunales. Estos dos objetivos, se resumen en uno: privar a una
persona del derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva,
consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Es decir, a obtener de la
justicia un pronunciamiento basado en derecho y a que se haga efectivo.
Tal como acostumbra, la Junta no
respeta los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución y el
Estatuto para el ejercicio de la potestad legislativa. Pues, de un lado, en el
aspecto formal, ni se dan objetivamente los motivos de urgencia que alegan
(¿urgencia?, ¡después de llevar cuatro años mareando la perdiz!), ni existe
necesidad alguna de modificar la ley de la Función Pública andaluza para su
propósito, ya que nada en su articulado impide un desarrollo reglamentario como
el que pretende la Junta (de hecho, la modificación de la norma reglamentaria
constituye el meollo del decreto-ley); y de otro, la materia que el régimen
pretende regular está vedada al decreto-ley, pues éstos no podrán afectar a los
derechos, deberes y libertades regulados en el Título I de la Constitución;
supuesto en el que nos encontramos al verse concernido el acceso a las
funciones públicas en condiciones de igualdad, regulado en el artículo 23.
(Pregunta colateral: ¿Do están los ilustres letrados del Gabinete Jurídico? No
respondan, no digan nada; hagan como ellos)
Sobre lo anterior, lo más grave y
escandaloso es que este decreto-ley está dictado despóticamente contra una
persona: el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Por cierto, el único entre los
existentes en la Administración General de la Junta de Andalucía que defiende
los intereses del funcionariado sin sectarismos, haciéndolo compatible con la
defensa del interés general, que queda satisfecho cuando las leyes son
obedecidas y respetadas.
Aquí, pues, no ha cambiado nada;
a pesar de que el partido socialista -padre, sustentador y beneficiario de este
nefasto régimen- no goza de mayoría parlamentaria –o tal vez por eso- se atreve
a usurpar al parlamento la potestad legislativa, y no para una noble causa sino
con el abyecto fin de privar a una persona jurídica del derecho constitucional
a la tutela judicial; y, dicho sea de paso, con el consentimiento de la
oposición, que constituye la mayoría. Una callada, costosa, decorativa e inútil
mayoría.
Max Estrella, cesante de
hombre libre
Septiembre, 2015
