En la pasada huelga general del 29 de marzo vimos como por
toda España los “piquetes informativos” (eufemismo con el que se pretende
enmascarar las partidas de la porra sindicales) ejercieron su sacrosanto
derecho a practicar el matonismo y la violencia sobre todo aquél que osó no
secundar sus consignas. Además, para obtener rédito mediático de sus fechorías
(que así es la humana estupidez), pusieron a la cabeza de algunas de esas cuadrillas
a famosillos zejateros, mantenidos precisamente por los impuestos de sus
víctimas.
Aquí abajo, en el paraíso del paro y la corrupción, donde se
sienten especialmente fuertes y protegidos, el liderazgo de las bandas de
sayones lo ejercieron los más altos mandatarios políticos y sindicales. Así
pudimos ver al mismísimo jefe de la UGT, Patrañas el bienbesao, al frente de la
camada de matones que atemorizó y agredió a indefensas funcionarias a las
puertas de Torretriana; o al alcalde tempranillo, parlamentario del partido
gobernante, practicando en colegios y supermercados la nueva técnica del
parlamentarismo andalú: el asalto.
Me vienen a la memoria unas cuantas películas de mafiosos y
no puedo eludir la asociación entre estos y aquellos. Con una diferencia a
favor de la mafia, y es que la mafia por lo menos presta protección a sus
cotizantes, en tanto que este sindicalismo extorsionador y violento además de
sangrarnos los bolsillos nos agrede.
Aún me embarga la indignación recordando con que impunidad
actuaron los matones.
Porque, no se olvide, impedir –o intentarlo- el acceso al
trabajo, con insultos, amenazas, empujones, petardos, tachuelas, barricadas, o
cualquier otro medio, está contemplado en nuestro vigente código penal como
constitutivo de delitos diversos.
Por ejemplo, el artículo 315: “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres
años… los que, actuando en grupo, o
individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a
iniciar o continuar una huelga.”
O el 172: “El que, sin
estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la
ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o
injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años…”.
O el 208: “Es injuria
la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su
fama o atentando contra su propia estimación.”
O el 385: “Será
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años…el que originare un
grave riesgo para la circulación…colocando en la vía obstáculos imprevisibles,
derramando sustancias deslizantes o inflamables…”.
El 29M tuvimos noticia, directa o por la televisión, de la
comisión de todos esos actos descritos como conductas delictivas en los
artículos citados, y de algunos otros de la misma naturaleza. Y, sin embargo,
¿qué?, ¿alguna consecuencia para los presuntos delincuentes?, ¿ha ido alguien a
la cárcel?
El ciudadano decente, contribuyente más que exprimido,
ordeñado, se preguntará con razón: ¿no vio la policía lo que los demás vimos;
no lo vieron las autoridades a las que corresponde velar por el orden público y
garantizar los derechos de los ciudadanos; no lo vio la fiscalía, que tiene la
obligación de perseguir los delitos? ¿Vale la Ley algo en este país?
Me gustaría saber que instrucciones dio el Ministerio del
Interior, o la Delegada del Gobierno a la Policía. Muchos de los hechos
delictivos tuvieron lugar ante las mismas narices de la policía, ¿acaso tenían
instrucciones de no detener a los delincuentes y ni siquiera identificarlos? Y
si no es así, ¿cuántos expedientes se abrieron a los mandos operativos
policiales por no cumplir con su obligación de proteger los derechos de los
ciudadanos, impedir la comisión de delitos y perseguir a los delincuentes?
Y la Fiscalía, ¿qué instrucciones dio la Fiscalía, tan celosa
con los controladores aéreos? ¿Cuántas diligencias abrió, a cuantos ha puesto
ante los jueces?
¿Y los jueces?, bien. Gracias.
Todo esto ocurre no tanto porque haya canallas que lo hacen sino
porque quienes tienen la obligación de impedirlo o castigarlo no se atreven a
hacerlo. Todo esto ocurre porque los creadores de opinión –los manipuladores de
opinión- lo consideran “normalidad democrática”, inoculándolo exitosamente en
la conciencia colectiva.
Todo esto ocurre porque la nuestra es una sociedad moralmente
acomplejada, que ha aceptado el mito de la supremacía moral de la izquierda,
sin someterlo al más mínimo análisis crítico. Y es por ello que acepta que el
derecho de huelga es absoluto y sacrosanto y debe prevalecer sobre el derecho
al trabajo, a la salud, a la integridad física y moral, a la dignidad. Y, lo
que es aún peor, a costa de la libertad, que como dijo Don Quijote a Sancho, es
el don más precioso que nos dieron los cielos, con la vida.
Y esto ocurre precisamente ahora (siempre hemos ido con
retraso) cuando la izquierda ya no simboliza ninguno de los valores que en
otros tiempos, ya lejanos, pretendió encarnar. La izquierda nacional desde que
llegó al poder con Felipe González abandonó cualquier pretensión ética, como
demostraron los hechos posteriores. Y no hablemos ya del zapaterismo que se volcó
con empeño y dinero en arraigar en la sociedad el relativismo ético. Y de la
ética de la izquierda andaluza mejor no hablar, sólo decir que Jean-François
Revel parecía escribir pensando en ellos cuando dijo que tienen una idea tan alta de su propia moralidad que casi se creería, al
oírlos, que vuelven honrada la corrupción cuando se entregan a ella, en vez de
ser ella la que empaña su virtud cuando sucumben ante la tentación. Así se
explica que el consejero Martín Soler, cuando estalló el escándalo de Paulita
Chaves, dijera que era una injusticia atacar a un Cabeza de familia que miraba
por el porvenir de sus hijos.
¿De qué supremacía hablamos, entonces? ¿Hay que tragarse las
mentiras ideológicas izquierdistas como si fuesen hostias?
No. En cuestión de ética y de valores democráticos, esta
izquierda no es ejemplo de nada; es más, curiosamente la única violencia
política existente hoy en nuestro país viene de la izquierda.
Lamentablemente, nada cambiará, al menos con el pragmático acomplejado
Mariano Zapatero. Mientras las autoridades, la policía, la fiscalía y los
jueces, sean tan tolerantes –y tan cobardes- ante la violencia sindical, seguirá
ocurriendo lo mismo. Ya lo digo, el 14N volveremos a ver la misma exhibición de
violencia, matonismo y desvergüenza por parte de los mismos. Las víctimas, como
siempre, serán doblemente vilipendiadas.
Max Estrella, cesante de
hombre libre.
Noviembre, 2012
