EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BENDICE LA SACROSANTA TRADICIÓN PATRIA DEL ENCHUFE

Disculpe el lector –tan paciente y benevolente como desocupado- el ejercicio de petulancia, pero tengo que decir que el desenlace de esta desigual contienda ya estaba anunciado desde sus inicios.
Ya lo advertí cuando, a finales del año 2010, comenzaba la lucha: “Yo, que practico el pesimismo racionalista, pienso que esta guerra está perdida, porque, como dijo De La Boetie –hace ya cinco siglos-, el hombre no ama la libertad, porque si la amara sería libre. No obstante, del mismo modo pienso que, aunque sea una causa perdida, hay que dar la batalla. Por dignidad.” (Por dignidad)
Unos días más tarde, en el ocaso del año, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (el único entre los sindicatos de la Administración andaluza que mantiene la dignidad y la toga limpia de polvo del camino) presentó querella contra el presidente de la Junta de Andalucía y todo el Consejo de Gobierno por presunto delito de prevaricación cometido con la aprobación del decreto-ley 5/2010 –vulgo decretazo o ley del enchufismo-; querella que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Volví a manifestar entonces (Griñán ante el Sanedrín) mi escepticismo respecto a la suerte de la querella. Dije entonces, y sigo sosteniendo ahora porque nada ha cambiado, que no hay esperanza en un sistema en el que los distintos poderes del Estado se retroalimentan para defender sus intereses oligárquicos. Sostuve que nada cabe esperar de una justicia sometida al poder político; y que la justicia aquí agravia más que el delito. Y, efectivamente, el TS acabó dando carpetazo a la querella al estilo de Muñoz Seca: tengo su escrito delante, pronto la tendré detrás…
(Por cierto, el Tribunal Constitucional ha sentenciado recientemente que el Consejo de Gobierno usurpó la potestad legislativa con tal acto; o dicho de otro modo, los hechos -y la calificación jurídica de los mismos- denunciados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios ante el TS se revelaron ciertos; o sea, el Consejo de Gobierno actuó contra la Constitución y, sin embargo, a pesar de la querella, eso no ha merecido por parte de la justicia, no digo ya un reproche penal, sino ni siquiera una apariencia de investigación; no se han molestado siquiera en subir el telón y representar la farsa, pese a habernos cobrado la entrada.)
Un par de años más tarde, unos días antes de las elecciones, cuando la efervescente revolución funcionarial llenaba las grandes alamedas de bravos efímeros luchadores y de contumaces oportunistas, seguí advirtiéndolo (A vueltas con la justicia): “Hace algún tiempo que, en estas mismas acogedoras páginas, manifesté mi escepticismo respecto a que esta vía –la judicial- pudiese proporcionarnos alguna satisfacción (…) Así pues, abandonen toda esperanza aquellos que confiaron en la solución del conflicto por la vía judicial (…) La única rendija abierta a la esperanza se llama cambio político. La única oportunidad de vencer en este conflicto es acabar con este régimen putrefacto y fétido. Ahora tenemos una ocasión, tal vez la última. Delenda est Cartago.
Y así, en otras diversas ocasiones.
De modo que el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional ni me ha sorprendido ni, menos aún, decepcionado, ya que ninguna justicia espero de los jueces; y, como dijo un socrático personaje de Hitchcock –el capitán Wiles-: “bienaventurados los que nada esperan, porque no quedarán decepcionados”.
Para quien no esté enterado, si queda alguno, el garante de la Constitución ha venido a dar la razón en esta guerra contra el enchufismo al régimen andaluz y la puntilla al modelo constitucional de Administración Pública consagrado en la Constitución de la que, supuestamente, eran garantes. También han liquidado el modelo de Función Pública imparcial, profesional y meritocrática; y el acceso de la ciudadanía a la misma en condiciones de igualdad.
El Tribunal Constitucional ha consagrado el mayor atentado cometido hasta la fecha contra los principios constitucionales de acceso a las funciones públicas y contra el modelo constitucional de Administración Pública. Ha consagrado que la gestión ordinaria de los asuntos públicos quede en manos de entidades de naturaleza privada o híbrida, no sometidas al derecho administrativo y, por tanto, a los controles jurídicos que garantizarían que su actuación se somete al imperio de ley y se realiza en favor del interés general.
Por si eso no fuese suficientemente grave per se, el garante (jajaja) de la Constitución da también sus bendiciones a la mayor prevaricación de la historia de España: la conversión en empleados públicos (y que se deje de palabrerías y distinciones bizantinas que lo único que ponen de manifiesto es que tienen plena conciencia de lo que hace) de una legión de aproximadamente 30.000 personas, que han accedido al empleo público sin que mediara convocatoria pública, ni concurrencia en régimen de igualdad, ni pruebas objetivas de acceso conforme a criterios de mérito y capacidad, ni transparencia en el procedimiento de selección, ni, en suma, ninguno de los requisitos ni garantías exigibles para ello en un estado de derecho.
Con esta sentencia infame el Tribunal Constitucional abre una vía inquietante y muestra el camino a seguir a las administraciones y a los ciudadanos. A las administraciones les manda el mensaje de que, pese a lo que establece la Constitución, su voluntad está por encima de las leyes; que pueden hacer de su capa un sayo para eludir los controles legales, bajo el argumento de la potestad de autoorganización.
Y, siendo eso malo, es peor aún el mensaje dirigido a los ciudadanos. Permítame el lector que lo ponga en román paladino, con el que suele el pueblo hablar a su vecino; vienen a decir los magistrados (excepto uno, lúcido y más decente): “Señores ciudadanos, que tontos y que ingenuos son ustedes. Mira que creerse lo que dice la Constitución. Pero so pánfilos, no veis que es todo mentira, desde el artículo 1, ese que dice que la soberanía reside en el Pueblo. Jajaja, pero que cándidos, ¡creerse eso de la igualdad en el acceso a las funciones públicas, conforme a los principios de mérito y capacidad!, para partirse. No se dan cuenta ustedes que lo que hay que hacer, en vez de estudiar y prepararse, es apuntarse a un partido político o tener una buena recomendación o un buen enchufe. Aprendan ustedes de nosotros, no sean idiotas”.
No puedo evitar acordarme de Pacheco, el ex-alcalde de Jerez –el que dijo que la justicia es un cachondeo, y se quedó corto- y de Quevedo. De Pacheco por su cortedad de miras y su tibieza. Si hubiese creado una empresa municipal y hubiese metido a toda su familia, a todo su partido y a medio Jerez y luego hubiese creado una agencia municipal e integrado en ella la empresa con toda su cohorte de enchufados, todos serían empleados públicos y él estaría colmado de bendiciones, y hasta seguiría de alcalde. Como un señor. En lugar de eso, en vez de enchufar a 20.000, sólo metió a dos; y está en la cárcel (el fiscal le pidió 20 años). Pobre imbécil.
Y es que, como dijo Quevedo, en España los grandes crímenes se premian; se coronan, dijo. Aquí lo que no está bien visto es el delito al por menor, el menudeo.
No hay remedio, ni esperanza, esto durará sin duda alguna más de lo que duró el túmulo sevillano a Felipe II. ¡Oh, gran Junta!, Roma triunfante…
Max Estrella, cesante de hombre libre
Diciembre, 2015