ESTAMPAS TOTALITARIAS ANDALUZAS (I)

Las orejas del régimen y el pensamiento único
Hace unos días Luis Marín Sicilia recomendaba la lectura de Goebbels, el ministro de Propaganda del régimen nazi, para evidenciar ciertas actitudes del actual presidente de la Generalidad de Cataluña y de su entorno. A mi juicio llevaba razón. Pero todo lo que denunciaba en su artículo es igualmente predicable del régimen que padecemos en Andalucía. En estas páginas hemos señalado que el régimen nacionalista catalán y el régimen socialista andaluz son primos hermanos. Comparten su naturaleza neototalitaria, mixtura de populismo, despotismo tocqueviliano, autoritarismo bananero y decisionismo político manifestado de modo obsceno en el desprecio de la ley y del parlamento; y esa caracterización ideológica queda plasmada en sus respectivos estatutos de autonomía, que son precisamente clónicos.
Ahora bien, una cosa diferencia ambos regímenes -y no es baladí- que hace aún más odioso el andaluz frente al catalán. Me refiero a la característica esencial de todo totalitarismo: la estructuración de la sociedad en torno al partido único, que todo lo penetra. En nuestra realidad sociopolítica, no partido único sino hegemónico; el régimen puede permitirse el “lujo” del pluralismo político, ya que no deja de ser una mera declaración formal que no se proyecta en la realidad fáctica. En esta legislatura tenemos la confirmación de lo que digo. Pero sobre todo, esta nota diferencial se evidencia en el hecho de que en Andalucía los escándalos de corrupción no son asunto del partido sino de la Junta de Andalucía; esto es, de las instituciones que el partido parasita. Partido y Estado (digámoslo así, salvando las distancias) constituyen la misma cosa. Como en la extinta Unión Soviética, como en la Alemania Nazi, como en Cuba, como en cualquier régimen totalitario.
Aquí, como en todos esos regímenes no existe el principio de separación de poderes, o de equilibrio y contrapeso de poderes, propio de los sistemas democráticos. Aquí el Parlamento ni siquiera llega a ser apéndice del ejecutivo (del partido) sino una claque bienpagá y en cuanto a la justicia no alcanza siquiera a aparentar la severa categoría del mayordomo de un lord inglés sino que más bien parece un mozo de cuadras encargado de limpiar los cagajones del establo. También tenemos ejemplos recientes de ello.
Pretendo hacer llegar al lector, a modo de postales, nuevas muestras de la iniquidad del régimen, que no sólo le sorprenderán sino que, sin duda, le dejarán un sentimiento mezcla de hastío y desasosiego. Comencemos  la serie:
La red de agentes anti-rumores, o la opinión ortodoxa.
Los hechos: la Junta ha creado una red de agentes anti-rumores “para detectar rumores y/o prejuicios, investigarlos y hacer propuestas directas de intervención que afecten a la población inmigrante o que se puedan dar entre personas de diferentes nacionalidades y/o etnias”.
Lo que no dice es quienes serán esos agentes. Quien los seleccionará. Con qué criterios. Quienes serán los investigadores. Quienes los proponentes y ejecutores. Y quien los pagará. Perdone el lector este desliz, sobraba la última cuestión: es lo único que siempre está claro en lo que hace la Junta, los paganos seremos usted y yo. Como siempre.
Analicemos el asunto. Sólo concibo dos hipótesis respecto a la naturaleza jurídica de los rumores: Una, que de algún modo sean ilícitos; bien porque constituyan delito, bien porque sin llegar a serlo lesionen la honorabilidad de las personas. Y, dos, que no sean ilícitos en modo alguno; o sea, que constituyan una opinión lícita, amparada, por tanto, por la libertad de pensamiento y de expresión.
Pues bien, si se trata de lo primero, en una sociedad democrática para prevenir y perseguir delitos está la policía. Aquí, por cierto, a falta de una tenemos cuatro policías. Y para perseguir lesiones e intromisiones ilegítimas en la honorabilidad de las personas, nuestro ordenamiento jurídico democrático pone a disposición de los ciudadanos diversos instrumentos jurídicos protectores o reparadores.
Entonces, si los agentes anti-rumores no están legitimados legalmente para actuar en tales supuestos -so pena de incurrir en delito-, sólo cabe una opción: el régimen los ha instituido para controlar y perseguir las legítimas opiniones de los ciudadanos que no se acomoden a la ortodoxia ideológica.
Necesariamente Orwell viene a nuestra mente: Garantizar que todas las opiniones están de acuerdo con el punto de vista ortodoxo es tan importante para la estabilidad del régimen como la represión.
Y en verdad de eso se trata y a ese fin sirve esta red de orejas y delatores: la estabilidad del régimen mediante la propaganda, la mixtificación de la realidad, el adoctrinamiento, la acción para modelar conciencias. A todo esto el régimen, en su neolengua, lo llama “efecto concienciador”, en la lengua de los hombres antiguos se llamaba lavado de cerebro. En definitiva, se trata de controlar, perseguir y estigmatizar la opinión inconveniente, la heterodoxa, y sustituirla por la que prescribe la doctrina del pensamiento único. Esto en la neolengua del régimen se define como “deconstruir para construir ciudadanía”; en román paladino (con el que suele el pueblo hablar a su vecino) se llama ingeniería social.
También persigue el régimen con esto ampliar su tejido clientelar entre la población inmigrante mediante la compra de voluntades, mediante la creación de adeptos a su causa, subvención mediante.
En una democracia, si se diera este caso, cosa improbable, la fiscalía actuaría en defensa de la libertad y los derechos de la ciudadanía. Aquí, donde precisamente el promotor de la totalitaria idea es “el fiscal que no amaba a la justicia”, el “notorio detractor”, el Nota, no podemos esperar que eso ocurra.
Por cierto, conviene recordar que todo esto sucede con el beneplácito del partido Ciudadanos. Partido que puede incluir en su ideario su condición neototalitaria; adquirida por impregnación o contagio. Continuará.
Max Estrella, cesante de hombre libre
Octubre, 2015