Sostiene Torrente (Ballester) en
los “Fragmentos del Apocalipsis” que el sentido del humor redimirá a este
pueblo, aun siendo su vivencia más que dramática apocalíptica. No puedo
compartir tanto optimismo porque para la calamidad que padecemos no se
vislumbra salida posible; sin embargo, participo en la creencia de la fuerza
del humor. No nos salvará, pero, sin duda, es reconfortante. Lo que ocurre es
que, a veces, la indignación se impone a cualquier otra manifestación de la
razón, y lo que aflora es la mala leche. A mí me sucede con la Justicia, cada
vez que el vómito fétido de los jueces la ultraja.
Resulta que un quídam, al que la
primera cabeza de Andalucía –en el tiempo que le dejó libre el cuidado de sus
pollos Paulita e Ivancito- tuvo la ocurrencia de aupar a la cúspide de la
judicatura andaluza, ha dictado –ha vomitado- unas resoluciones que van a
entrar por méritos propios en la historia
de la infamia forense. Este individuo –que es uno de esos jueces puesto
por los políticos para que se ocupen, llegado el caso, de sus trapicheos-
debutó salvándole las vergüenzas al Consejero socialista de Justicia del
momento, el inefable Luis Pizarro, cuando llamó a Javier Arenas “matón de
discoteca” (de bien nacido es ser agradecido). Claro que eso de dar honores a
quien no los merece es tan viejo como la historia del mundo; según nos cuenta
Quevedo, Júpiter ya recriminaba a la Fortuna por ello: “borracha –le decía- quéjanse
que encaramas en los tribunales a los que habías de subir a la horca, que das
dignidades a quien habías de cortar las orejas…”
Ahora el fulano –con la
complicidad de sus compinches de toga- ha decretado que la coacción, la amenaza,
la vejación y la injuria son legítimas si se practican en nombre de la libertad
sindical por los sindicatos de la Secta Siniestra. El TSJA (Tribunal Sumiso a
José Antonio) ha dado legitimidad y ha ennoblecido al matonismo sindical. Desde
ahora en el frontispicio de los juzgados lucirá el nuevo lema de la justicia
andaluza: “Enaltece el delito y ennoblece al delincuente”, si es de los
nuestros.
Ciertamente, tampoco es nuevo el
fenómeno de la justicia sectaria, condescendiente e indulgente con los
poderosos, hace 20 siglos que Juvenal lo dijo: “Perdona a los cuervos pero humilla a las palomas”; y también
Quevedo lo denunció por boca de Bruto: “Que
en el mundo los delitos pequeños se castigan, y los grandes se coronan; y sólo
es delincuente el que puede ser castigado, y el facineroso que no puede ser
castigado es señor”.
Este juez –llamémosle así; es
más, considerando como es la justicia en este país, no concibo insulto mayor-
ofende la inteligencia ajena, retuerce las leyes y denigra la función
jurisdiccional del juez penal, que, fundamentalmente, no debe ser otra que la
de constatar racionalmente si una determinada conducta es subsumible en el tipo
penal. Es decir, si los hechos probados en el proceso constituyen un caso
particular y concreto del supuesto general y abstracto descrito en la ley.
Veamos si no es verdad lo que
afirmo: El artículo 315.3 del Código Penal dispone lo siguiente: “Las mismas penas del apartado segundo (es
decir de 3 a 4 años y medio de cárcel) se
impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con
otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.”
Pues bien, en los autos de marras
( núms. 7 y 13 de 2013) queda acreditado que el piquete liderado por Sánchez
Gordillo consiguió cerrar el día de la huelga general la oficina de la OPAEF,
el comercio “El Rubio”, el supermercado “Mercadona”, la Oficina de Empleo y la
empresa agrícola “Agrosevilla”, todos ellos de Estepa y el IES “Maestro José
Jurado Espada”, al parecer de Osuna (digo al parecer, pues el magnífico Auto
¡ni siquiera indica donde ocurrieron los hechos!).
Esos son los hechos y el derecho.
¿Y qué hace el juez con ello?
Pues, aunque sorprenda, este juez
no realiza la más mínima actividad orientada a analizar si los hechos
acreditados son o no subsumibles en el tipo penal que describe el citado artículo.
Es más -y esto da un tufo hediondo- no dice ni una sola palabra sobre dicho
delito; y, ¡asómbrense!, ni siquiera existe en los dos autos la más mínima
referencia o mención al reproducido artículo 315. No existe para este juez. Ese
día faltó a clase.
Y, a pesar de que en la
descripción de los hechos se dice que los miembros del piquete increparon a los
trabajadores y les llamaron fachas y esquiroles; y que realizaron
manifestaciones intimidatorias; y que su intención era la de presionarlos para
que abandonasen su puesto de trabajo; y que por las buenas o por las malas
echarían del trabajo a todo el que estuviera dentro; y que volverían 500 y
tirarían al suelo todos los productos de la tienda si no cerraban; pues bien,
insisto, a pesar de que todos esos hechos quedan acreditados, este juez nos
toma por imbéciles y pretende hacernos creer que todos los trabajadores de esas
oficinas, de ese instituto, de esas empresas y comercios, que a las 8 de la
mañana no deseaban hacer huelga fueron convencidos para hacer lo contrario por
el verbo florido del elocuente Sánchez Gordillo y el razonar profundo,
socrático y sereno de sus secuaces. Dice el juez que en todos los incidentes sólo se advierte la existencia de
conversaciones, acompañadas de la presión ambiental típica de un piquete (¡de
más de 70 individuos!) que obtuvieron sin
más la decisión pretendida. Es decir, que los convencieron. ¡Ni Castelar!
Como no creo en la estupidez de
los jueces -sí en su iniquidad- me inclino a pensar que éste sujeto conocía
perfectamente el artículo 315 del Código Penal y no le interesó acordarse de
él. Llámenlo ustedes a eso por su nombre, que lo tiene.
En el fondo, la cuestión
subyacente es la de que nuestro sistema jurídico no garantiza ni la igualdad
ante la Ley ni la seguridad jurídica. A pesar de lo que claramente disponga la
ley, aquí los jueces tienen la última palabra y el poder de torcer las leyes.
Este país, que siempre ha despreciado las enseñanzas de los sabios, desoye a
Cicerón que ya advirtió que la astuta y maliciosa interpretación de las leyes
provoca graves injusticias; y a Aristóteles, a Locke y a Montesquieu que vieron
que no hay Justicia posible sino en la Ley, y no en el poder del individuo, que
antes o después tenderá a obrar en su provecho.
Aquí la Ley no vale nada puesta
en las manos de un juez; ni la seguridad jurídica existe; ni la Justicia.
Porque a la postre, en última instancia, toda justicia remite a la Ley, y la
Ley queda en manos de los jueces, y éstos en las de los políticos que los
nombran y ascienden. Así las cosas, el valor de la ley es tan fútil y la
probidad de los jueces tan dudosa que hay que dar la razón al personaje de una
novela de Valle-Inclán cuando afirmaba: “yo
fío poco en las leyes, y todavía menos en los jueces, porque siempre he visto
su justicia más pequeña que la mía”.
Y todas estas ofensas a la
justicia se vienen haciendo en nombre de los más sagrados principios; en este
caso, el de la libertad sindical. El TSJA, que en suma ha avalado este insulto al derecho, ha arrastrado
la Constitución y el nombre de la Libertad por el fango para tapar las
vergüenzas de los que los nombran.
La Constitución, que para el
común de la ciudadanía se ha convertido en papel mojado, ya no garantiza la
propiedad, la integridad moral, la dignidad y, mucho menos, la libertad, y sólo
sirve a estos jueces, hijos de la partitocracia, de coartada para torcer las
leyes a su arbitrio, en beneficio y provecho propio y de la casta a la que
sirven.
No escribiría esto que he escrito
si creyera que en este país hay 12 jueces como mercedes Alaya. Pero en este
país sólo hay una cosa peor que los políticos: los jueces. Creo que era
Virgilio quien contaba que la Sibila de Cumas escribía sus augurios en las
hojas de los árboles; ya quisiéramos aquí tal cosa para las sentencias de los
jueces, aun sabiendo que el viento, que sopla caprichoso, convertiría la
justicia en asunto azaroso. Aquí, para nuestra desgracia, la justicia alimenta
las cloacas, pues los jueces escriben en papel higiénico.
Max Estrella, cesante de
hombre libre.
Febrero, 2013
