INCOMPETENCIA, PREPOTENCIA Y DESVERGÜENZA
Aquellos que por motivos diversos
se ven forzados a abrir las páginas del BOJA
–aunque sea con las narices tapadas y la náusea contenida- habrán
constatado, sobre todas las demás, dos cosas que caracterizan el Primer Año
Triunfal de este gobierno de “toma y daca”. La primera: que el gobierno no
gobierna; usufructúan el poder, lo parasitan, lo ocupan, sencillamente. La
segunda: que todo lo que nos muestra la tipografía oficial no son sino
manifestaciones o fenómenos de la naturaleza populista y cleptocrática de este
régimen, de su esencia. Casi todo lo publicado son subvenciones, premios,
nombramientos o campañas de propaganda ideológica, como el Plan de la Bicicleta,
el Consejo de los Animales, la Estrategia de Innovación, el Plan de Choque,
etc., etc. Es decir, casi todo está orientado a favorecer los intereses de la
clientela, comprar voluntades, acallar lamentos, tapar bocas, sosegar quejas,
colocar adeptos, y fomentar su reconocimiento social valiéndose del control que
ejercen sobre los medios. Su único afán consiste en procurar su permanencia en
el poder; ocupados exclusivamente en eso se olvidan de gobernar, dan la espalda
al interés general, y hunden Andalucía en un pozo cada vez más profundo, del
que la esperanza de salir se presenta ya como milagrosa.
A pesar de ello, los dirigentes
comunistas del gobierno bicéfalo insisten contumazmente en mostrarnos al
régimen bolivariano como modelo a seguir. Yo creo que se equivocan; la cuestión
es más bien a la inversa. ¿Qué pueden enseñarnos unos diletantes sobre
democracia popular; es decir, aquélla en la que los dos términos que la
designan son falsos y están de más: la democracia y el pueblo? ¡¡¡Lecciones a
nosotros!!! ¡¡¡Lecciones a Chaves -el auténtico-, a Pepe II, a Diego, a Sánchez
Gordillo, a Marito, a Zarrías, a Pizarro, al lobby feminista de las Rubiales,
las Hermosinas, las Petronilas, las Bibianas y las Susanitas!!!
Venezolanos, ecuatorianos,
nicaragüenses, bolivianos e, incluso, norcoreanos y cubanos: si de verdad
desean perfeccionarse en el populismo y la opresión, deslizarse por la
vertiente de la miseria, chapotear en la ignorancia o, incluso, sumergirse
profundamente en ella, miren a este régimen y aprendan.
Vean si no la insuperable
disposición del régimen para ahondar en el abismo; sirva de muestra la lección
magistral de despotismo que nos brindó la semana pasada –que por cierto, pasó
casi desapercibida, a pesar de su sobresaliente calado y su prodigiosa singularidad.
Hablo del Decreto-Ley 2/2013, de
12 de marzo, “por el que se confirman determinados actos de la Agencia
Tributaria de Andalucía”. En resumen, la cuestión es la siguiente: la Junta de
Andalucía aprobó en el año 2009 el Estatuto de la Agencia Tributaria de
Andalucía (ATA). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró
“nulo de pleno derecho” el acto de aprobación. La Junta recurrió esa sentencia
y el Tribunal Supremo (TS) rechazó el recurso, es decir, confirmó que el
Estatuto de la ATA era nulo de pleno derecho. Esta sentencia significaba desde
el punto de vista práctico que, por ser nulo de pleno derecho, el Estatuto de
la ATA era barrido de un plumazo y eliminado del ordenamiento jurídico como si
nunca hubiese existido. No podría producir efecto alguno, pues, como sabe
cualquier alumno de primero de derecho, la nulidad produce efectos “ex tunc”,
es decir, desde siempre; o sea, que no tuvo ni un ostugo de vigencia y, lo que
es más grave aún, todos los actos dictados a su amparo, o bajo su cobertura
jurídica, adolecerían del mismo vicio; esto es, la nulidad.
Como puede concluir cualquiera,
el problema era de dimensiones gigantescas. Según declara la propia Junta,
350.000 liquidaciones tributarias estaban afectadas de nulidad; eran el fruto
del árbol podrido y, por tanto, frutos podridos. Consecuentemente, los
tribunales, a petición de los interesados, no tenían más opción que anularlas;
13.000 de ellas ya habían sido, por tal motivo, anuladas hasta el momento de
dictarse el decreto-ley. ¿Y qué se le ocurre a la Junta ante tal situación?
Pues, dar por buenas todas las liquidaciones “podridas” mediante este
Decreto-Ley.
Estos son los hechos -y como no
podemos, sin más, tragarnos un sapo de tales proporciones-, analicémoslos,
aunque sea someramente.
El presidente de la Junta de
Andalucía que aprobó el estatuto declarado nulo por el TS era D. José Antonio
Griñán -Pepe II, el Sencillo, para los amigos-, y la consejera de Hacienda Dª
Carmen Martínez Aguayo –la Papaguayo, para los amigos-. Cuando se inició el
expediente, es decir, cuando se redactó el estatuto y se impulsó su
tramitación, el consejero de Economía y Hacienda era D. José Antonio Griñán
-entonces, simplemente Pepe-, y su viceconsejera, Dª Carmen Martínez Aguayo. O sea, que se tome
por donde se tome, Pepe y Carmen, Carmen y Pepe, son los responsables de haber
aprobado una disposición declarada nula de pleno derecho por el TS por haberse
dictado vulnerando la Ley y los derechos sindicales de los legítimos
representantes del personal de la Junta de Andalucía. Estos dos sujetos -a los
que no se les cae de la boca el mantra de los derechos sindicales, cuando se
trata de legitimar la violencia y el matonismo de sus “sindicatos amigos” UGT y
CCOO-, se ponen de perfil ante un caso como este, en el que la vulneración de
la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva han provocado,
además, un grave quebranto a la hacienda pública. No sólo han violado derechos
que para ellos –según cacarean continuamente- son más sagrados que la propiedad,
la integridad y la dignidad de las personas (lo que sólo por sí mismo
resultaría inaceptable para un gobierno que se dice “progresista”), es que,
además, como consecuencia de esa vulneración, han provocado un gran daño a la
hacienda pública, según sus datos 13.000 liquidaciones irrecuperables, que se
dice pronto, escamoteadas al patrimonio ¡público!, dios sagrado venerado por
esa secta, aunque sólo sea de nombre. ¡¡¡Y no dimiten!!!
Los consejeros responsables de la
Función Pública -a los que precisamente corresponde por su cargo tutelarlos-
vulneran los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva de los
legítimos representantes del personal y no pasa nada. Los consejeros
responsables de la hacienda pública -a los que precisamente corresponde por su
cargo garantizar su integridad y buena
administración- provocan por causa de su incompetencia o por su prepotencia, o
por ambas cosas, un grave daño y no pasa nada. Y más, da la casualidad que esos
consejeros son los mismos de todos los fregados, las salsas de todos los
guisos, la sal de todos los escándalos, la pimienta de todas las corrupciones;
son los artífices de la ley del enchufismo, del concurso chapucero, proceloso,
retorcido y arbitrario, de los ERE y de Invercaria, de los mayores recortes de
derechos a los empleados públicos, de los oscuros contratos de alquileres de la
Junta... y no pasa nada. No sólo no dimiten, es que, para colmo, se permiten
dispensar moralina.
Así, en la parte expositiva del
citado decreto-ley, se atreven a decirnos lo siguiente:”…debe recordarse que es
un deber constitucional contribuir al sostenimiento de los gastos públicos…no
cabe evadir esta obligación constitucional so pretexto de vicio no sustancial
del reglamento…”.
¡¡¡Manda güevos !!!, como dijo el
presidente del Congreso de los Diputados. Pero Pepe, Carmen, aparte de lo
mentirosos que sois –pues el vicio es tan sustancial que ha determinado, no la
anulación, sino la nulidad- cómo podéis recordarnos la Constitución, si sois
vosotros los que la ignoráis.
¿No sabéis que el artículo 28
consagra la libertad sindical? ¿Y que el 37 reconoce el derecho a la
negociación colectiva? ¿Y que el artículo 9 garantiza el principio de legalidad
y la jerarquía normativa; es decir, que vuestros decretos no puedan vulnerar lo
que disponen las leyes? ¿Y que el artículo 103 establece que la administración
actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho?
Lo sepan o no, les da igual. Esta
es la primera lección de un tirano. Incompetencia, prepotencia y desvergüenza.
El desprecio a la Ley es su divisa. La ley es su voluntad.
Buena prueba de ello la
constituye el hecho de que gobiernan por decreto-ley. Ni siquiera Franco
abusaba tanto de su poder. Este gobierno desvergonzado, en el año que lleva
ejerciendo, ha dictado más decretos-leyes (7) que leyes ha aprobado el
Parlamento. A ese paso, podrían prescindir del Parlamento; aunque bien mirado,
para lo que sirve y con lo que nos cuesta (una sola diputada de IU se lleva
7.000 euros al mes, prebendas aparte) tal vez saldríamos ganando.
Estos modos de gobernar son los
de todos los déspotas que en el mundo ha habido, desde Tarquino. Éstos que
ahora padecemos y padecerán nuestros hijos, si no nos rebelamos, lo saben bien
y lo practican mejor. Además de convertir su voluntad en ley, han descubierto
que aquí el control jurisdiccional se escamotea dándole a sus actos rango de
ley; ya lo dijimos el otro día, el decreto-ley refugio de los déspotas.
Max Estrella, cesante de
hombre libre
Marzo, 2013
