Las orejas del régimen y el
pensamiento único
Hace unos días Luis Marín Sicilia
recomendaba la lectura de Goebbels, el ministro de Propaganda del régimen nazi,
para evidenciar ciertas actitudes del actual presidente de la Generalidad de
Cataluña y de su entorno. A mi juicio llevaba razón. Pero todo lo que
denunciaba en su artículo es igualmente predicable del régimen que padecemos en
Andalucía. En estas páginas hemos señalado que el régimen nacionalista catalán
y el régimen socialista andaluz son primos hermanos. Comparten su naturaleza
neototalitaria, mixtura de populismo, despotismo tocqueviliano, autoritarismo
bananero y decisionismo político manifestado de modo obsceno en el desprecio de
la ley y del parlamento; y esa caracterización ideológica queda plasmada en sus
respectivos estatutos de autonomía, que son precisamente clónicos.
Ahora bien, una cosa diferencia
ambos regímenes -y no es baladí- que hace aún más odioso el andaluz frente al
catalán. Me refiero a la característica esencial de todo totalitarismo: la
estructuración de la sociedad en torno al partido único, que todo lo penetra. En
nuestra realidad sociopolítica, no partido único sino hegemónico; el régimen
puede permitirse el “lujo” del pluralismo político, ya que no deja de ser una
mera declaración formal que no se proyecta en la realidad fáctica. En esta
legislatura tenemos la confirmación de lo que digo. Pero sobre todo, esta nota
diferencial se evidencia en el hecho de que en Andalucía los escándalos de
corrupción no son asunto del partido sino de la Junta de Andalucía; esto es, de
las instituciones que el partido parasita. Partido y Estado (digámoslo así,
salvando las distancias) constituyen la misma cosa. Como en la extinta Unión
Soviética, como en la Alemania Nazi, como en Cuba, como en cualquier régimen
totalitario.
Aquí, como en todos esos
regímenes no existe el principio de separación de poderes, o de equilibrio y
contrapeso de poderes, propio de los sistemas democráticos. Aquí el Parlamento
ni siquiera llega a ser apéndice del ejecutivo (del partido) sino una claque
bienpagá y en cuanto a la justicia no alcanza siquiera a aparentar la severa
categoría del mayordomo de un lord inglés sino que más bien parece un mozo de
cuadras encargado de limpiar los cagajones del establo. También tenemos
ejemplos recientes de ello.
Pretendo hacer llegar al lector,
a modo de postales, nuevas muestras de la iniquidad del régimen, que no sólo le
sorprenderán sino que, sin duda, le dejarán un sentimiento mezcla de hastío y
desasosiego. Comencemos la serie:
La red de agentes anti-rumores, o la opinión ortodoxa.
Los hechos: la Junta ha creado
una red de agentes anti-rumores “para
detectar rumores y/o prejuicios, investigarlos y hacer propuestas directas de
intervención que afecten a la población inmigrante o que se puedan dar entre
personas de diferentes nacionalidades y/o etnias”.
Lo que no dice es quienes serán
esos agentes. Quien los seleccionará. Con qué criterios. Quienes serán los
investigadores. Quienes los proponentes y ejecutores. Y quien los pagará.
Perdone el lector este desliz, sobraba la última cuestión: es lo único que
siempre está claro en lo que hace la Junta, los paganos seremos usted y yo.
Como siempre.
Analicemos el asunto. Sólo
concibo dos hipótesis respecto a la naturaleza jurídica de los rumores: Una,
que de algún modo sean ilícitos; bien porque constituyan delito, bien porque
sin llegar a serlo lesionen la honorabilidad de las personas. Y, dos, que no
sean ilícitos en modo alguno; o sea, que constituyan una opinión lícita,
amparada, por tanto, por la libertad de pensamiento y de expresión.
Pues bien, si se trata de lo
primero, en una sociedad democrática para prevenir y perseguir delitos está la
policía. Aquí, por cierto, a falta de una tenemos cuatro policías. Y para
perseguir lesiones e intromisiones ilegítimas en la honorabilidad de las
personas, nuestro ordenamiento jurídico democrático pone a disposición de los
ciudadanos diversos instrumentos jurídicos protectores o reparadores.
Entonces, si los agentes
anti-rumores no están legitimados legalmente para actuar en tales supuestos -so
pena de incurrir en delito-, sólo cabe una opción: el régimen los ha instituido
para controlar y perseguir las legítimas opiniones de los ciudadanos que no se
acomoden a la ortodoxia ideológica.
Necesariamente Orwell viene a
nuestra mente: Garantizar que todas las
opiniones están de acuerdo con el punto de vista ortodoxo es tan importante
para la estabilidad del régimen como la represión.
Y en verdad de eso se trata y a
ese fin sirve esta red de orejas y delatores: la estabilidad del régimen
mediante la propaganda, la mixtificación de la realidad, el adoctrinamiento, la
acción para modelar conciencias. A todo esto el régimen, en su neolengua, lo
llama “efecto concienciador”, en la
lengua de los hombres antiguos se llamaba lavado de cerebro. En definitiva, se
trata de controlar, perseguir y estigmatizar la opinión inconveniente, la
heterodoxa, y sustituirla por la que prescribe la doctrina del pensamiento
único. Esto en la neolengua del régimen se define como “deconstruir para construir ciudadanía”; en román paladino (con el
que suele el pueblo hablar a su vecino) se llama ingeniería social.
También persigue el régimen con
esto ampliar su tejido clientelar entre la población inmigrante mediante la
compra de voluntades, mediante la creación de adeptos a su causa, subvención
mediante.
En una democracia, si se diera
este caso, cosa improbable, la fiscalía actuaría en defensa de la libertad y
los derechos de la ciudadanía. Aquí, donde precisamente el promotor de la
totalitaria idea es “el fiscal que no amaba a la justicia”, el “notorio
detractor”, el Nota, no podemos esperar que eso ocurra.
Por cierto, conviene recordar que
todo esto sucede con el beneplácito del partido Ciudadanos. Partido que puede
incluir en su ideario su condición neototalitaria; adquirida por impregnación o
contagio. Continuará.
Max Estrella, cesante de
hombre libre
Octubre, 2015
