Quienes vivieron la transición recordaran que los
más reacios al cambio entre los franquistas fueron bautizados –con justicia-
como inmovilistas. Así, se hablaba entonces –con justo rigor, pues el DRAE define
el inmovilismo como la tendencia a
mantener sin cambios una situación política, social, económica o ideológica-
del inmovilismo como uno de los grandes
obstáculos para la democratización del país.
Para no contradecir a Marx, que afirmó que la
Historia se repite primero como tragedia y después como farsa, debemos ahora
los andaluces padecer como farsa (la farsa de
Ródope de Triana) el inmovilismo del régimen socialista que nos pastorea.
Realmente nada cambia (a mejor) en este régimen
inicuo. Después de 35 años, aquí nada cambia. San Parménides, patrón del
régimen andaluz. Mil veces hemos escrito sobre las “virtudes” que lo
caracterizan: el populismo antisocial, la demagogia, el cinismo, el
clientelismo, el nepotismo, el rencor, la confrontación social, el revanchismo,
la represión… Tenemos un menú degustación en el proyecto de ley de presupuestos
que han enviado al Parlamento. Veamos:
POPULISMO ANTISOCIAL: La Exposición de Motivos del
proyecto describe una situación económica en Andalucía que nada tendría que envidiar
a la feliz y próspera Arcadia. Semos lo mejón. Europa nos envidia (con perdón).
Pues bien, en este paraíso la Junta mantiene para el año próximo una
congelación salarial a sus 250.000 empleados. Octavo año triunfal de recortes -¡anatema!-
(perdón, ya sé que en Andalucía no ha habido recortes; quise decir “aplicación
temporal, pasajera, leve y transitoria de medidas para estabilizar la coyuntura
en beneficio de los andaluces y las andaluzas y corregir las pérfidas
disposiciones del diabólico gobierno de la derecha”). Pues eso, después del
zapaterazo de 2010 (pues no ha de olvidarse que fue el socialista Zapatero el
que bajó los sueldo de los empleados públicos y las pensiones de los
pensionistas –único caso en la historia
patria; puro socialismo español, mú de izquierdas-) que nos llevó a los niveles
salariales del año 2005, seguimos como entonces. El progresista y social gobierno
susanista no devuelve a sus empleados ni un céntimo de lo expoliado. Aunque,
como dicen, Andalucía esté mejor que Europa.
DEMAGOGIA Y CINISMO: No sólo no han devuelto lo que
ya en todo el Estado han recuperado los demás: la paga extra de 2012 y los días
de vacaciones, sino que ofenden descaradamente la inteligencia de sus súbditos
(sí, súbditos; aquí no hay ciudadanos). Se atreven a decir lo siguiente:
“Continuando con el proceso ya iniciado de recuperación de los derechos
suspendidos por la Ley 3/2012… SÓLO se mantendrán las medidas contenidas en los
artículos 6, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21…” etcétera, hasta el 33; es
decir, todas las contenidas en el capítulo III de dicha Ley o, dicho de otro
modo, todas las relativas a los recortes de derechos de los empleados públicos,
a excepción de la prevista en el artículo 25 concerniente a la jornada de trabajo.
Jajajaja, SÓLO… Genial, irresistible Ródope.
CONFRONTACIÓN, SECTARISMO: Respecto a la
restauración de la jornada de 35 horas, establecida por Decreto Ley 5/2016
(violando, por cierto, la Constitución y el Estatuto de Autonomía que atribuyen
el poder legislativo al parlamento) constituye un brindis al sol. Y, lo que es
peor, está dictada sólo con el ánimo de confrontar con el gobierno central. En
el más puro estilo chavista (en honor de don Manuel, que instituyó y practicó
con sin par maestría esta forma de hacer política; por algo era la gran cabeza
del Partido) la Junta no ha tenido escrúpulo alguno en usar a los empleados
públicos como instrumento para la confrontación, lo que, como es natural, les
importa un carajo.
Lo cierto es que
ningún derecho de los arrebatados en virtud de la citada Ley 3/2012 ha sido
restituido en su integridad a los empleados de la Administración andaluza. Ni
siquiera aquéllos que ya han sido objeto de restitución en otras
administraciones públicas, como la paga extra de 2012 o los días adicionales de
vacaciones.
DECISIONISMO TOTALITARIO, CLIENTELISMO Y NEPOTISMO:
El régimen persiste en la práctica generalizada de lo que la doctrina
científica ha dado en llamar la “huída del derecho administrativo”. Es decir,
trasladar a entidades regidas por el derecho privado (aunque su personificación
sea pública) la gestión de los servicios públicos que antes prestaba la
Administración pública a través de sus propios órganos y con sujeción al
derecho administrativo, que garantizaba el control de legalidad, oportunidad y
eficiencia en la actuación administrativa. Esto, aunque a la trianera Ródope se
le llene la boca hablando de “lo público”, es justamente lo contrario: entraña
una privatización de los recursos y de la gestión de los servicios públicos. La
denominada “Administración paralela” sigue engordando en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, a costa y en detrimento de la Administración legítima.
Y no sólo eso, con el cinismo que les caracteriza, bajo
el argumento (excusa) de clarificar la situación de los directivos de los numerosos
chiringuitos de la administración paralela, se atreven (verdaderamente son
geniales en sus inventos) a establecer un sistema dual (bicéfalo) de dirección:
“máximos directivos” y “directivos profesionales”. Este dualismo es revelador de
un concepto patrimonialista de la Administración. Los titulares de cualquier
órgano de la administración, sea de la Administración general o de sus
entidades instrumentales, desempeñan una función profesional. Su selección he
de regirse necesariamente por los criterios de mérito y capacidad; es decir, de
competencia técnica. Y su desempeño ha de obedecer al único criterio de servir
con objetividad los intereses generales (que por cierto es lo que dice la ley,
aunque no lo cumplan; ni tampoco los jueces les obliguen a hacerlo).
El modelo que el
régimen pretende imponer –además de técnicamente indefinido y opaco,
favorecedor del decisionismo; pues, ya se sabe que a río revuelto…- remite a la
idea de “directivos políticos” y “directivos profesionales”. Remite, como hemos
dicho, a un concepto patrimonialista de la administración en el que el partido
gobernante se garantiza y se arroga el derecho a designar a una especie de
“comisarios políticos” en las entidades instrumentales (“máximos directivos” se
designan en la Exposición de Motivos), que supervisan y dirigen la labor de los
“directivos profesionales”
Totalitarismo
puro, que no tiene cabida (en la teoría, que sí en la praxis, como vemos y
padecemos) en un modelo constitucional como el nuestro.
En suma, el régimen da una vuelta de tuerca en su
joya de la corona (que no es la sanidad prehistórica -76 millones de años de
antigüedad-) sino la administración paralela; y aquilata un sistema que fomenta
el totalitario decisionismo político, la opacidad, el oscurantismo, el
clientelismo y el nepotismo y que, obviamente, resulta contrario a la justicia,
la racionalidad jurídica, la objetividad y la transparencia.
REVANCHISMO, REPRESIÓN, REPRESALIAS, DEPURACIÓN:
esto no viene en el proyecto de ley de presupuestos, es la práctica cotidiana
de un régimen corrupto e ineficaz. Es lo que sucede entre las bambalinas de
esta grotesca, pero trágica, representación; y que, obviamente, el público no
ve. Pero debe saber; no quedará la cosa porque callemos.
Este régimen es brutal, despiadado, cruel e
implacable con todo aquél que no se pliega a sus trapicheos. Y más aún, si amén
de no plegarte, denuncias su corrupción. Yo sé muy bien de lo que hablo. “Es
que no te doblegas” -me decían- “Esto podría perjudicarte; no escribas tanto,
que es malo para tu salud; o escribe novelas...” Y, porque lo sé y lo he
padecido y lo padezco, puedo hablar y no me callarán.
Ser competente en esta Administración de directivos
inútiles y servilones es un baldón; ser íntegro y honrado en una charca pútrida
un pecado imperdonable. Un régimen tan corrompido no tolera ninguna forma de
virtud.
Del mismo modo que en el cuarteto de Schubert “La
muerte y la doncella” la Muerte trata de seducir a su víctima primero con
halagos, con sugerencias luego y con insinuaciones y perífrasis y, por último,
con abiertas amenazas, así actúa el régimen con los funcionarios que osan defender
el interés general antes que el del partido (“el interés general de mi Partido”,
Chaves –don Manuel- dixit) y obedecer la ley antes que al déspota.
Ahora le ha tocado el turno a un amigo (Luis,
permíteme que así te llame). Hombre íntegro, inteligente, competente y buena
persona. Por eso, amigo; si no fuera así no lo sería. Luchador incansable
contra la corrupción, ha elegido servir a sus principios antes que a sus
conveniencias; ser fiel a su conciencia antes que a su interés. Sigan su
ejemplo algunos.
Claro que este estado de cosas no sería posible sin
la colaboración necesaria de quien ahora lo sostiene y calla: el partido Ciudadanos.
Tomen nota.
Noviembre, 2016.
Vaya por delante que no tengo nada en
contra de la homosexualidad, ¡faltaría más! Como amante de la libertad, creo
que cada persona debe ser dueña absoluta de su vida –máxime en lo concerniente
a lo más íntimo-, sin más límites que el respeto a la libertad de los demás. A
lo que me opongo es, precisamente, a lo contrario. A los ataques a la libertad,
al adoctrinamiento y a la mentira; al todopoderoso –y muy millonariamente
subvencionado- lobby LGBT que promueve rabiosamente la persecución de la
libertad de expresión y de conciencia de cualquiera que ose cuestionar su
dogma.
