Empiezo
a preguntarme cuántosnecios
hacen falta para componeresta
palabra: mis conciudadanos.(H.
de Balzac, Las ilusiones perdidas)
Leo esta mañana en los papeles -no diré que con estupor, pues ya nada sorprende en este estercolero pútrido en que se ha convertido la res pública, tras cinco años de un Gobierno avezado en infamias y docto en tropelías-, que el Psoe y Sumar ‘prestarán’ diputados a los independentistas catalanes para que puedan constituir grupo parlamentario propio, ya que por sus resultados en las urnas estos no alcanzan a cumplir los requisitos legales para su constitución. Según informan los medios, la operación consistiría en que un número determinado de diputados del Psoe y Sumar -los precisos para aparentar que, sumados a los de ERC o JxC, cumplen las exigencias legales- manifestarían su voluntad de que, a pesar de haber concurrido a las elecciones en las listas socialistas o comunistas, y haber sido elegidos por un electorado que creía votar a tales partidos, desean pertenecer, respectivamente, según el caso, a los grupos parlamentarios de ERC o JxC, porque, como le ocurrió a Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco, han padecido una epifanía que les ha hecho ver que su verdadero sitio está, no entre los de su partido, sino entre los independentistas catalanes. Fenómenos de esta naturaleza, y aún más extraños y extraordinarios, son cosa común en la política patria; ni siquiera son cosa exclusiva de la política sino de nuestra liviana idiosincrasia o, tal vez, de la condición humana. ¿A qué extrañarse, pues?
Una vez conseguido dicho objetivo, es decir, constituir sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados ‘prestados’ abjurarían solemnemente de su ataque de heterodoxia, y volverían mansa y humildemente compungidos al redil de sus originarios partidos, de los que nunca debieron apartarse. Sin consecuencias para ellos o, incluso, con una anotación meritoria en su expediente partidario y, tal vez, ¿quién sabe?, con un reparador óbolo, que compense privadamente el descrédito público de su falsía, aunque esta haya sido tan breve y corregida de tan buen grado.
Es decir, todo se trata de fingimiento y apariencia para burlar los preceptos legales, que, con criterios objetivos y aritméticos, impedirían a esos partidos independentistas catalanes formar grupos parlamentarios propios, y, de rebote, la continuidad del déspota en la Moncloa.
Esto tiene un nombre en derecho: Fraude de ley. Es decir, mediante conductas o actos aparentemente lícitos, obtener un resultado contrario a lo previsto y dispuesto en las leyes. O sea, burlar lo establecido en la ley mediante una triquiñuela de apariencia legal.
Tanto en el derecho civil como en el derecho administrativo, que regula todos los procedimientos públicos, cualquier acto o cualquier negocio jurídico realizado en fraude de ley es nulo de pleno derecho. Eso significa que se tiene por no realizado y, consecuentemente, incapacitado o impedido para producir efectos jurídicos de cualquier clase y naturaleza. Como si jamás se hubiese producido tal acto o negocio. Cualquiera que tenga una elemental idea de derecho, sabe que eso es un dogma sagrado.
Pues bien, eso es lo que tratan de perpetrar Psoe, Sumar, ERC, y JxC; partidos que ya han acreditado sobradamente con actos de peor índole su desprecio a la Constitución, al derecho y a la democracia.
Sin embargo, a mi modo de ver, siendo el asunto, desde la perspectiva política, muy grave, no queda sólo en eso la abyección y vileza de los hechos. Existe un cariz en el tema del que no han hablado los medios, ni los políticos, creo. Y es este: la operación, amén de civil y políticamente antijurídica, es también delictiva. Y lo es porque, desde el momento en que la constitución de un grupo parlamentario lleva aneja la asignación de cuantiosos fondos públicos que, de otro modo, el partido o partidos políticos que lo integran no recibirían, estamos ante un delito de malversación y de fraude. Del mismo modo en que, verbi gratia, el fraccionamiento de contratos públicos (esto es, por ejemplo, que un contrato cuyo importe de adjudicación sería medio millón de euros, se fracciona en contratos de menor importe para poder adjudicarlo arbitrariamente sin licitación pública; como hacía Laura Borrás, lider de JxC, condenada por fraccionar contratos para adjudicarlos a sus amigos), ese fraccionamiento, digo, para eludir la competencia está considerado delito; pues así, de igual manera, este baile indecente de diputados constituye un fraude a las arcas públicas. Mediante la apariencia, ya descrita, los partidos beneficiarios del grupo parlamentario obtienen para sí y sus diputados unos ingresos económicos que no obtendrían de respetarse escrupulosamente lo dispuesto en las disposiciones legales. Sobra decir que esos dineros salen de nuestros bolsillos, digo, de los que sostenemos y pagamos este tinglado con el fruto de nuestro trabajo. Los responsables penales de tales delitos son, obviamente, todos aquellos que, de una u otra forma, participan en los hechos delictivos y hacen posible que el delito se consume. Es decir, autores, inductores, colaboradores necesarios, cómplices, o sea, aquellos que pudiendo y estando en sus manos impedir la comisión del delito lo consienten sin embargo, y silentes encubridores.
Nada pasará, no obstante. Lo sé. Sé dónde vivo, estamos en España. Aquí, ya sabemos, la corrupción y la vileza se coronan y recompensan. La Unión Europea, metomentodo, que si te tiras un pedo dirá que te estás cargando el planeta, no dirá ni mú en todo esto, por supuesto.
El botín, como ya he dicho, saldrá de nuestros bolsillos; trabajadores y pensionistas, mayormente. Sólo se impone a la indignación e impotencia que me produce que me roben con tanta impunidad y descaro un hecho, que me arranca una mueca cercana a la carcajada: muchos de esos que pagarán la fiesta son los que han votado a los ladrones. Sarna con gusto no pica, dice el refranero; que disfruten, pues, lo votado.
Infernal agosto de 2023
