LECCIONES DE MARXISMO EN LA TABERNA

No sé por qué caprichoso mecanismo de la memoria me asaltan recurrentes en estos días de encarcelamiento los recuerdos de aquel tiempo de juventud, ya tan lejano, en el que hacíamos la revolución principalmente en los bares. Tal vez el nexo freudiano sea ese: el encarcelamiento; porque, a la postre, estas frivolidades que, desde nuestra actual perspectiva de despreocupados ciudadanos occidentales del siglo XXI, inducen más a la risa que a otra cosa, en los grises tiempos del franquismo podían provocar la forzada comparecencia ante el temido Tribunal de Orden Público y dar con los huesos en la cárcel con penas de hasta doce años. Ninguna broma, pues.

Hablo de los primeros años de la década de los 70. En mi pueblo la nómina de declarados opositores al franquismo no excedía en esos años (insisto: en esos años. Es importante la apostilla porque ya hemos visto que el número de antifranquistas creció exponencialmente en este país a partir de la muerte de Franco) de la docena o docena y media. Casi todos éramos comunistas, militantes del PCE la mayoría y algunos otros de los partidos escindidos de éste por la izquierda; ninguno del PSOE, por supuesto. Aunque no hacíamos ascos a otros locales, la sede revolucionaria radicaba en un pequeño bar, lindante con una iglesia, cuyo párroco era asiduo feligrés del establecimiento -aunque por distintas razones a las nuestras, pues no era nada sospechoso de heterodoxia política- y al que, por su facha altiva y ademán soberbio, cual legionario desfilando, apodábamos Miracielos.

Frecuentábamos el establecimiento con puntillosa asiduidad los desocupados, esto es, los que éramos estudiantes y dos albañiles condenados continuamente al paro por causa de sus peligrosas ideas. Los veo a éstos con nitidez, a Luís y Francisco, eran como personajes salidos de una novela de Juan José Saer. Luís cercano a la cincuentena, Francisco, tal vez, pasando los sesenta. Los dos del PCE, los más antiguos. No eran, por supuesto, intelectuales. Ni leían a Marx, ni a Lenin, ni a Gramsci, ni a Marcuse. Sencillamente no leían. Ni sabían nada de materialismo histórico ni de dialéctica hegeliana, ni de esa jerga revolucionaria y pseudointelectual que nos oían a veces a los estudiantes,  y que los podemitas de hoy siguen usando. Más aún, por tal razón incurrían frecuentemente en herético desviacionismo político, que era corregido de inmediato por el comisario político -guardián de la ortodoxia estalinista-, un psiquiatra forastero destinado temporalmente en el pueblo o, tal vez, enviado ex profeso por el Partido para meter las cabras en el corral. Pues es lo cierto que Luis y Francisco -sobre todo Francisco, ya que Luis era más reservado y cauteloso-, pese a sus carencias de teoría marxista, eran dados a impartir doctrina, no solo a los jóvenes estudiantes que los escuchábamos con arrobamiento y admiración, sino al mismísimo párroco y a los parroquianos. Así se explica que, ayunos de teoría marxista pero hartos de pesares y miseria, predicaran cierto día su particular teoría sobre el origen de la explotación que, contra lo que sostenía Marx, no tenía su fundamento en la famosa plusvalía sino en un malentendido.

Decía Francisco, muy solemne: “El Señor, cuando se iba a ir pa los cielos, reunió a todos sus discípulos pa despedirse y, dirigiéndose en particular a los ricos, les dijo: Ahí sus los encomiendo, refiriéndose a musotros los pobres, pa que mus cuidaran. Pero los ricos entendieron mal lo que dijo. Los ricos entendieron: A írsulos comiendo, y desde entonces mus están chupando la sangre.”

Esta grave desviación del canon marxista le costó al pobre Francisco una severa amonestación del camarada psiquiatra. ¡Pobre hombre!

En fin, como dijo el gangoso y sentencioso vigía nubio del barco de los piratas de Astérix, citando a Cicerón: ¡O tempo’a! ¡O mo’es!

Negro mayo de 2020

EL NUEVO RÉGIMEN Y LAS BRIGADAS DE LA NN

Se cumplen dos años de gobierno del Doctor Fraude -también conocido por El Fraudillo o por Lázaro Estornudo- y esto emana ya un repugnante hedor a podredumbre. Dos años le han bastado para que su mandato empiece a parecerse mucho a un régimen, un régimen neototalitario –algunos le llaman dictadura constitucional-; digo neototalitario, porque se prescinde de ciertas características de los totalitarismos –como el partido único- que quedan moduladas sin que, sin embargo, se modifique la sustancia y los fines de estos: la liquidación de la separación de poderes y la sumisión de forma directa o indirecta de los poderes del Estado al Gobierno; la voladura del Estado de Derecho y del principio de Supremacía de la Ley, y su sustitución por un modo de actuación en el que prima el sometimiento y control, directa o indirectamente, de jueces y tribunales, la inseguridad jurídica y la voluntad del Líder como fuente primigenia del derecho; la amortiguación de los derechos, libertades y garantías constitucionales, especialmente la libertad de expresión, unida al control de los medios de comunicación; la estigmatización social de cualquier tipo de disidencia, personal o partidista, y el acoso y persecución de sus autores; y, por último, el establecimiento de mecanismos de perpetuación en el poder, como el fraude electoral –en sus preparativos (CIS/PSOE-Tezanos), en su desarrollo (la JEC multó a Sánchez y Celaa por violación de la neutralidad) y en sus resultados (utilización del denominado ‘método abreviado’, en lugar de las actas de escrutinio de las mesas electorales)- y la corrupción del cuerpo social, mediante la generación de una sociedad subsidiada (como dijo Plutarco en Coriolano: parece que tenía toda la razón el que dijo que el primero que arruinó la soberanía del pueblo fue el que primero le obsequió con banquetes y reparticiones de dinero, o, en palabras de Roa Bastos: lo que se trata es de reblandecer la sociedad para convertirla en una ramera complaciente.)

En ese caldo de cultivo no resulta nada extraño que los jueces con ambiciones y sin escrúpulos pretendan con sus sentencias agradar a los que mandan. Más aún si sólo son jueces sustitutos y aspiran a la estabilidad en su función jurisdiccional. Y creo que sólo así se explicaría que una jueza sustituta –amonestada previamente por el TSJA por su mala actuación y dejadez- haya condenado a dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos al exempleado de la UGT que destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en que este sindicato socialista ha estado pringado. Esta jueza hace honor al aforismo de Juvenal: perdona a los cuervos y humilla a las palomas, y pone meridianamente de manifiesto que para este nuevo régimen (la Fiscalía, o sea, el Gobierno, más feroz aún que la jueza contra el denunciante de la corrupción socialista) el objetivo de los tribunales no consiste ni de lejos en administrar Justicia, sino en el apoyo a los intereses creados, al orden existente de las cosas, ventajoso para la casta gobernante, por usar las palabras de Tolstoi.

De aplicar las retorcidas tesis que fundamentan esa infame sentencia, Al Capone jamás hubiese sido condenado, Urdangarín estaría en la calle y el contable Carlos Van Showen, destapador del caso Filesa, en la cárcel. La excusa: la protección de la intimidad documental de la organización (presuntamente) corrupta. Daría risa, si no fuese tan grave el asunto, que eso se produzca justamente ahora, cuando el Gobierno está tramitando una modificación legislativa no solo para abolir el secreto profesional de los asesores fiscales (muchos de ellos abogados; por tanto, abolir confidencialidad abogado-cliente) sino convertirlos en obligados confidentes de la Administración. Y, aún más escandaloso, delatores no ya de delitos o de proyectos delictivos sino de -usando la arbitraria, por contraria a la seguridad jurídica, expresión de La Chiqui, la ministra sanchista- una ‘planificación fiscal agresiva’.

Luego están los otros, los de la brigada policial de la NN, comandados por el reichsminister Marlaska y su cohorte de reichskommissare, violando, mediante la monitorización de las redes sociales, eso tan preciado para ellos, cuando se trata de intimidar a los denunciantes de la corrupción política, como es la intimidad; censurando la legítima crítica ciudadana al Gobierno y atemorizando y amenazando y multando a los ciudadanos que portan orgullosos los símbolos del Estado, como  su bandera, o coartando su derecho a deambular libremente por los espacios públicos. Se ha llegado al hecho escandaloso de que desde el propio Gobierno, a través de su vicepresidente segundo -el del ‘jarabe democrático’, el que dijo que la policía no protege a la gente, sino que son matones al servicio de los ricos, y que no protegen a la gente sino a la gentuza- se use a la Guardia Civil para resguardarse de la pacífica indignación ciudadana contra su persona, como si se tratara de su guardia pretoriana; qué razón tenía con lo de proteger a la gentuza. Y, en el colmo del delirio totalitario, este déspota vicepresidente del Gobierno, emulando el matonismo de sus admirados Chaves y Maduro, azuza a la chusma violenta de su secta contra los ciudadanos que ejercen pacíficamente sus derechos constitucionales y contra los periodistas y los dirigentes de los partidos políticos que no se someten a sus dictados.

Es inaceptable, aunque pueda resultar comprensible, que los miembros de los cuerpos policiales, sus mandos intermedios y el conjunto de policías y guardias civiles de los cuerpos y escalas básicas, acepten mansamente –salvo honrosas excepciones- el cumplimiento de órdenes manifiestamente inconstitucionales. La obediencia debida no puede ser pretexto o justificación de actuaciones policiales contra los derechos de la ciudadanía. Decía Eduardo Mendoza en una de sus novelas que “una de las grandes desgracias de las personas honradas es que son cobardes. Gimen, se callan, cenan y se olvidan…” Eso está pasando con nuestros cuerpos policiales, y ojalá llegara a hacerse realidad el temor que manifestaba ante su banda uno de los gánster de la película La jungla de asfalto: “…la experiencia demuestra que no se puede confiar en la policía, cuando menos te lo esperas se ponen de parte de la Ley.”

Ojalá, digo, porque si eso no sucede mutaran en policía de partido y los ciudadanos en presos sin cárcel, como dijo R. Kipling.

No caben medias tintas ante un Gobierno despótico.

Negro mayo de 2020

MEMENTO

Un mensaje de guasap me da noticia del hecho luctuoso. Julio ha muerto. El país pierde a un buen hombre. Es verdad que como político Julio Anguita era lo que se dice un verso suelto dentro del comunismo y de la clase política. No he conocido a nadie –y he conocido a muchos- que siendo comunista no fuese un sectario irracional. Yo mismo lo fui. Nos educaban, nos adoctrinaban más bien, para eso: para el furibundo sectarismo. Así, como curiosamente ocurre ahora con este partido sanchista y con Podemos, nada fuera de la secta era aceptable, ni ética ni políticamente. Cualquier opinión disidente del dogma era denostada, cualquier obra fuera de la ortodoxia condenada. De tal modo, nos era vedado, por ejemplo, leer a Aleksandr Solzhenitsyn; qué digo leer, mencionarlo sólo. Y así también sucedía con cualquier cineasta, actor, pensador, etc.; la izquierda tenía, pues, su índice o lista negra no escrita. Era fácil: todo lo que no sirviera a la causa era sospechoso.

Julio no era así. Julio no era ni de lejos un sectario, muy al contrario. Tan sólo en una ocasión -en que nos guiaba a un grupo de amigos en una gira personal por esa Córdoba que tan bien conocía y amaba- cerca de las caballerizas reales, se hizo el sueco cuando no sé cómo salió en la conversación el episodio de Andrés Nin. Fue a lo más que llegó.

Y es que Julio era una persona rigurosa, íntegra, amable dentro de esa gravedad estoica que abunda en el carácter de los cordobeses, inteligente, noble, modesto, respetuoso de las opiniones ajenas, aunque no fuesen las suyas, pero, sobre todo, era una buena persona.

He tenido la fortuna de conocerlo y el placer de tratarlo, era un excelente conversador, culto y leído. También sencillo en sus maneras, campechano; recuerdo cierta vez en la Alpujarra, en una barbacoa, bebiéndose el caldo de la ensalada: “lo mejor de la ensalada es el cardo”. Odiaba el vedetismo de los políticos al uso; “señora que no soy un cómico”, increpaba secamente a las personas que a veces se acercaban a pedirle un autógrafo.

Se hace más negro el luto de España, hoy. Nos ha dejado un gran hombre. Un Grande de España. Descansa en paz Julio. No te olvidaremos.

Negro mayo 2020

LA NUEVA NORMALIDAD

El lenguaje de este Gobierno constituye una prueba más, una evidencia, del delirio totalitario que lo arrebata. Freud y Lacan lo advirtieron: el lapsus, lo metafórico, la simbología, expresan la realidad del pensamiento y de los deseos. La neolengua, como dijo Orwell, de este incipiente régimen liberticida y neototalitario no puede ser más reveladora, e inquietante. Hablan ahora, incluso en el BOE, de la Nueva Normalidad –así con iniciales mayúsculas; otro revelador lapsus-, un oxímoron que pone de manifiesto, por un lado, la reivindicación de la realidad político-social precedente (normalidad: lo habitual y ordinario, lo que se hace, padece o posee con continuación o por hábito, según el significado que nuestra lengua –mediante la RAE y su diccionario- atribuye a tales términos)  al mismo tiempo que, de otro, promueve su rechazo y abolición (nueva: Distinta o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido; Que se percibe o se experimenta por primera vez, según expone el DRAE). Todo muy acorde con lo que en la neolengua se define como doblepensar. Y en consonancia, también, con la concepción y práctica de todos los totalitarismos y sus déspotas: antes de su gobierno, la nada, el vacío; después de él, el caos –ya lo apuntó hace poco el ministro Delcy Ábalos: nosotros o el caos-.

La Historia empieza con ellos: la Nueva Normalidad (NN), se llama.

El Nuevo Régimen, va ofreciéndonos poco a poco indicios de lo que será esta Nueva Normalidad. Veamos algunas de esas señas de identidad:

En primer lugar, el autoritarismo, con tintes cesaristas, plasmado en el manifiesto desprecio al principio de separación de poderes y en el sometimiento de los otros poderes del Estado al poder ejecutivo y, particularmente, a los deseos del líder. Amén del ya clásico  ‘Montesquieu está muerto y enterrao’, pero en esa línea, tenemos el nombramiento de la Fiscal General del Estado (Fiscal General del Régimen), la reforma de la Justicia para que las causas las instruyan los fiscales en lugar de los jueces, es decir, el propio Gobierno, mediante el sencillo mecanismo de controlar –designar y destituir- a la Fiscalía General y, ésta a su vez, a los fiscales mediante el principio de sometimiento jerárquico; o las andanadas a la Justicia de Unidas (Alberto Garzón: “el reaccionario brazo judicial”) Podemos (Pablo Iglesias: “togados de ideología reaccionaria”). En cuanto al Legislativo, aunque hace años que Alfred Groser advirtió que los parlamentos corrigen algunas veces, rara vez rechazan y comúnmente ratifican, este Gobierno autoritario va mucho más lejos y muestra su grosero desprecio a la Institución, y a los ciudadanos a los que representa (¿Usted ha visto un marido que le eche serenatas a su mujer?, dicen que dijo don José Sánchez Guerra, ante la petición de que dirigiera unas palabras a un grupo de sus electores congregados a las puertas del casino de Cabra, por cuya circunscripción era diputado electo), desprecio, digo, intentando, primero, su clausura durante el estado de alarma (mes de marzo, intento fallido) y luego limitando la acción de control y ocultando información esencial a los diputados.

Luego está el menosprecio al Estado de Derecho, al principio de legalidad, a la Constitución y las leyes. Unas cuantas muestras: “Calvo negocia con los grupos una prórroga del estado de alarma de un mes…” (Titular de El País del 12 de mayo; ergo no puede ser mentira); y, por cierto, fruto de su ignorancia o de su vileza para eludir responsabilidades y ‘socializar’ su inepcia y sus desmanes o, tal vez, de ambas cosas, afirmó también que “quien de verdad decreta la alarma cada 15 días no es el Gobierno; el Gobierno la propone, quien la decreta es la sede de la soberanía popular…”, una profesora de Derecho Constitucional que no se sabe la Constitución, cosa imperdonable, aunque no sea catedrática -estatus que sin embargo le atribuyen sus palmeros y que ella no desmiente, ni tampoco NewTrola-; lo cierto es que la Constitución establece meridianamente: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados (…) sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.” Y como ni la Constitución ni la Ley reguladora establecen expresamente la duración de las prórrogas, más allá de decir que la duración será la estrictamente indispensable, se arrogan la potestad de establecer un plazo que la Constitución no contempla, olvidando un principio elemental del Derecho: que la interpretación de las disposiciones y preceptos de excepcionalidad o limitativos de derechos ha de realizarse restrictivamente. De donde se colige que el plazo de la prórroga jamás puede superar el determinado expresamente en la Constitución para su declaración.

En este afán de estar por encima de la ley, o de considerar ley la voluntad del Líder, también cocea el Gobierno el artículo 97 de la Constitución, que le atribuye la potestad reglamentaria. Contra lo que dispone, pues, la Constitución, los ciudadanos nos vemos pastoreados por órdenes ministeriales que nos imponen obligaciones, cargas y gravámenes e, incluso, limitan o modulan el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, como si en vez de ciudadanos fuésemos súbditos o convictos o menores o funcionarios o cualquier otro tipo de persona sujeta a la autoridad ministerial por lo que se denomina en derecho relación de sujeción especial, en virtud de la cual el ministro estaría facultado para darnos órdenes o dictar reglamentos que nos obligaran. Una muestra más de desprecio despótico a la ciudadanía.

Con todo, no es eso lo más grave, lo más grave es el frenético ataque que este infame Gobierno está llevando a cabo contra las libertades y derechos constitucionales de los ciudadanos, en el que participan con abyecto servilismo los jerarcas policiales y los medios de comunicación –públicos y privados- bajo su control.

La relación de desmanes gubernamentales supera manifiestamente lo anecdótico, comenzando por el ilegal arresto domiciliario y toque de queda al que nos tienen sometidos, contraviniendo la letra de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, que expresamente dispone que el derecho reconocido en el artículo 19 de la CE, esto es, el derecho a elegir libremente el lugar de residencia y de circular por el territorio nacional, o libertad deambulatoria, sólo puede ser suspendido en el caso de que el Congreso autorice la declaración de estado de excepción. Sin embargo, el Gobierno, sin haberse declarado el estado de excepción y excediendo las facultades que le otorga la situación jurídica de estado de alarma, decretó la suspensión de la libertad deambulatoria contra lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, cuando ésta solamente le autoriza a limitar tal derecho en horas y lugares determinados, y no en todo el territorio nacional todo el tiempo, esto dice el artículo 11: “…el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.” En la misma línea despótica, hemos visto en un difundido vídeo cómo la policía allanaba sin orden judicial el domicilio de unos ciudadanos, actuación sólo admisible en la situación de estado de excepción para supuestos de investigación de hechos presuntamente delictivos y con una serie de garantías que ni siquiera en el caso que cito se observaron.

Y luego están los reiterados ataques a la libertad de expresión, es decir,  “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, tal como consagra el artículo 20 de la Constitución. El primero que dio el cante fue el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando en rueda de prensa afirmó: “Otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno.”; luego dijo el Gobierno que fue un lapsus. Exacto, un lapsus. A continuación la ministra Celaa aclaró el significado del lapsus: “No podemos aceptar que haya mensajes negativos, en definitiva falsos”. Está claro, pues.

Por otra parte, gracias a las modernas tecnologías de los teléfonos móviles y a las redes sociales, hemos podido conocer cómo las brigadas policiales de la NN, cumpliendo órdenes ilegales de sus mandos profesionales y políticos, impedían a los ciudadanos mostrar símbolos de rechazo o crítica a la gestión del gobierno, incluso aunque estos fueran los símbolos constitucionales del Estado, como son la bandera o el himno, y les obligaban a borrar las grabaciones realizadas, para impedir su difusión en las redes sociales y en los medios de comunicación libres. Es natural que en tales circunstancias no nos sorprenda que el Gobierno -esta vez le tocó el papel de censor al ministro Castell- instigue la censura gubernamental: “Hay que intervenir las redes sociales… si no se intervienen las redes sociales tendremos un problema muy grave.” No han escatimado en tal empeño censor ni la amenaza a los insobornables ni el cohecho a los predispuestos.

Y, por último, caracteriza esta Nueva Normalidad desde sus inicios la opacidad y la mentira. No hay comparecencia del Líder carismático ni programa de ¡Aló presidente! en que el führer de la NN no suelte alguna mentira: desde los famosos test homologados a los rankings o a las felicitaciones internacionales por su gestión. Pero peor es –dado que de un doctor en fraude no puede esperarse otra cosa que mentiras- la opacidad, incluso respecto a los representantes del pueblo soberano, a los que se niega información esencial para el desempeño de su labor parlamentaria. Así, hemos constatado cómo este Gobierno gris y opaco cerraba el Portal de Transparencia, a la vez que cínicamente afirmaba que no estaba cerrado, sino suspendido sin fecha de reapertura. Y en esa línea de ocultar a la ciudadanía y a sus legítimos representantes información relevante –como, por ejemplo, documentos de diferentes instituciones que alertaron sobre la gravedad de la pandemia-, este Gobierno infame, corrupto e incapaz se niega informar sobre la identidad de los contratistas, de los integrantes de comités que ejercen funciones públicas, del número real y naturaleza de los test realizados, y, lo que es muchísimo más grave, del número real de contagiados, de ancianos fallecidos en las residencias de mayores y del número total de fallecidos por causa del coronavirus. Tal es este Gobierno, y un anticipo de lo que nos espera.

¡¡¡Bienvenidos a la Nueva Normalidad!!!

Negro mayo de 2020

DE POLIÉDRICOS Y POLÍGLOTAS

Me remite un amigo la entrevista que Silvia Moreno –periodista decente en tiempos de escasez- hizo para El Mundo a la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco. Disciplinado, por lealtad a nuestra amistad, la leo agalbanado hasta llegar a la pregunta en que la periodista indaga sobre ‘el paradigma de los escándalos y la corrupción’, o sea, la extinta FAFFE, y la situación de su personal, momento en que me invade una mezcla de bochorno y pitorreo ajena en todo caso a la indignación y la sorpresa. Ni irritación ni estupor, digo, porque hace tiempo que calé a estos farsantes, y hace tiempo, también, que alerté al lector sobre ellos en diversas piezas de este blog. Ya advertí entonces que este gobierno consular –el consulado de los Juanmas; dos cónsules esdrújulos, como los empleados de la FAFFE: un cónsul cerúleo y un cónsul lúteo, al modo de la antigua Roma-, en su afán de heredar el régimen liberticida que nos oprimía en lugar de liquidarlo, ha devenido –sin percibirlo- en una mansa collera de bueyes uncidos a la carreta del régimen socialista. Y, en particular respecto a Ciudadanos, los recientes hechos me han dado la razón cuando avisé que Cs confundía la centralidad política con el bisagrismo oportunista carente de principios. Girauta lo ha dicho al darse de baja: “No trabajamos tanto para construir una bisagra.” Y el nefasto Egea ha confirmado en su respuesta a Girauta lo que denunciábamos: “las bisagras abren y cierran puertas…”, o sea, pragmatismo maquiavélico, gato blanco o gato negro, etc.; el fin justifica los medios, en resumen. Así pues, lejos el pasmo y el enojo; más aún, tenía determinado el propósito de no malgastar una gota de tinta más en la crítica de un gobierno de incapaces -incapaces de percibir su inanidad, fatuidad y arrogancia-, que tendrá como galardón a su felonía y falta de principios encontrarse en el paro a las primeras de cambio. No obstante, pienso, las estólidas esdrújulas palabras de la consejera merecen un comentario.

Conviene recordar a la consejera que, desde su creación –a comienzos de 2003-, la historia de la FAFFE ha sido una historia de infamias, despropósitos y escándalos. Un manual de corrupción que no ha dejado ámbito alguno sin mancillar. Fraude y malversación en el objeto fundamental y esencial de su actividad: la gestión de los cursos de formación; fraude y malversación generalizada en la contratación administrativa –bajo investigación judicial en la actualidad-; fraude, malversación, clientelismo y nepotismo en la contratación de personal; y el ignoto destino de decenas de millones de euros (50 millones sólo en los ejercicios de 2009 y 2010) , de los que, según declaración oficial y literal de la Cámara de Cuentas, “no consta justificación alguna …”, pero de los que sí hemos sabido por la prensa que algunos se gastaron en prostíbulos y comilonas.

Se excusa diciendo que esos escándalos son de hace tiempo. Pretendiendo con tan estólido argumento justificar la corrupción paradigmática del buque insignia del régimen socialista. Olvida la consejera que está hablando precisamente de los protagonistas de esa extraordinaria y monstruosa corrupción; de todos aquellos trabajadores muy formados, con un nivel de implicación tremendo y con un conocimiento bestial de la Administración, poliédricos y políglotas, sin cuyo concurso, implicación y pundonor (Rocío dixit) ninguna corrupción hubiese sido posible en el seno de la FAFFE. O sea, sabían perfectamente lo que hacían… y lo hicieron. Y callaron, también. También, por supuesto, dado su conocimiento bestial de la Administración, conocían que su contratación fue fraudulenta e ilegal, desde el punto en que no fue precedida de convocatoria pública a la que pudiera postularse cualquier ciudadano, ni regida por criterios objetivos de capacidad y mérito; es decir, en suma, sin observar, no ya lo dispuesto reiteradamente en leyes y reglamentos, sino lo que determina la Constitución. Frente a lo expuesto -es decir, la falta de constancia de una sola convocatoria ajustada a la ley-, lo que sí consta es que la plantilla de la FAFFE está preñada de parientes -cuñados, primos, sobrinos, hijos, esposas, etc.- y correligionarios (la UGT ostentaba el 100% de la representación sindical, según las actas de los convenios colectivos publicadas en medios oficiales), consulte el lector las hemerotecas si desea conocer la identidad de más de un centenar de poliédricos políglotas parientes de ilustres cargos socialistas, como el actual alcalde de Sevilla, botón de muestra. Silentes cuñados.

Para colmo, no contenta con legitimar la corrupción y a sus  colaboradores necesarios y beneficiarios, insinúa mi Rociito que los van a hacer funcionarios por la mano izquierda (Estamos en conversaciones con Función Pública para integrarlos y que puedan hacer las tareas con total profundidad), es decir, por el turno de bastardía.

Se olvida la consejera de los centenares de miles de andaluces que legítimamente aspiran a ingresar en la Administración en la forma establecida en la Constitución y las leyes: en virtud de su capacidad y méritos y en justa competencia y en condiciones de igualdad respecto a los demás aspirantes. Se olvida también de los miles de funcionarios andaluces que, a diferencia de los empleados de la FAFFE, sí han acreditado en los correspondientes procedimientos públicos de selección sus capacidades y méritos. Y que, al contrario de los empleados de la FAFFE, sí que han demostrado su conocimiento de la Administración, su buen hacer y su compromiso, implicación, pundonor y lealtad, sirviendo con profesionalidad y objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, tal como la Constitución determina. Ominoso silencio el que esta aleve y pérfida consejera les dedica.

No, Rocío, capullito florecío, el tiempo no puede ser bálsamo reparador de tanta infamia. Menos aún si su transcurso ha servido para beneficio de unos y menoscabo y quebranto de muchos. Volvéis en este asunto a hacer algo para lo que habéis acreditado maestría en tantos otros: agraviar a los que ingenuamente confiaron en vosotros. Escarnecer a las víctimas de la corrupción y galardonar a los corruptos y beneficiarios. No concibo mayor felonía y vileza. Entiendo que los funcionarios más capaces y honrados abandonaran la Consejería a las primeras de cambio, empezando por la anterior viceconsejera.

Actuar contra la ley no debe, en ningún caso ni circunstancia y sin excepción alguna, resultar rentable a quien lo hace y a quien se beneficia. No pueden derivarse beneficios de ningún tipo para quienes actuando contra la Constitución y las leyes causaron un perjuicio notable y evidente a la ciudadanía.

Aunque sé que toda exhortación ética resulta superflua para quien tiene la conciencia encallecida, conviene recordar a la consejera aquello que, bajo el solemne y rimbombante epígrafe de “MEDIDAS DE DESARROLLO Y PROSPERIDAD PARA UN NUEVO GOBIERNO EN ANDALUCÍA”, firmaron los dos cónsules al inicio de su mandato:

“I. REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL

I.3. DESMONTAR LA “ADMINISTRACIÓN PARALELA” Y RACIONALIZAR EL GASTO

10.- Aprobaremos un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la “Administración paralela” con el doble objetivo de eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción…”

Pues eso, en lugar de tanta condescendencia y transigencia con la corrupción y tanta complacencia con quienes la hicieron posible y se beneficiaron de ello, cumplan lo que prometieron a la ciudadanía, o váyanse.

Negro mayo de 2020