Vivo con estupor lo que está sucediendo estos días con el PP. Mi asombro mira, como Jano, para lados opuestos. Por un lado, en lo que concierne al PP, no alcanzo a concebir cómo se puede ser tan estúpido; no comprendo esa pulsión suicida que, por regla general, los domina, mande quien mande. La indolencia que los caracteriza en su labor de oposición sólo se ve refutada cuando se trata de militar contra sí mismos, contra los de su propia especie.
Por otro
lado, me conmueve la actitud del PSOE –y su escuadrón mediático- que con
grandes aspavientos se rasgan farisaicamente las vestiduras. Dejando aparte el
hecho de que un político honrado es un oxímoron, olvidan los del PSOE que son
ellos, precisamente, los inventores del tráfico de influencias moderno –simple
o cohechado-. Desde que llegaron al poder en el año 1982, han dado lecciones
magistrales sobre la materia. Valgan algunos botones de muestra, empezando por
los fundadores: F. González y A. Guerra. El cuñado de Felipe González hizo su
fortuna como contratista de los gobiernos socialistas, sobre todo con ocasión
de la Expo 92 y la construcción de la
autovía; contratista chungo, por más señas, y si no permítame el lector
que recuerde un episodio que resulta más propio de una película de Torrente que
de los anales de la contratación administrativa. El ministerio de Justicia
licitó las obras de herrería de la cárcel de Sevilla, que adjudicó a la empresa
Dragados, esta la subcontrató a Talleres Palomino -¡Oh, casualidad!-. Sucedió
que la endeblez de los barrotes era tal que dos presos los rompieron con
facilidad y se fugaron. El Partido Andalucista, entonces mandado por Pachecho,
denunció los hechos; Pacheco, al que no se le puede negar gracia como
sentenciador, calificó las obras como ‘especie
de casita de chocolate’. Palomino se querelló, el Tribunal Supremo
desestimó la querella y afirmó, además, que el querellante no cuestionó la
veracidad de los hechos. El ministro de Justicia tampoco los negó, aunque le
restó importancia. Fuentes penitenciarias confirmaron que el herraje de las
celdas tuvo que ser renovado años después, pero las rejas por las que huyeron
los delincuentes no llegaron a ser renovadas, eran las que puso Palomino. Nada
de todo esto irritó la sutil sensibilidad de la Fiscalía.
Del otro
-A. Guerra-, quién no conoce a su famoso henmano Juan, que fue un adelantado en esto del
tráfico de influencias; y que, para más inri o desvergüenza, ejercía su labor
de comisionista en una oficina pública del Gobierno, sin ser funcionario ni
desempeñar cargo alguno en la Administración Pública.
Estos
fueron los primeros, luego vinieron Rafael Escuredo –ese al que cantó Carlos
Cano: “…me han dicho que ha puesto en
Madrid un despacho de mucho postín. ¡Colócanos, colócanos, ay, por tu madre,
colócanos…!”; y del que un cuñado suyo me dijo en cierta ocasión, no sé si
admirado o escandalizado: “Ver a mi
cuñado cuesta 200.000 pesetas; sólo verlo”, y Chaves, el clan Chaves, un
clásico. El bueno de Manolo (como lo
llamaba Carmen Calvo antes de soltar lastre y referirse a él como el ciudadano Chaves) presidiendo el
Consejo de Gobierno, sin ausentarse ni abstenerse, otorgó una subvención de 10
millones de euros a la empresa Matsa, de la que su hija era apoderada –siendo
tan jovencita-. Y quién no conoce también a Ivancito Chaves, el comisionista
por antonomasia, que dejó a Juan Guerra a la altura del betún; por cierto, con
ciertos socios en determinados proyectos urbanísticos, también socialistas de
pro y muy conocidos; vean lo que decía El Mundo: “Varios representantes del terrateniente, encabezados por al catedrático
de Derecho Constitucional y abogado Javier Pérez Royo (también vinculado
contractualmente a Iván Chaves a través del Estudio Jurídico Itálica, al igual
que Amparo Rubiales, otra amiga íntima del ex presidente de la Junta e
histórica dirigente socialista), se presentaron el 1 de marzo de 2006 en el
Ayuntamiento de Riotinto para explicar las líneas generales de su proyecto.”
No se engañe el lector, no se trataba de tráfico de influencias sino de intermediación filantrópica. Tampoco
quedaron atrás los hermanos y sobrinos Chaves. Recuerden lo que decía El Mundo:
“Climo
Cubierta, el otro negocio del clan. El caso Climo Cubierta, destapado por EL
MUNDO en verano de 2006, se refiere al posible trato de favor o uso de
información privilegiada del que pudo beneficiarse Antonio José Chaves, el
hermano mayor del actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves,
mediante las adjudicaciones de un tercer hermano, Leonardo, desde una dirección
general de la Junta de Andalucía. En ese escándalo aparecen también dos
sobrinos carnales del también presidente del PSOE y ex presidente de la Junta.” Eso explica al
visitante que muchos pueblecitos de Andalucía, en el que sólo viven jubilados,
tenga su pabellón deportivo; programado y establecido por un Chaves y
construido y cobrado por otro. Todo quedaba en casa.
Y qué
decir de la legión de esposas, primos y cuñaos
colocados en las agencias de la Junta, o de la hija de la Consejera de Cultura
y Ministra de Cultura doña Carmen Calvo, colocada en una Institución
gubernamental dependiente del ministerio de mami, ¿no hubo ninguna llamadita de
alguien a alguien?
Y,
ciñéndonos a la rabiosa actualidad,
para no hacer interminable esta pieza, qué hay del marido de la directora
general de la Guardia Civil, la socialista María Gámez; vean, para muestra, un
titular del ABC de estos días: “El marido
de la directora de la Guardia Civil cobró de empresas que captaron ayudas de la
Junta de Andalucía. Juan Carlos Martínez ingresó 128.880 euros de Rovi, que
recibió 7 millones de la agencia donde era directivo su hermano, según la
Policía.” O el marido de la ministra Teresa Ribera –otro Bacigalupo, de
tal palo
tal astilla-, titula El Mundo: “El
marido de Teresa Ribera seguirá otro año supervisando en la CNMC la regulación
de su esposa”; algo parecido a lo que sucede con el marido de la
vicepresidenta Calviño: Ignacio Manrique de Lara ejerce como “agente
digitalizador adherido" de Beedigital, una empresa dedicada a gestionar
fondos europeos a pequeñas y medianas empresas (pymes) directamente con el
Ministerio de Asuntos Económicos que dirige su mujer, Nadia Calviño.
Y, como
guinda del pastel, no podía faltar, entre tanto granuja, el presidente del
Gobierno, el Mentiroso, cuyo padre (o su empresa, da igual) recibió 701.741,22
euros en ayudas públicas, y pasó de facturar cero euros a cifras millonarias
tras llegar su hijo a la Moncloa, según publica la prensa no apesebrada. ¿Corrió
el PSOE a denunciar este hecho a la Fiscalía, para hacer honor a la verdad y
limpiar de toda sospecha el nombre de la familia Sánchez?
En suma,
podríamos seguir con esta larga e inagotable lista de granujas impunes; cuyas
tropelías no han alcanzado siquiera la categoría de escándalos. Tanta impunidad
tiene mérito, y hay que otorgárselo no sólo al Partido Socialista, sino también
a los medios de comunicación que callan o manipulan o minimizan y, cómo no,
también a esa ciudadanía tan dispuesta a comprender y perdonar las corruptelas
de los suyos.
Por eso,
ante la desvergonzada y desmemoriada y cínica reacción del PSOE y del Gobierno
ante esta crisis, aprovechando para agitar el fantasma de la corrupción en el
PP y de paso desviar la atención de sus propias corruptelas e incompetencia, no
he podido dejar de ver en Sánchez la cara del seor Chapeleto, aquel canalla del
Decamerón que, habiendo sido en vida la propia representación de la maldad,
murió en loor de santidad gracias a las mentiras que contó a su confesor en el
lecho de muerte y que éste (como hoy los medios de comunicación al servicio del
sanchismo) logró hacer creer al pueblo (como el de ahora, crédulo y bien
dispuesto), tomándolo por lo contrario de lo que en realidad era.
Aquí nada
cambia, ni siquiera la podredumbre avanza,
como dijo un personaje de Blade Runner.
Febrero de 2022
