El
pasado mes de mayo, Libertad Digital publicó fragmentos de una entrevista que
el periodista de dicho medio, Pedro de Tena, realizó al presidente del
Sindicato Andaluz de Funcionarios, Carlos Ezequiel Sánchez Morales, y a un
servidor. En lo que a mí concierne, publico aquí la entrevista en su
integridad; que, dada su extensión, el citado medio, por razones de disponibilidad
de espacio, supongo, solo publicó fragmentariamente. Ahí queda:
1.- ¿Cuándo se encendieron las alarmas por lo que el PSOE perpetraba
en la administración pública desde antes de 1982?
R.-
Dejemos a un lado –por archisabido- el primer intento formal de las leyes 6 y 7
de 1988, con el que se pretendió convertir la vinculación contractual de los
llamados ‘preautonómicos’ y ‘transitorios’ por otra de naturaleza funcionarial;
esto es, hacerlos funcionarios por la cara. Ya sabemos cómo acabó con el
transcurso de los años. Además, en cualquier caso, esto era una operación,
digamos, de poca monta. El primer intento serio
-a gran escala- surgió inmediatamente después de esto. En el año 1989.
Este
es un episodio apenas conocido en la historia de la función pública andaluza,
pues no llegó siquiera a iniciar formalmente su andadura, fuera de los
despachos de la dirigencia del partido y de los altos cargos de la Función
Pública. En el año 1989, el Partido Socialista planteó ya la desintegración del
modelo de Función Pública basado en la estructura de cuerpos
funcionariales y su sustitución por un
entramado sectorial de “agencias”, algo muy similar a lo que terminaron
perpetrando en el año 2010 con los infames decretos-leyes 5 y 6, que culminaron
en la conocida Ley del Enchufismo. La primera ley socialista de Función Pública
estatal, la famosa Ley 30/1984, ya asestó un duro golpe a la estructura
corporativa; pero sin eliminarla. La pretensión del Partido en Andalucía iba
mucho más lejos. El intento no prosperó, sin embargo, por la negativa de los
responsables de la Función Pública, que en esas fechas dirigía Manuel Gracia,
como consejero de Gobernación. A diferencia de lo que sucedió con los citados
“transitorios” y “preautonómicos”, en el que las diferencias entre la dirección
del Partido y el Gobierno se zanjaron drásticamente por parte del Partido
aprobando las respectivas leyes mediante proposiciones de ley, al tener
garantizado el Partido el control del grupo parlamentario y, la mayoría, pues,
de la Cámara, necesaria para su aprobación; en el caso del modelo de agencias,
la negativa del Gobierno no tuvo discusión. Tal vez porque el asunto era
suficientemente complejo como para llevarlo a cabo sin el concurso del
Gobierno, o ya fuera porque en esos momentos la cabeza de Pepote estaba de
facto colocada en la bandeja de plata. No puede olvidarse el contexto en que se
desarrollaba la acción: un duelo de partidista entre facciones del Partido;
unos atrincherados en la dirección del partido (encabezados por su secretario
general, Carlos
Sanjuán), frente a otros parapetados en la Junta, al frente de la cual estaba
Rodríguez de la Borbolla, su presidente). De modo que, pienso, el Partido dejó
pasar el asunto, esperando, tal vez, mejores tiempos y partidarios más
dispuestos.
Después
de esto, el modelo clientelar se fue forjando del modo clásico. Esto es,
metiendo poco a poco a los propios. Directamente en numerosos casos, lo que se
suele decir vulgarmente a dedo; y en
otros, bajo apariencia –engañosa- de libre concurrencia. Rematado luego con los
famosos acuerdos de estabilidad, y la degradación de las condiciones de acceso
hasta facilitar un ingreso ventajoso en la Función Pública, y un cuerpo
funcionarial agradecido y leal. Paralelamente, se fueron creando entes
instrumentales de Derecho Privado, al margen del sistema administrativo, en los
que se fue colocando al grueso de la clientela. Dado que estas entidades no
estaban sometidas a control alguno en la contratación de su personal. Naturalmente,
todas estas entidades como, por ejemplo, la empresa Egmasa, la fundación FAFFE,
etc., se nutrían del presupuesto público.
Aquí
nada escandalizaba y pocos eran conscientes del modelo que se estaba forjando.
Como suele ocurrir con los regímenes de esta naturaleza, cuando las personas y
las instituciones decentes percibieron el problema, ya era demasiado tarde.
Entonces, ya nadie se atrevía a hablar. Ni fuera ni dentro de la
Administración. La Justicia ya estaba sometida (Montesquieu, muerto y enterrado);
la prensa controlada; la Administración tomada y la sociedad civil narcotizada.
No
olvidemos dónde hemos vivido; bajo qué régimen.
2-Antes de que el color naranja fuera símbolo de Ciudadanos, lo fue
de los funcionarios andaluces... ¿no?
R.-
Pues no del todo. Aquí nadie da una puntada sin hilo y, como no podía ser de
otro modo, en Torretriana el color de la protesta era el morado. ¿Por qué? Pues
no sé si, tal vez, tuviese algo que ver con ello que algunos de los pioneros de
la protesta fuesen después notorios dirigentes podemitas y ya estuviesen promocionando la imagen de marca, o mera
casualidad. Vete a saber…
3.- ¿Qué desencadenó las manifestaciones históricas de 2010 y 2011?
R.-
La naturaleza humana -su vanidad- exige a veces una mixtificación de la
realidad. Eso sucedió, creo. Se ha hablado y escrito de la ‘revolución
funcionarial’, de la ‘revolución naranja’. Un mito.
Desde
que se desveló la intención del régimen de convertir en empleados públicos a la
legión de empleados (de 25 a 30 mil, según diversas fuentes) enchufados en los
entes instrumentales de la Junta -con desprecio de los principios
constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad-, fueron docenas
los actos de protesta que tuvieron lugar con ocasión de actos institucionales de
la Presidencia de la Junta, como, por ejemplo, la entrega de los premios
Meridiana, inauguración del SICAV, etc…; pues bien, nunca llegaron al centenar
los que se congregaban para expresar su repulsa. ¿Qué ocurrió, pues, con las
grandes manifestaciones? Pues, muy sencillo: mero oportunismo. Las encuestas
auguraban la victoria del PP y el fin del régimen (lo primero sucedió; no así
lo segundo, como es sabido). A la masa le gusta acudir en auxilio de los
vencedores, como suele decirse. Yo vi en esas manifestaciones a significados
socialistas, típicos beneficiarios de la situación que, supuestamente,
estábamos denunciando.
Aquello
fue, por tanto, oportunismo y remar a favor de la corriente. Despejada la
incógnita y aunque los hechos demostraron que la situación iba a peor, la masa
volvió a tornarse silenciosa, como lo había sido durante el largo periodo
durante el cual se crearon las referidas entidades, futuras agencias, y se
metió en ellas, por la puerta de atrás, a esa legión de enchufados. Sólo
quedaron las pocas voces críticas infatigables que, antes, durante y después,
han venido dando la batalla. El Sindicato Andaluz de Funcionarios, entre ellas;
y el único sindicato, por cierto, entre los que tienen representación.
4.-Cuál fue la actitud de otros partidos políticos?
R.-
El único partido político que apoyó abiertamente la batalla contra la ley del enchufismo fue el Partido
Popular. Que incluso llegó a plantear dos recursos de inconstitucionalidad
contra los decretos-leyes y contra la Ley. Es curiosa la posición de Izquierda
Unida. Como en el año 2010-2011 el PSOE tenía mayoría absoluta, su posición
respecto a la Ley de Reordenación era crítica. De hecho, la Ley fue aprobada
con el apoyo exclusivo del PSOE; votando en contra el PP y absteniéndose IU. Yo
tuve ocasión de debatir el tema con el diputado responsable de función Pública
de IU (Pedro Vaquero, fallecido en 2016) y se mostraba muy crítico con el PSOE,
tal vez por su condición funcionarial comprendía personalmente la aberración
que suponía la ley. Sin embargo, todo esto cambió cuando a primeros de 2012,
ante la victoria electoral del PP, IU pasó a formar gobierno en coalición con
el PSOE, con el vicepresidente Valderas, de infausta memoria. IU cambió de
trinchera, igual que hizo con los famosos recortes sociales provocados por la
crisis, y que no tuvo reparo en criticar en Madrid y el cinismo de practicar en
Andalucía.
4 bis.- Cuál de los sindicatos UGT, CCOO. CSIF, USO y otros
sectoriales.
R.-
Los sindicatos sectoriales, salvo la asociación docente PIENSA, a cuyos
miembros veíamos con frecuencia en actos reivindicativos, no comprendieron,
pese a que algunos hacíamos hincapié en ello, que el tema de la reordenación
también iba con ellos; que afectaba seriamente a la profesionalización de la
sanidad y la educación –tanto a la no universitaria en todos sus niveles como a
la universitaria-. En cuanto a CSIF, mantuvo en los primeros momentos una
actitud tibia, para posteriormente tomar partido abiertamente a favor de la
Junta. Sin duda, no por nada personal, sólo por negocios.
Respecto
a CC.OO y UGT, sobran las palabras. Todo el mundo sabe que, en tanto que
principales beneficiarios de la operación, junto al PSOE, eran no sólo
defensores de ésta sino impulsores y cómplices activos. Y siguen siéndolo.
5.-Qué trato se ha dado en la Junta al SAF (Sindicato Andaluz de
Funcionarios) a lo largo de su historia?
R.-
Según mi percepción, desde su creación, el SAF ha sido un sindicato incómodo
para la Junta socialista. El único. Porque, precisamente, ha sido el único que
ha antepuesto el interés de los representados al acomodo que podría haber
disfrutado de haberse sometido, como los otros, a los dictados de la Junta. La
realidad es que, desde hace años, el SAF es el único sindicato que defiende los
intereses funcionariales y un modelo de Administración Pública conforme a lo
que proclama nuestra Constitución.
6.- ¿Podemos hablar de una decepción Arenas?
R.-
Desde mi punto de vista en absoluto. Arenas ha sido el único político que ha
mostrado mayor grado de comprensión y de compromiso en esta lucha contra la
desintegración del modelo de Administración constitucional en Andalucía.
7.-Los gobiernos de Susana Díaz, ¿empeoraron la situación?
R.-
Sin duda alguna. Las resoluciones judiciales que ampararon jurídicamente sus
propósitos le dieron alas y una especie de salvoconducto para seguir en la
misma línea. De hecho, la llamada administración paralela creció bajo su
mandato, al tiempo que el número de funcionarios se reducía. Es decir, Susana
(con el apoyo explícito de Ciudadanos) siguió fielmente el guión profundizando
en el desgaste del modelo de Administración constitucional y el fortalecimiento
del modelo “agencístico”, con lo que ello conlleva sobre igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo público, en falta de garantías y
arbitrariedad en el ejercicio de las potestades administrativas frente a los
ciudadanos y en el mantenimiento de las altas cotas de ineficiencia y
corrupción.
8.-La lucha judicial: un resumen
R.-
Muy sencillo. Por un lado, el tribunal Constitucional desestimó el recurso del
Partido Popular, aunque con unos interesantes y fundados votos particulares.
Téngase en cuenta que eludieron juzgar el modelo que se pretendía imponer; cosa
que los votos particulares no quisieron eludir. Centrados, pues, en la letra
chica, digamos hablando en plata que se quitaron el problema de encima. Como en
tantas otras ocasiones suelen hacer, por cierto.
En
cuanto al TS, como no creo en las casualidades, estoy en la creencia de que el
PSOE, directa o indirectamente, maniobró hábilmente para designar al ponente de
las dos primeras sentencias –necesarias para sentar jurisprudencia-; cómo se
explicaría, si no, que dicha responsabilidad recayera en un Magistrado –Pablo
Lucas Murillo de la Cueva (o de la Cuerda)-, integrado en la carrera judicial
por el desprestigiado turno de juristas de reconocido prestigio; sistema, como
ha quedado demostrado, ideado para que los partidos políticos colonicen la
justicia y corrompan la independencia judicial. No creo en casualidades tan
sospechosas. Además, su participación en el pleito era contraria a la
legalidad. Perdóneme por la autocita, pero yo lo advertí en su momento:
No es
admisible que para enjuiciar un asunto de la naturaleza de este, al que nadie
niega su esencia política, se designe como ponente a un juez que debe su
condición de juez al partido político autor del objeto del pleito. Es
inaceptable que un juez promovido a juez por el partido político que, con
anterioridad, lo nombró letrado del Consejo General del Poder Judicial, enjuicie
un asunto en el que dicho partido y sus aliados sindicales –UGT y CCOO- tienen
un directísimo interés. Es inaceptable que un juez que fue designado para un
alto puesto en la Administración del Estado (subdirector general de Publicaciones y
Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente
del Ministerio de la Presidencia) por el
PSOE, enjuicie este pleito.
La
imparcialidad es esencial, tanto que sin juez imparcial no hay Justicia
posible. Nuestra Constitución la garantiza. La imparcialidad consiste no tanto en la actuación del juez –que es
irrelevante a estos efectos- como en la existencia de determinadas
circunstancias –subjetivas u objetivas- que induzcan a pensar que pueda no
serlo. Es decir, en la apariencia de imparcialidad. El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH), en sus decisiones sobre los casos “De Cubber” y
“Piersack” dejó bien sentado la importancia de las apariencias en esta materia;
afirmando que debe abstenerse todo juez del que pueda temerse legítimamente una
falta de imparcialidad, pues va en ello la confianza que los tribunales de una
sociedad democrática han de inspirar a los justiciables.”
De
modo, que ante tal panorama la lucha judicial se ha centrado en dos aspectos
derivados de las referidas sentencias, que tienen mucha importancia: Uno, que
estos empleados integrados en las agencias públicas no pueden desempeñar
potestades administrativas, porque su ejercicio está reservado en exclusiva,
por la Constitución y las leyes, a los funcionarios; y, dos, que este personal
no forma parte de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Es
decir, la principal batalla judicial se centra en estos momentos en impedir que
los empleados de la llamada administración paralela usurpen potestades
reservadas a funcionarios; o sea, hacer cumplir las leyes y las resoluciones
judiciales. Ardua tarea, cuando el gobierno no muestra voluntad.
9.-Y llegó el cambio… ¿Y qué ha ocurrido?
R.-
Lo de ‘gobierno del cambio’ produce sonrojo. Ahí está, por ejemplo, su medida
estrella: la eliminación del impuesto
de sucesiones y donaciones, que no es más que un pufo. Un pufo, además, con
desprecio del Código Civil –sobre el que la Junta carece de competencias-,
pues, por ejemplo, obliga a que las donaciones de bienes muebles entre padres e
hijos se realicen en escritura pública (cosa que hasta este momento no era
así), violando lo expresamente dispuesto en el Código Civil, que dispone: “La donación de cosa mueble podrá hacerse
verbalmente o por escrito. La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa
donada. Faltando este requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y
consta en la misma forma la aceptación.” Una burla, al cabo. Lo comido por
lo servido y negocio para las gestorías y notarías. Y así, podríamos seguir
señalando otras muchas ‘reformas’. Laboriosa
nadería, casi.
En
cuanto al tema que nos viene ocupando, el
gobierno del cambio ha dado muestras –tácitas y expresas- en sus primeros
cien días de que no tiene intención alguna de acabar con este injusto e ilegal
estado de cosas.
A
la vista de las numerosas resoluciones judiciales recaídas en este pleito, el
nuevo gobierno sólo tiene tres opciones, a mi juicio, estas son:
a)
Desobedecer las sentencias del TS y del TSJA, y seguir permitiendo que el
personal de la administración paralela siga usurpando el ejercicio de
potestades administrativas competencia de los funcionarios; lo cual
constituiría un delito.
b)
Mantener sin funciones, mano sobre mano, pero cobrando del presupuesto público
a estos veintitantos mil empleados; lo cual constituiría un delito.
c)
Iniciar los trámites legales precisos para desarticular y eliminar la
administración paralela; tal como, por otra parte, prometieron en sus programas
electorales.
10.- ¿Hay
futuro para una administración pública, limpia, neutral, de todos y ajustada a
Derecho?
R.- No. Tajantemente no.
Al menos con estos partidos y con estos jueces. Tajantemente no, mientras
subsista un régimen partitocrático y un sistema judicial como el actual.
Tajantemente no, porque no hay voluntad.
11. Me he
olvidado de las 50.000 firmas de los "interinos" que quieren concurso
de méritos, sin concurrencia de todo andaluz que quiera.
R.- El eterno retorno.
Volvemos siempre al mismo punto de partida. Otorgar ventajas contrarias a los
principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo
público. Dicen los jueces que los interinos ya han acreditado su capacidad,
precisamente en el desempeño de sus cargos. Y no lo niego, lo que sucede es que
olvidan ese otro elemento del ‘mérito’; es decir, que otros, igualmente
capaces, acrediten más méritos y, por tanto, más derecho. Todo lo que no sea
eso, son trampas que convierten en papel mojado la bonita letra de la
Constitución. Los poderes públicos de este país son muy dados a la política de
hechos consumados. Crean un problema, por negligencia, incapacidad o dolo, y
luego proponen soluciones al margen de la ley, o retorciendo la ley, porque,
precisamente, la solución que desean –que les conviene a sus intereses
políticos- no tiene encaje en la ley.
Nada parece cambiar con el gobierno del cambio.
