Ajeno,
desde luego, a los refinamientos y sutilezas venecianas del “príncipe”
maquiavélico, pero con la dureza y contumacia estaliniana del martillo pilón,
el régimen que devasta esta querida tierra nuestra ha dictaminado el ocaso del
modelo constitucional de Administración; dicho sea de paso, de salud precaria desde
su mismo nacimiento.
De
modo semejante al de aquella mano tenebrosa, que en un banquete real –según
cuentan los libros proféticos- escribió la misteriosa frase que vaticinaba la
ruina del imperio persa, la mano macabra de Griñán, el Soberbio, ha firmado, no
ya en los muros palaciegos sino en el BOJA, el certificado de defunción de la
Administración Pública nacida de la Constitución Española de 1978 (vivió, pues,
como Cristo, 33 años). RIP. Ahora todo está consumado. Pero a diferencia del
relato bíblico, no precisamos de las artes adivinatorias del arúspice para
saberlo; sólo falta esperar que vengan los liquidadores –no es retórica, así
está escrito- y hagan su trabajo.
Compruébese
que desde el primer día dijimos que esto no era sólo un conflicto laboral. Éste
–el laboral- no es sino un conflicto de orden secundario, efecto colateral o
consecuencia de otro más importante, nuclear, y de naturaleza política. Hay que
decirlo bien claro y abrir los ojos de los que no quieren verlo: Estamos ante
un conflicto político, que, como tal, concierne a toda la ciudadanía y que debe
resolver ésta en su conjunto, y no sólo la pequeña parte que constituyen los
empleados públicos. Un conflicto político en el que de un lado está el régimen
socialista (apoyado por dos sindicatos que no representan a nadie, y que deben
seguir su misma suerte), ¿quiénes, del otro?
Porque
esta mal llamada “reordenación del sector público andaluz”, presentada bajo el
cuño de la austeridad, la eficiencia y la mejora de los servicios públicos, no
entraña ninguna reorganización administrativa auspiciadora de tales fines. Esta
mal llamada reordenación no es sino un disfraz que enmascara la verdadera
naturaleza de esta monstruosa operación: un paso más, una nueva fase, en la
construcción del modelo político neototalitario que pretende imponer el partido
socialista, para perpetuarse en el poder. Fiel, cómo no, a la única religión
que profesan todos los déspotas del mundo: el monoteísmo del poder.
Esta
fase tiene como objetivo la liquidación del modelo de Administración consagrado
en la Constitución y su sustitución por una “Administración de Partido”, por
una burocracia de partido, al estilo estalinista. Obviamente, este ataque a la
Constitución no puede perpetrarse abiertamente, de ahí la necesidad de
maquillarlo bajo la apariencia de algo benéfico y legítimo.
Ya
dijimos en anteriores ocasiones que esta operación es inconstitucional y
antidemocrática. Aquí lo que está puesto en cuestión por el régimen socialista
es el Estado de Derecho y los principios inspiradores de una sociedad
democrática, como son la Libertad, la Justicia y la Igualdad de los ciudadanos
ante la Ley.
Porque
acaso no es un ataque a la libertad de los individuos la constitución de una
Administración paralela, huida del Derecho administrativo –que impone a la Administración
una actuación conforme al principio de legalidad, no sólo en el sentido de
venir obligada a respetar las leyes, sino de tener a la Ley como límite o
frontera de sus actos frente a la libertad de los ciudadanos?
Y
es que acaso no es un ataque a la libertad individual que las potestades
administrativas –esos poderes exorbitantes con que la Constitución y las leyes
han dotado a la Administración para la procura
y satisfacción de los intereses de todos los ciudadanos; y en cuya
virtud la sitúan en una posición de supremacía frente a éstos- sean usurpadas a
los órganos legítimos y otorgadas a unos entes –las agencias- en cuyo estatuto
fundacional ya se declara que no tienen porqué someterse necesariamente al
derecho administrativo, es decir, al imperio de la Ley, pero a las que se les
reconoce, sin embargo, la potestad de actuar frente al ciudadano -como si
fuesen una Administración Pública- con poderes exorbitantes, hasta el punto de poder
intervenir en la vida y actividad de los mismos, regulando el ejercicio de sus
derechos y libertades mediante, por ejemplo, su sometimiento a licencias o
autorizaciones; o mediante el establecimiento de condiciones, límites o
prohibiciones; u otorgándose a sí mismas -las agencias- el privilegio de
inspeccionar la actividad de los ciudadanos, o imponerles sanciones o multas; y
así tantas y tantas más intromisiones ilegítimas. Y todo ello, de espaldas a los
derechos y garantías que el procedimiento administrativo reconoce a los
ciudadanos, y bajo la dirección de los nuevos comisarios políticos, directivos
de las agencias, nombrados por el régimen y que ni siquiera tendrán ya porqué
ser funcionarios?
Y
es que acaso no constituye una injusticia, y un ataque al derecho de los
ciudadanos de poder acceder al ejercicio de las funciones públicas en
condiciones de igualdad, el hecho de que mediante esta infame operación el
régimen socialista haya convertido arbitrariamente en empleados públicos a más
de 20.000 correligionarios, parientes, amigos y paniaguados, que fueron metidos
en las agencias, empresas y fundaciones públicas por esos y no por otros
“méritos” que esos?
No
es acaso eso un ataque frontal y directo a los derechos constitucionales de los
miles de opositores y de sus familias? No es acaso un ataque contra los
derechos de miles de personas, que en sus proyectos vitales hubiesen
considerado la posibilidad de trabajar en un futuro inmediato en la Administración
Pública de su Comunidad Autónoma, y que ahora ven cegadas o, en todo caso,
cercenadas, sus legítimas expectativas y frustrada su esperanza de hacerlo
realidad? (Pues, no nos engañemos, tras la intrusión de estos casi 30.000
usurpadores, las ofertas de empleo público, si las hubiere, serán puramente
testimoniales en los próximos años)
Y,
para mayor desvergüenza, todo ello se perpetra –como suelen hacer los regímenes
despóticos- cubriendo la deyección con el manto de la virtud. Y, también, como
suelen hacer los regímenes despóticos, apartados de la luz, entre tinieblas. Aquí,
a ese manto le han llamado “protocolos de integración”; y viendo la deposición
resultante, consideramos que se excedieron en todas y cada una de las letras de
tan pomposa y solemne denominación (ya hablaremos de ellos en otra ocasión, y
de su radical nulidad jurídica). Dice nuestro refranero: “dime de qué presumes,
y te diré de qué careces”, y este régimen no cesa de presumir de transparencia.
Llena el ordenamiento jurídico –empezando por el Estatuto de Autonomía- de
leyes predicando transparencia, y, sin embargo, a la hora de actuar, lo mismo
que oculta documentos comprometedores a los jueces, convierte en empleados
públicos a unas decenas de miles de sujetos, cuyo número exacto desconocemos,
cuyos nombres no han sido publicados (como exige la ley, respecto de todo aquél
a quien la ciudadanía pagará un sueldo) y cuya posición en la estructura
administrativa es también un misterio. Con lo cual nos tememos que
contraviniendo el principio de que siempre se pierde algo de lo esencial cuando
se pasa de un sistema a otro (“Lost in traslation”, que dirían los filólogos ingleses
–o anglicanos, según una ministra zapateril. Y esto me hace recordar esa
película de Sofía Coppola rodada en la suite del hotel más exquisito de Tokio, que
posteriormente ocupó el hermano de Chaves, que se comió –Chaves, no Sofía- un
filete de buey alimentado con cerveza –el buey- y sometido a masajes primorosos
y delicados –el buey; y quiero pensar que sólo el buey-; y que todo ello costó
–a nosotros, y sólo a nosotros- un ojo de la cara), pues bien, disculpen la
divagación, decía que nos tememos que en la homologación de un sistema a otro algunos
–tal vez la mayoría- resulten agraciados con un pelotazo adicional, marca de la
casa socialista; esto es, revestido de legitimidad, aun siendo estafa.
Recuerdo,
y traigo a colación, el sabio consejo que don Quijote dio a Sancho, cuando éste
andaba presto a tomar posesión del gobierno de la ínsula Barataria: “No hagas
muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura…que se cumplan…que las leyes que
atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas: que
al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre
ella.” Y para eso, digo yo, sirve tanta transparencia proclamada en las leyes
andaluzas, empezando por la primera y principal, que es el Estatuto de Autonomía,
para que las ranas se cisquen sobre ella. Cosa lógica, por otra parte, pues, si
bien se piensa, ¿cuándo necesitaron leyes los tiranos para hacer su voluntad? Y
sospecho que Griñán y los suyos están más cerca de Tarquino que de Solón.
Ante
esta situación, ¿qué podemos hacer?
Existen,
a mi juicio tres vías de acción:
La
vía jurídica. En la que está centrada prioritaria y casi exclusivamente toda la
lucha contra la actuación del régimen. Y no digo que no sea necesario presentar
batalla en este frente; sólo digo que yo, personalmente, nada espero de la
Justicia en este país, que, como ha demostrado en un sinnúmero de ocasiones, es compasiva con los cuervos, pero humilla a
las palomas, en palabras de Juvenal. De modo que me avengo, para mi
satisfacción y tranquilidad de espíritu, a las palabras de un entrañable
personaje de una película de Hitchcock: “Bienaventurados aquellos que nada esperan,
porque no quedarán decepcionados”.
Otra
vía sería la de la movilización cívica. Pero, ¿dónde está la ciudadanía
rebelde? Parece que nada le indigna: ni cinco millones de desempleados; ni los
trapicheos del gobierno con una banda terrorista; ni el saqueo de los fondos
destinados a paliar el drama del desempleo. Más parece que sólo le interese el
fútbol (casi 20 millones de espectadores tuvo un partido hace unos días), los
romances –particularmente, los principescos- y la basura rosa; y aquí, también,
los toros. Panem et circenses de
nuestros días. Cómo he de esperar nada de esta ciudadanía adormecida, si ni
siquiera en ninguna de nuestras 10 Universidades –gente instruida y
sensibilizada- se ha alzado una sola voz para denunciar que asuntos que les conciernen
directamente –como son la gestión de la evaluación institucional y la personal
del profesorado- van a quedar en manos de una agencia que se regirá, cuando le
convenga e interese, según dice la norma, por criterios de gestión empresarial
–coste/beneficio, oportunidad, rendimiento económico, etc.- y por métodos en
todo caso ajenos a las garantías y derechos de que debe gozar el ciudadano en
sus relaciones con la Administración. Parafraseando a don francisco de Quevedo,
qué rebelión esperar de un pueblo que vende su libertad al precio de su
interés; bien sometido, mas socorrido.
Y,
a mi juicio, no queda otra vía que la electoral. Esto es, llegado el momento,
acabar con el régimen en las urnas. Entiendo que no hay otra forma de
solucionar el problema.
Aunque
tenemos toda la razón de nuestra parte (repárese en que frente a los dictámenes
de prestigiosos juristas de dentro y fuera de la Administración, de partidos
políticos, de Instituciones Colegiales, etc., el régimen ha sido incapaz de
poner encima de la mesa un documento fundado jurídicamente que avale su
proyecto), hemos perdido la batalla. Porque, precisamente, está en la
naturaleza de un régimen dictatorial la imposición, para lo cual disponen,
además, de los instrumentos.
Hemos
perdido la batalla, pero tenemos que seguir luchando para ganar la guerra. Es
la única forma de victoria: acabar con el régimen.
Cuenta
Cicerón que Catón el Viejo terminaba todos sus discursos, viniese o no a
cuento, con la misma frase, que hacía alusión a lo que él consideraba el mayor
peligro para la salud de la República. Nosotros, como Catón, sabemos cuál es la
principal amenaza para nuestra “res pública”, para la Constitución, para la
Libertad, para la Justicia. Si queremos salvarlas, no hay otra solución que
reducir a polvo hasta el último ostugo de los oscuros cimientos de este régimen
despótico y nefasto. Delenda est Cartago.
Max Estrella, cesante de hombre libre.
Mayo, 2011.
