MENTIRAS COMPLEMENTARIAS…



Cuando vi el decreto-ley 6/2010 publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía algo me llamó poderosamente la atención.
Hacía unos días que lo había leído, cuando aún estaba en “papel de decisión”, incubado en la web oficial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, esperando ser dado a la tipografía burocrática. Conocía bien su contenido, lo había analizado, había escrito sobre él e, incluso, había tenido el honor, sin duda inmerecido, de ver publicadas mis reflexiones. De modo que cuando leí su título la estupefacción me dominó. Volví a leerlo, era cierto: “Decreto-ley 6/2010...de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010...”; lo releí, mis ojos, aunque ya cansados, no me engañaban.
El estupor dio paso en mí a la indignación, y ésta, poco a poco, cedió su lugar a la rutina de lo cotidiano -que al cabo se impone sobre todo-, dejando, sin embargo, un poso amargo en el ánimo; como una radiación de fondo de melancolía, que va aflorando a la conciencia de modo recurrente e inesperado. E inevitable, también. Ese estado de ánimo que deja la impotencia ante la injusticia y la mentira oficializada y triunfante.
Porque de eso se trataba, de una mentira.
Prescribe la técnica normativa, que el título de las disposiciones jurídicas sea descriptivo de su contenido; que, en cierto modo, constituya la suprema síntesis de su objeto. El decreto-ley 6/2010 se denomina de “medidas complementarias del decreto-ley 5/2010”. Gran mentira porque conforme a la dispuesto en su disposición derogatoria (astutamente redactada, para decir eufemísticamente, lo que no se quiere decir de modo claro y transparente) se deroga el decreto-ley 5/2010; del que no queda vigente ni un solo precepto, ni una sola palabra, ni una sola letra, ni un solo ápice. Por si ello no fuera suficiente, en la parte expositiva se reconoce también de modo explícito (“…se opta por la reproducción del decreto-ley 5/2010…) y cínico (“…dando preponderancia a su carácter didáctico…). De modo que no queda nada que deba ser completado o perfeccionado. La significación semántica del término “complementar” (según el drae: dar complemento a una cosa) requiere la existencia de dos elementos formales: uno, el complementado; otro, el complementario. Obviamente, si no se dan ambos el uso del término es improcedente. Y en este caso no se da el primero de ellos; es decir, no existe en el ordenamiento jurídico la disposición que supuestamente se ha de complementar.
Ahora bien, no todo el que dice una cosa falsa miente, si cree que lo que afirma es verdad. Miente el que teniendo una cosa en la mente manifiesta otra distinta. El mentiroso tiene un doble pensamiento: uno, el que sabe que es verdad, y se calla; otro, el que manifiesta o dice, sabiendo que es falso. No lo digo yo, lo dijo Agustín de Hipona.
En ese estado de cosas ¿podría alguien afirmar que quién dio título al decreto-ley 6/2010 ignoraba que su disposición derogatoria hacía desaparecer del ordenamiento jurídico hasta el más leve rastro del decreto-ley 5/2010?
Así pues, quién podría dudar entonces que nos encontrábamos ante una mentira en el sentido más riguroso, académico y canónico del término.
Pero no se trataba de una mentira común, de una “mendacium vulgaris”. Esta era una especie de mentira no catalogada, una especie extraña y poco conocida: la “mendacium in nomine iuris” o “mendacium griñanis”. Desde los tiempos de Homero no ha habido siglo cuyos escritores y filósofos no hayan escrito sobre la mentira y los mentirosos. Pero, sin embargo, no tenemos en ninguno de los numerosos ensayos que se han ocupado del tema noticia alguna sobre  este tipo de mentira. Se conoce que, hasta la llegada del socialismo andaluz, no se practicaba. De otro modo, Pío Rossi la habría catalogado en su exhaustivo “Léxico de la mentira”. Por desgracia, nos hallamos ante otra vergonzosa aportación autóctona a la historia universal de la infamia.
Porque, aunque a simple vista parezca un asunto de poca importancia, creo que no lo es. Al contrario. Tanto desde la perspectiva del objeto como del sujeto, el asunto es, a mi juicio, extraordinariamente grave.
Objetivamente, porque una mentira contenida en una disposición jurídica –y con rango de ley-, además de un fenómeno extraño, no es ninguna tontería. Sobre todo si se considera que los motivos que inducen a su comisión son mezquinos. Esta mentira no se perpetra por una gran “razón de estado”; ni bajo el argumento utilitarista del mayor bien posible para el mayor número de ciudadanos. Esta mentira es inane; no produce ningún beneficio para nadie; ni siquiera para el que la profiere.
Esta mentira sólo tiene por sustento la soberbia. Sólo trata de colmar la soberbia de aquéllos que no quieren que en modo alguno los disconformes puedan decir que el decreto-ley 5/2010 no ha durado ni cuatro meses. Hecho cierto e incontestable. Para ello, no han dudado en urdir un engaño que no tiene precedentes en la historia jurídica (ni siquiera en la del boja; cuyos disparates darían para elaborar una antología con más volúmenes que los episodios nacionales), y que constituye una ofensa y una grave falta de respeto a la ciudadanía, destinatarios finales y causa de las normas jurídicas.
Y desde la perspectiva del sujeto activo, la cosa no es menos grave. Esta mentira ha sido cometida por el máximo órgano ejecutivo: el Consejo de Gobierno. Y no sólo él. Para ello ha necesitado el auxilio de otros, que si bien no son los responsables directos, son colaboradores necesarios. Me refiero a la Comisión General de Viceconsejeros, de la que forma parte el laureado Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y por cuyas manos debió pasar necesariamente el mendaz engendro.
Sólo por eso el asunto ya sería extraordinariamente grave.
Es muy triste para un ciudadano decente ver cómo las Instituciones políticas de su comunidad se degradan. Es lamentable constatar cómo esas Instituciones se pliegan a los intereses partidistas de una secta y a los frívolos caprichos de su satrapía. Debe causar vergüenza ajena en las personas decentes de esta Comunidad constatar como la degradación de las Instituciones llega hasta el extremo de ver a la Comisión General de Viceconsejeros como un reflejo degradado de los gabinetes de Fernando VII, con sus aguadores y mozos de cuadras; a la principal institución jurídica del ejecutivo –el Gabinete Jurídico- silente y sumiso, cuando no algo peor. Y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía convertido en un cónclave de falsarios, presididos por un pavo real.
Considero un deber ético hacer denuncia de estos hechos, porque -como sostenía Denis Diderot, en un panfleto contra los engaños del despotismo, casualmente titulado “mentiras de un tirano”- “toda mentira una vez vilipendiada se ve destruida sin remedio: toda verdad probada lo es ya para siempre”.
Si se cumple lo declarado por el Gobierno, el decreto-ley 6/2010 será debatido como proyecto de Ley en el Parlamento. Apelo a la integridad intelectual y ética de nuestros representantes –sobre todo a los del partido de la mayoría- y les conmino amablemente a que refuten en un ejercicio práctico el aforismo de Alfred Groser, conforme al cual el poder legislativo se ha convertido en apéndice del gobierno “corrige algunas veces, rara vez rechaza y comúnmente ratifica”.
El otro día , ante las puertas de un edificio público en el que el nuevo caudillo andaluz repartía premios –y, a su vez, se regalaba con un buen banquete a nuestro cargo- ví pasar un perro que con porte elegante y confiado (no parecía que nada a su alrededor le inquietase) arrastraba, entre sus fauces, no sin cierta dificultad, un descarnado hueso de jamón. Se me antojó alegoría de este régimen. No creo en los augurios; está en nuestras manos regir nuestro destino y evitar que esa imagen se torne realidad y que no lleguemos a ver a esta querida tierra nuestra convertida en un despojo arrastrado en las fauces de una fiera avarienta.
Andaluces, levantaos.
Max Estrella, cesante de hombre libre.

Diciembre 2010