Siempre
aborrecí, pese a ser funcionario, o precisamente por eso, a aquellos burócratas
–en el sentido peyorativo del término- que valiéndose de la ocasión de tener en
sus manos la elaboración de protocolos de actuación o de programas informáticos, retorcían los
procedimientos reglamentarios hasta desvirtuar el espíritu de la ley y hacerle
perder su legítimo y genuino fin.
Algo
así tuve ocasión de comprobar –padecer- el otro día, que me permito trasladar
al lector como ejemplo paradigmático de lo dicho, por pedagogía, crítica, desahogo o, por qué no, para el
pitorreo, choteo, befa y burla de la absurdidad e incuria de sus autores.
Acudo
a la farmacia a retirar un determinado medicamento al amparo de la ultramoderna
y publicitada receta electrónica, y esto es lo que sucede:
-
Manceba (reproduzco definición DRAE, por si acaso, ‘2. m. y f. Empleado auxiliar de farmacia’): Lo siento, no lo
tenemos.
-
Un servidor: Eso mismo me dijeron ustedes el mes pasado y el anterior.
-
Manceba: No es culpa nuestra, es del laboratorio que no abastece. Tenemos el de
28 comprimidos pero el que le han recetado a usted es de 30 comprimidos. Se lo
podemos dar, pero lo tiene que pagar usted íntegramente.
-
Un servidor: Pero, ¿es el mismo producto?
-
Manceba: Sí (me lo muestra), pero 28 comprimidos en lugar de 30.
-
Un servidor: Ya, pero 28 es menos que 30 ¿no? Si fuese al revés me callaría,
pero si la Seguridad Social me paga 30 supongo que me paga esos 28 y dos más.
Que yo no le estoy pidiendo que abra otra caja y me dé dos más, sino que me dé,
de los 30 a los que tengo derecho, solamente esos 28.
-
Manceba: No puede ser, el sistema no lo permite.
Ahí
me desarmó. A estas alturas de la vida uno ya ha aprendido, dolorosamente, que
contra ‘el sistema’ ninguna razón es bastante. ¡Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho!
De
modo que me fui sin el medicamento a pedir cita en el médico para que restase
dos comprimidos a la receta. No por los dos euros que costaba el producto, sino
por natura. Si hubiese actuado de otro modo, los que me quieren se habrían
preocupado: le ocurre algo.
La
cuestión se reduce, pues, a lo siguiente: el usuario del sistema se ve
absurdamente privado de sus derechos –por cierto, cacareados por los políticos
hasta la náusea- por la incuria y el espurio interés del resto de actores.
Deseo pensar que se trata de eso y no de la labor de zapa de la quinta columna
que el régimen socialista infiltró en la Administración pública y que la mansa
collera de los Juanmas no se atreve
–o no quiere- liquidar.
El
caso es que, sea lo que fuere, se invierte el orden natural de las cosas, y lo
que debe ser mero instrumento al servicio de un fin troca en fin en sí mismo, a
cuya satisfacción queda subordinado todo lo demás. Y así resulta que el único
perjudicado de ese absurdo proceder es el usuario; en tanto que,
paradójicamente, los autores y responsables del despropósito (el SAS, por responsabilidad
directa por acción y omisión; los farmacéuticos por colaboración necesaria,
interesado acomodo y descuidada ética profesional) salen beneficiados de su
propia incompetencia o maldad.
El
derecho a la protección de la salud que nuestra Constitución reconoce – y que,
obviamente, comprende el disfrute en su integridad de las prestaciones del
sistema a las que uno tiene derecho, conforme a la ley- se convierte con
demasiada frecuencia en mera declaración huera, papel mojado.
Naturalmente,
los beneficiados de esta sinrazón no van a ser, precisamente, los que se
molesten en enmendarla. Por una parte, los funcionarios y autoridades
negligentes saben que ninguna responsabilidad les será exigida por su falta de
probidad y que ninguna Institución tutelará de manera eficaz y sumaria a las
víctimas de su iniquidad o de su incompetencia.
Y,
por otra parte, reducido todo a un descarado mercadeo, quiero decir, donde
ningún rigor ético diferencia a los farmacéuticos de cualquier otra clase de
mercaderes, yo me pregunto qué razón hay, pues, que justifique el actual modelo
oligárquico del sistema farmacéutico. Para eso, mejor nos iría seguramente con
un modelo de libertad de establecimiento. La competencia comercial siempre
beneficia al consumidor.
Abril, 2019
