Sucede
ahora -incluso de Despeñaperros para arriba, donde nada de aquí interesa más
allá del folclore y la gracia andaluza- que todo el mundo se ha enterado de
algo que algunos llevábamos ocho años gritando en las calles: Que el PSOE había
creado en la Junta de Andalucía una mastodóntica administración paralela para colocar por la jeta a la clientela y
eludir los controles legales sobre el manejo de los fondos públicos. Ahora
todos los ‘telediarios’ hablan con absoluta normalidad de la administración paralela de la Junta.
Ahora todos lo saben, hasta los perros.
Lo
que, sin embargo, no explican es por qué y para qué se creó; cuánto ha costado
y cuesta al contribuyente y para qué ha servido y a quién ha beneficiado. Y,
sobre todo, cómo de las respuestas a estas cuestiones se deriva la necesidad de
su eliminación, como labor prioritaria del nuevo gobierno.
Pues
bien, dando respuesta sucinta a tales cuestiones (el lector que lo desee, puede
leer una explicación más extensa en esta otra entrada: LA PERSONIFICACIÓNPÚBLICA DE LAS AGENCIAS, EL PILAR QUE SOSTIENE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA): la administración paralela se creó como una
forma de “externalizar la gestión”; es decir, sacar la gestión fuera de los
órganos de la Administración con la finalidad de eludir su sometimiento a la
ley y a los controles y procedimientos que ésta impone para el manejo y
disposición de los fondos públicos, para la contratación administrativa, para
la contratación de personal, etc.
La
administración paralela cuesta en la
actualidad más de cinco mil millones de euros anuales (5.000.000.000) y ha
costado, pues, al contribuyente, hasta la fecha, decenas de miles de millones
de euros. ¿Para qué ha servido? obviamente, para lo que fue creada: eludir los
controles legales sobre sus actos; o sea, para disponer de los fondos públicos
sin control y para contratar arbitrariamente al personal. En suma: ha servido
para generar corrupción: saqueo de los fondos públicos (Agencia Idea,
Invercaria, Eres, Faffe, cursos de formación, cártel del fuego, etc., etc.,) y
para colocar arbitrariamente, a dedo, y sin control alguno, a centenares de
familiares de altos cargos, militantes destacados del partido, correligionarios
y afines, así hasta 30.000. Y, obviamente, el beneficiario único de todo este
tinglado ha sido el PSOE de Andalucía, que ha montado en torno a sí un régimen
clientelar, sostenido con fondos públicos.
El
punto de inflexión en todo este monstruoso montaje lo constituye, sin duda, la
llamada ley del enchufismo. Con ella el régimen conseguía materializar un
triple propósito:
1º.
Poder atribuir a los entes instrumentales (desde ese momento entes de derecho
público) el ejercicio de potestades administrativas, burlando así las
sentencias de los tribunales. Pero, al mismo tiempo, reservándose astutamente
el ‘privilegio’ de regirse por el derecho privado -según su particular gestión empresarial lo requiera, decía la Ley-
y no someterse, pues, al derecho público. O sea,
2º.
Poder eludir en su actuación el principio de legalidad y los procedimientos
administrativos y controles que el derecho Administrativo impone en la gestión
de los fondos públicos y la contratación de personal.
3º.
Legitimar, más bien blanquear, el vínculo laboral espurio de los empleados de la administración paralela y
blindar su relación laboral, mediante su integración en las Agencias, como empleados públicos
de éstas. Y, probablemente, infiltrar una quinta
columna en el corazón mismo de la Administración, ante un previsible
escenario de pérdida del poder.
El
desmantelamiento de la administración paralela requiere, pues, necesariamente,
la reversión de la personificación de los entes instrumentales al estado
anterior a la ley del enchufismo. Es decir, que las agencias empresariales y de
régimen especial pasen de ser agencias públicas a entes -llámeseles agencias,
si así les gusta más- sujetos exclusivamente al derecho privado, con todo su
personal, que fue integrado en las mismas en virtud de la ley del enchufismo.
Luego,
en una segunda fase, deberá analizarse si –privados del ejercicio de potestades
públicas- el mantenimiento de estos entes es necesario o no para la
satisfacción del interés general.
Y,
para terminar, permítaseme una recomendación. Teniendo en cuenta que, por una
parte, ha quedado acreditado ya, más que sobradamente, que Cs no tiene
intención alguna de acabar con la administración paralela (publica en su página
oficial la descarada mentira de que ya han liquidado casi un centenar de entes
instrumentales), sino de encontrar la manera de volver al gobierno como
mamporrero del régimen. Y, por otra parte, que existe un Acuerdo, firmado el 9
de enero de 2019, entre el PARTIDO POPULAR y VOX para posibilitar un gobierno del cambio, cuyo punto 6º
establece: “Eliminar todos los organismos
superfluos y suprimir la administración paralela”, yo recomendaría a VOX la
adopción de una de estas dos opciones:
1.
Exigir al Partido Popular que –antes del 28A, para que los electores sepan a
qué atenerse- inicie el correspondiente procedimiento para la supresión de la
administración paralela.
2.
Para el caso de que no suceda lo anterior, VOX debería dejar caer a un gobierno
tramposo y mentiroso, que habría dado a los andaluces, no el deseado cambio,
sino el cambiazo -el timo de la
estampita, recortes de papel por billetes-, si no quiere hacerse cómplice de la
estafa.
Marzo,
2019
