Parafraseando
a Shakespeare, cuando cuarenta inviernos (de poder absoluto) pusieron sitio a
su frente y hondos surcos (de corrupción) cruzaron sus mejillas, se consumió la
fascinante atracción de Ródope de Triana, y con ella su reinado y el de la
dinastía socialista. Hubo un momento en la historia de Roma en que el poder del
monarca pasó a manos del Senado y el Pueblo, y el acrónimo de su emblema SPQR (San Pedro Quiso Roscas, me respondía mi abuelo cuando le preguntaba por su
significado) se encargaba de recordar y reafirmar tal realidad en todos los
estandartes, insignias y símbolos de la República. Aquí, ahora, como en la
vieja Roma, el derrocamiento de la reina
del sur ha dado en restaurar la
antigua institución republicana del consulado. El ejecutivo, pues, en manos de
dos cónsules: Los Juanmas; el Risitas y
el Cuñao, para distinguirlos. Hablemos de ello, aunque es probable que el
lector prudente invoque la norma consuetudinaria que aconseja dejar pasar al
menos cien días de mandato antes de enjuiciar la labor del gobierno. Es
razonable el precepto, pero sólo mientras subsista la indefinición y las
probabilidades de la acción. Mas, cuando la primera ha sido firmemente
despejada y respecto a las segundas la deriva fijada evidencia sin lugar a
dudas a qué puerto se conduce la nave, no es prudente, sino insensato y
cobarde, demorar la crítica.
Como
es habitual en los regímenes de corte totalitario, los gobiernos socialistas
que hemos padecido durante cuarenta años no han dejado de ser una correa de
transmisión del partido, auténtico detentador del poder. El partido necesita,
obviamente, valerse de la estructura formal de poder –el gobierno y demás
instituciones- y de su aparato burocrático –la Administración- para la
materialización de sus fines. Así, si respecto al gobierno y a los altos
cargos, directamente designados por o con la venia del partido, el control por
parte de éste y el sometimiento de sus miembros a la disciplina partidista no
constituía ningún problema, no sucedía lo mismo respecto al control del aparato
burocrático, cosa mucho más difícil, por razones obvias que no requieren
explicación. De modo que el régimen se aplicó, desde sus inicios y de diversas
maneras, a la tarea de someter la burocracia administrativa a sus intereses.
Y
así comenzaron a surgir una serie de entidades que proliferaron como las setas
en otoño, al tiempo que sus plantillas engordaban descontroladamente con
parientes, correligionarios y afines. Paralelamente, y en la misma proporción
en que crecía la plantilla de esas entidades, la legítima Administración
constitucional veía reducidos sus funcionarios y desposeídas sus competencias,
que pasaban a usurpar las entidades instrumentales. Así nació y creció la
llamada administración paralela.
Esta
operación culminó con la infame Ley de Reordenación, vulgo Ley del Enchufismo, que pretendía un doble objetivo: De un lado,
blindar la relación laboral de los 27.000 enchufados que poblaban la
administración paralela; de otro, blindar la usurpación de potestades públicas
en favor de los entes instrumentales, dotándolos de personalidad jurídica
pública para poder así atribuirles legalmente el ejercicio de las funciones
propias de la Administración. Esa era la clave de la operación: la
personificación pública de todas las entidades instrumentales, que usurpaban
las potestades de la Administración y donde se refugiaban los empleados
directamente seleccionados por el régimen. Blanqueo y blindaje. Blindaje y
blanqueo para hacer posible y legal el saqueo que permitiera alimentar a la
clientela. Así pues, el régimen había conseguido su objetivo.
Siendo
así las cosas, a nadie se le escapa que acabar con el régimen requiere
necesariamente la voladura de la llamada administración paralela.
Pues
bien, dejando a un lado el cínico y torpe desprecio mostrado por Ciudadanos
respecto a Vox, que puso en riesgo el propio proceso de formación, este
gobierno no deja de ofrecer evidencias preocupantes, olvidando lo que debe ser
su principal tarea. Por ejemplo, el
Risitas, en declaraciones a El Mundo, ha afirmado: “todo aquel que haya entrado de forma alegal, sin transparencia, y sus
lealtades sean hacia el PSOE y no hacia todos los andaluces, tiene que temer al
nuevo gobierno. El resto no.” En la misma línea el Cuñao ha dicho que Ciudadanos
no va a hacer una purga masiva de altos cargos en sus consejerías; de donde
cabe deducir que mucho menos la hará entre los subordinados, aunque sean
enchufados. Por si no estuviese suficientemente claro, ahí está la
macroconsejería del Cuñao, con el paquete de la regeneración democrática, que
da a entender que el asunto no merece más importancia. A ello unimos lo de las
cacareadas auditorias, que recaerán ¡sólo sobre las agencias empresariales!
(sepa el lector que, por tanto, el SAE, agencia en la que se integró la FAFFE y
su personal, no será objeto de escrutinio). Auditorías que realizará ¡¡¡la
Intervención de la Junta!!! Para partirse de risa, los ciegos, sordo y mudos
(durante cuarenta años) recuperan milagrosamente los sentidos. Y, para colmo,
del resultado de estas auditorías y del dictamen sobre la eventual eficacia o
ineficacia de estos entes dependerá la decisión del Gobierno sobre su
pervivencia o liquidación. ¡Acabáramos!
O
no se enteran o no quieren enterarse: no se trata de una cuestión de eficacia,
se trata de una cuestión de legitimidad del sujeto actuante. Por muy eficaz que
pudiera resultar la gestión de estos entes (que no lo es), la cuestión esencial
es que legalmente no están legitimados para realizarla.
Por
tanto, permítasenos tomar las palabras del celebérrimo discurso de Ortega: ¡No es esto, no es esto! Si de verdad se
pretende un cambio real, y no una mera operación de estética, el nuevo gobierno
tiene que empezar por deshacer la trama urdida por el régimen. No caben
componendas.
Lamentablemente, los hechos y los personajes en escena ofrecen
más motivos para el recelo que para la esperanza -por cierto, parafraseo a
Thomas Hardy-.
Así
las cosas, no resulta aventurado augurar una corta vida al gobierno del cambio. No durarán una legislatura; en primer lugar
por su torpe ignorancia de la aritmética: es decir, no saber que 47 es menos
que 50. En segundo lugar, porque los dos
cónsules parecen más interesados en heredar el régimen que en liquidarlo.
Enero, 2019
