La
niebla esconde el precipicioa
los que están destinadosa
rodar por él.(W.
Scott, El talismán)
Llegó al poder por una moción de censura, fundada en la supuesta corrupción de su oponente, valiéndose para ello de una sentencia de la Audiencia Nacional, en la que era ponente el magistrado José Ricardo de Prada, de acreditada parcialidad zurda. Tales fundamentos fueron rotundamente refutados por el Tribunal Supremo, que dejó meridianamente establecido que ni el Gobierno ni su presidente ni ninguno de sus ministros ni el Partido Popular ni ninguno de sus militantes habían resultado condenados en la referida causa.
Lo cual viene a significar que la moción de censura que alzó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno estuvo fundada en una obscena y burda manipulación de la referida sentencia, es decir, en una gran mentira; de igual manera, en definitiva, que su biografía y todo su mandato. Transcurridos los años, no nos sorprende en absoluto que el que se ha revelado como el mayor mentiroso de la historia política española accediera al poder a lomos de una mentira. Pura coherencia histórica. No les importó, sin embargo, a los que lo habían votado, que todas sus mentiras hubiesen sido descubiertas y desacreditadas, siguieron votándolo.
Unos años después, dos presidentes de su partido, el PSOE, -y presidentes, asimismo, de la Junta de Andalucía; aunque incurramos en pleonasmo, queda reflejado-, Chaves y Griñán, fueron -estos sí que realmente- condenados en firme por el Tribunal Supremo por delitos de corrupción política, por el mayor saqueo de fondos públicos conocido en la historia, no ya de España, sino del mundo occidental. Ninguna censura, ni en forma de moción ni en ninguna otra forma, mereció el hecho para los antiguos censores de corruptos imaginarios. Ningún fariseo de la hipócrita secta socialista se rasgó las vestiduras ante tan descomunal escándalo.
Sobra decir, pues lo sabemos con certeza, que si los dos presidentes corruptos hubiesen sido, en lugar de socialistas, de cualquier otro partido del centro o la derecha, tal partido habría desaparecido a manos del comando mediático progresista, y sus protagonistas se pudrirían en la cárcel. Pero como han sido socialistas, ni pisarán la cárcel ni el partido pagará peaje alguno por su corrupción. Y, por supuesto, tan escandalosos sucesos, no les importó a sus votantes, que siguieron votándolo.
Al poco tiempo, nos arrebató la libertad a todos los españoles, decretando dos estados de alarma, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales. Nos sometió, como son sometidos los súbditos de una satrapía bananera o una dictadura comunista, a un ilegal toque de queda; y, no pareciéndole suficiente tal vejación y ultraje, fue un paso más allá decretando un ignominioso arresto domiciliario de la ciudadanía; contraviniendo de forma despectiva y ominosa la letra de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, que expresamente dispone que el derecho reconocido en el artículo 19 de la CE, esto es, el derecho a elegir libremente el lugar de residencia y a circular libremente por el territorio nacional, libertad deambulatoria, sólo puede ser suspendido en el caso de que el Congreso autorice la declaración de estado de excepción. Sin embargo, este infame Gobierno, sin haberse declarado el estado de excepción y excediendo las facultades que le otorgaba la situación jurídica de estado de alarma, y pese a haber sido advertido de ello por insignes juristas, osó suspender la libertad deambulatoria en contra de lo expresamente dispuesto en el ordenamiento constitucional, que, por demás, solamente autoriza a limitar –que no a suspender- tal derecho, en horas y lugares determinados, y no en todo el territorio nacional y durante todo el tiempo, como hizo el despótico Gobierno, imponiéndonos a todos, sin juicio, la pena de un ultrajante arresto domiciliario. El Tribunal Constitucional declaró incompatibles con la Constitución tales disposiciones. Tal como, por cierto, habíamos señalado algunos ciudadanos -a lo publicado, por ejemplo, en este blog me remito- y advertido prestigiosos juristas; pero, claro, sobradamente sabemos que el desprecio del déspota -y, en este particular asunto, el de su mano derecha, la inefable vicepresidenta Calvo- hacia la ciudadanía y hacia el Estado de Derecho sólo tiene parangón con su ignorancia, de la que, para nuestra desdicha, continuamente dan muestras. Todo ello, siendo tan grave, no importó, sin embargo, a sus votantes -aun siendo víctimas, asimismo, de la ilegal y arbitraria privación de libertad-, ¡Vivan las caenas!, pues.
En ese mismo contexto despótico –hábil-vil- mente urdido bajo la excusa de la pandemia-, concentró en el ejecutivo bajo su mando todo el poder de los demás entes territoriales del Estado: “1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno. 3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares...
Y, al amparo de ese autootorgado poder omnímodo, convirtió las residencias de ancianos en cárceles; de las que no se podía entrar ni salir. Decretó el desamparo familiar y asistencial de los ancianos, su aislamiento; los abandonó a su suerte. Mutó las residencias en morgues. Muchos ancianos murieron, desamparados, sin el consuelo de los suyos en su último suspiro, sin una mano a la que agarrarse en el último adiós. Un adiós que, como nos ocurrió a tantos, ni siquiera pudimos dispensarles al pie de la tumba. Ni siquiera las lágrimas nos fueron permitidas; ni los negros crespones, en su lugar, aplausos a las ocho, fue lo decretado por los tentáculos mediáticos del sátrapa. Tan lúgubres y flébiles sucesos no conmovieron, sin embargo, a sus votantes; y, pese a que muchos de ellos adquirieron en ese trance la condición de huérfanos, gracias al Gobierno que ellos mismos habían propiciado, ningún remordimiento, ni la memoria de los suyos, les impidió seguir votándolo.
Cegado en su deriva dictatorial, días más tarde decretó el cierre del Congreso de los Diputados; como hicieran Lenín en 1917, o Hitler en 1933, o Maduro y Delcy Rodríguez -a la que hizo de mozo maletero un infame ministro sanchista, sin dignidad y sin vergüenza- en 2019. Y el Tribunal Constitucional volvió a declarar que con ello vulneraba, una vez más en su mandato, la Constitución. La sentencia consideraba que “la declaración del estado de alarma, como la de cualquiera de los otros dos estados [excepción y sitio], no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados”. De nuevo, el déspota se excedía en sus autootorgados poderes, violando los derechos constitucionales de la ciudadanía y sus representantes legítimos. Pero esto a sus votantes no les importó.
Todos recordamos lo sucedido en Cataluña en el año 2017, que terminó con la declaración de independencia por parte de la Generalitat. Tales hechos, conocidos como el procés, dieron lugar al enjuiciamiento y condena de sus líderes por el Tribunal Supremo y a la desestimación de su recurso ante el Tribunal Constitucional. Tras lo cual, burlando a la justicia y a la ley, el Gobierno dictatorial indultó a los golpistas y, para conseguir el apoyo de éstos, con el fin de retener el poder, suprimió del código penal el delito de sedición y modificó esencialmente el de malversación; delitos por los que habían sido condenados los golpistas, y que, de permanecer en el código penal, constituirían un obstáculo para llevar a cabo un nuevo intento sedicioso. Tampoco esto importó a sus votantes.
Caracteriza a un gobierno dictatorial y despótico eliminar cualquier sistema de equilibrio y contrapoderes que pueda poner en riesgo su poder omnímodo y la consecución de su propósitos; aspira a socavar el pluralismo político y no dejar margen alguno a la disidencia y a la oposición ni, por supuesto, a la alternancia.
Así pues, la libertad de expresión, junto con la verdad, fueron la primera víctima de la ambición del césar. No se nos olvidan las palabras de aquel mayoral de Marlaska revelando, durante una rueda de prensa en la Moncloa, que el instituto armado trabajaba para "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno (…) y la desafección a instituciones del Gobierno". Declaraciones corroboradas después por la propia ministra portavoz del Gobierno: "No podemos aceptar que haya mensajes negativos, en definitiva falsos". Luego siguió el señalamiento y persecución de medios, periodistas y ciudadanos por sus opiniones disidentes. Sin comentarios.
A eso siguió la voladura de la ya periclitada, si no herida de muerte desde 1985, separación de poderes; sometiendo al Poder judicial a su despótica ambición, mediante el belerofóntico recurso -que diría Juan Benet- de designar, contra lo dispuesto en la Constitución, a la totalidad de los miembros de su órgano de gobierno, y de transformar, por el mismo procedimiento, el Tribunal Constitucional en una sectaria tertulia tabernaria de ignorantes del derecho y enemigos de la justicia y la libertad, pero de inquebrantable obediencia a los propósitos del dictador.
Respecto al legislativo, convertido de nacimiento, por mor del sistema electoral partitócratico, en mera correa de transmisión del ejecutivo, sólo faltaba ratificar, para que no hubiese duda de quién manda, su degradación y subordinación con inequívocos signos de humillación y sometimiento. Y lo hizo al modo fernandino, me refiero a Fernando VII, el felón que en tantas cosas le sirve de ejemplo y guía, y, así, como aquél, encumbró a zapateros remendones, mozos de cuadra y aguadoras, a la dirección del Congreso y de sus servicios jurídicos; asesorado, sin duda, por esa lumbrera andaluza (hombres de luz, que a los hombres…) socialista que, en los albores del régimen, fijó la doctrina que luego habrían de seguir todos ellos de manera inquebrantable: “No hace falta que sepan, que sean dóciles y sumisos.”
Siguiendo en esa línea de control y sumisión, colonizó en su beneficio las altas magistraturas del Estado, como la Fiscalía, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, etc.; y parasitó empresas e instituciones públicas enquistando en la dirección de las mismas a amiguetes y correligionarios de su cuerda: Correos, Renfe, Puertos, Hipódromos, Paradores, CIS, CNMC, RTVE, Patrimonio Nacional, Agencia EFE, y un largo etcétera; nada, absolutamente nada, siendo público, pudo librarse de quedar sometido a sus arbitrarios designios; ni siquiera las embajadas, imagen del Estado en el exterior, y la prestigiosa carrera diplomática, pudieron salvarse de su despotismo, y le sirven ahora de regalía -como consuelo y prenda- para ángeles caídos. Por supuesto que quien así actúa no deja desamparada a la propia familia; y, así, sabemos por la prensa, escasa prensa, que el autócrata ha beneficiado con influencias y recursos públicos, a padres, hermano, esposa, y suegro. ¡Ay de Rajoy si se hubiese atrevido!
Con tales criterios, ignorantes del mérito y la capacidad, la iniquidad suele venir, inexorablemente, acompañada de la incompetencia y de la inepcia. Así, entre los logros más significados de un Gobierno de sectarios e ineptos, no es de extrañar que se encuentren la excarcelación de terroristas con delitos de sangre, la reducción de condenas a más de mil violadores y agresores sexuales, o que el precio del MW/hora llegara a los 600 euros, que la gasolina superara los dos euros el litro, el aceite los 10 euros, o que la carne, el pescado o la fruta, se hayan convertido en artículos de lujo, y que la desmesurada deuda pública hipoteque sombríamente el futuro de la nación y de las generaciones venideras.
Nada de lo expuesto en este sintético repaso de los cinco años de dictadura sanchista, pese a ser tan desolador, importó a sus votantes que, en 2023, siguieron votándole.
Consciente de ello, es decir, por un lado, de que ya nada hay en el Estado que escape a su despótico control y ose o pueda oponérsele, y, de otro, que existe una masa incondicional de seguidores, dispuestos a aprobar y justificar el uso de cualquier medio, por abyecto que este sea, con tal de que sirva para seguir en el poder e impedir la alternancia política, se embarca ahora en lo que ha de ser su último reto: liquidar la Constitución y desmembrar España, y, de paso, la monarquía. Acaba de comenzar, con la tramitación de la ley de amnistía, la representación del primer acto de este infame drama. El Gobierno y sus socios hablan ya sin tapujos en el Congreso de la plurinacionalidad del Estado; ciscándose en las doradas letras de la Constitución, que proclama que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Peaje que, aunque gustosamente, ha de pagar a aquellos que -con lo que el propio dictador ha denominado dictadura de la mayoría- han contribuido a adulterar el resultado de las elecciones, alzando al trono al derrotado. Que esto suceda, no importará en absoluto a sus votantes, más bien, al contrario; pues, como refería sir Walter Scott, citando a Cromwell, son servidores de la Providencia, es decir, partidarios del Gobierno que triunfa, sea cual fuere.
Por nuestra parte, digo la de aquellos excluidos del paraíso sanchista, los del otro lado de su muro, no nos queda más remedio que resistir hasta el deliquio, cada cual con sus armas, con el ejemplo, con la pluma, con el testimonio, con la palabra, antes que vernos, como mansos bueyes, complacidos o resignados bajo el yugo del tirano.
Diciembre de 2023
