LA REGENERACIÓN Y LA MUJER DEL CÉSAR


Cuenta Plutarco en las ‘Vidas paralelas’ que César repudió a su esposa, aun sabiéndola inocente de las acusaciones de que era objeto; y preguntado por qué lo hacía entonces, respondió: “Porque estimé que mi mujer ni siquiera debe estar bajo sospecha”. Y es que en la política –como, especialmente, en la Justicia, y, en general, en todos los asuntos públicos- la apariencia de las cosas importa tanto como su esencia. Sin embargo, desde aquellos lejanos tiempos, la política ha degenerado lo bastante como para desplazar el quid de la cuestión desde la ética del ‘no sólo basta serlo, también hay que parecerlo’ a la del “no es necesario serlo, basta con parecerlo” para llegar en estos tiempos al “ni serlo ni parecerlo, lo importante es que la opinión pública se trague la mentira”, que es lo que se practica cuando el cuerpo social, la ciudadanía, sucumbe a la propaganda y carece de criterio. Lamentablemente, lo que aquí sucede.
Esa es la política que practica el cónsul lúteo –Juan Marín para el registro civil-, y de esa mala índole da fe el hecho de que, no teniendo más currículo que un doctorado en chaqueteo camaleónico –ha pastado, por ahora, en el pesebre de cuatro partidos-, es tan osado o, como dicen aquí, tan ‘sobrao’ que -emulando al maestro Ciruela, que no sabía leer y puso una escuela- no le ha bastado alzarse con la Vicepresidencia de la Junta, sino que se ha nombrado a sí mismo tetraconsejero de Justicia, Turismo, Regeneración y Administración Local.
De modo que el cónsul junior –en la época actual, el Juanma Chico- que, ignorando tantas cosas necesarias para la buena marcha de la res pública, no ignora, sin embargo, lo que conviene a sus intereses personales y partidarios, y que no ha tenido pudor ni empacho a la hora de designarse onanísticamente, aplica la misma regla a la hora de designar a otros para las altas magistraturas de la Junta, despreciando no sólo la sabia máxima de César sino a la ciudadanía andaluza. Y así, para dirigir la oficina judicial y fiscal de Andalucía ha nombrado al abogado del famoso director general de los Eres, para el Turismo a un directivo de una de las agencias de la administración paralela, sostén y refugio clientelar del corrupto régimen socialista y, cómo no, para abanderar la ‘regeneración y la transparencia’ a la persona menos idónea para ello.
Juzgue el lector: la persona designada –lo de menos es su nombre- declara en su currículum, publicado en la Web oficial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, lo siguiente: “Ha sido asesora técnica en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante 15 años…”
Pues bien, esa afirmación enmascara una mentira y una usurpación de funciones públicas. Y, lo que es peor, la realidad subyacente bajo la misma pudiera ser constitutiva de infracción penal; concretamente, prevaricación y fraude en la contratación.
No es verdad que la señora designada haya sido ‘asesora técnica’ en la Consejería de Medio Ambiente, por la sencilla razón de que esta señora no es, ni ha sido, funcionaria –ni de carrera ni interina-. Sin embargo, la expresión “ha sido asesora técnica”, pretende dar a entender lo contrario; es decir, que ha sido funcionaria. Cualquiera puede saber, consultando las Relaciones de Puestos de Trabajo, que el puesto de ‘asesor técnico’ es un puesto estandarizado que existe en todas las consejerías de la Junta, y que, obviamente, para su desempeño se exige necesariamente ser funcionario –de carrera o interino-. En la citada consejería, como en las demás, aparte de tales puestos, no existe ningún otro empleo de ‘asesor técnico’ que pueda ser desempeñado por alguien que no tenga la condición de funcionario.
Pues bien, siendo así, el lector se preguntará por qué entonces se afirma tal cosa. Pues muy sencillo: para enmascarar la realidad. Realidad que no encaja muy bien con la naturaleza y funciones del cargo para la que es designada: nada menos que la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, con rango de viceconsejera.
Al parecer, el vínculo jurídico mediante el cual esta persona prestó servicios en la Consejería de Medio Ambiente ha sido el de contratos administrativos de asistencia técnica o de servicios, sujetos al régimen jurídico regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, y no por el derecho laboral ni por el derecho administrativo funcionarial. Es decir, legalmente, su relación no era de carácter laboral. No era una empleada de la Junta de Andalucía, sino una contratista. Decimos ‘al parecer’, porque como la plataforma de contratación del portal de la Transparencia sólo ofrece datos desde 2008, sólo hemos podido constatar la existencia de dos contratos de servicios (Número de expediente: 883/08/I/00; y número de expediente: 300/2010/I/00), celebrados por procedimiento negociado sin publicidad, cuyo objeto, en ambos, era “apoyo a la gestión y seguimiento de las diferentes categorías de gastos del programa operativo FEDER de Andalucía (2007-2013)”, por importes, respectivamente, de 30.844,92€ y 55.295,24€. Curiosamente, el primero de esos contratos se adjudicó definitivamente por 30.844,92 Euros, cuando en la adjudicación provisional lo fue por un importe inferior: 26.590,45€.
Ello significa, por un lado, que la Consejería de Medio Ambiente celebró unos contratos ilícitos, pues la realización de las funciones que constituyen el objeto de dichos contratos corresponde exclusivamente a los funcionarios de la propia consejería, conforme a la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por otra parte, no podría argüirse para justificar la contratación externa la inexistencia de funcionarios para realizar tales funciones, pues tanto el Tribunal de Cuentas como la Cámara de Cuentas han señalado que ningún contrato de asistencia técnica justificado en la falta de funcionarios idóneos podría prolongarse en el tiempo más allá de lo necesario para crear las correspondientes plazas en la Relación de Puestos de trabajo. Así pues, el hecho de que esa situación se haya prolongado durante 15 años, como se afirma en el currículum oficial, no deja de ser otra prueba de su ilicitud.
Y, más aún, el hecho de celebrar varios contratos con idéntico objeto y escenario temporal (2007-2013) puede suponer un fraccionamiento ilícito de lo que pudiera ser un único contrato de –al menos- 86.000 euros y, en tal caso, podríamos hallarnos ante un posible delito de fraude en la contratación, en el que incurriría tanto el contratante como el contratista, es decir, el órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente y la adjudicataria del contrato.
Fraccionando el contrato en varios, se posibilitó que la adjudicación pudiera realizarse mediante el ‘procedimiento negociado sin publicidad’; es decir, que no se anunciara públicamente la licitación y así, como efectivamente sucedió, adjudicarse “a dedo”, sin que ninguna otra persona o entidad tuviesen la oportunidad de postularse para prestar el servicio. O sea, sin transparencia, de forma opaca y arbitraria.
Paralelamente, la ejecución del contrato supuso necesariamente que esta persona -la actual secretaria general de regeneración, racionalización y transparencia- estuviese desempeñando ilícitamente, durante ese largo período, funciones públicas reservadas por la ley exclusivamente a funcionarios públicos; todo ello sin ser funcionaria y en virtud de unos contratos asimismo ilícitos. O sea, usurpando funciones públicas.
Y ahora, responda el lector:
Si esta persona era consciente de lo  irregular –llamémosle así- de su relación jurídica, ¿es idónea para el puesto de secretaria general de regeneración y transparencia?
Si no lo era, esto es, si no alcanzaba a distinguir lo que está bien de lo que está mal, ¿es idónea para el puesto de secretaria general de regeneración y transparencia?
Por cierto, la prensa está plagada de noticias sobre procesamientos de políticos por fraccionar fraudulentamente contratos. Claro que casi todos estos casos son en la Comunidad valenciana, o en Galicia o en Madrid; y sus protagonistas son, por supuesto, del PP. Aquí, obviamente, nunca se ha producido un fraccionamiento ilícito de contratos, pues, sin  duda alguna, la Fiscalía habría perdido el culo persiguiéndolo.
Marzo, 2019