Abrasados por el calor canicular que no da respiro pese a estar tan próximo el otoño, seguimos inmersos en la contemplación de ese esperpento -que se dice política-, que comenzó en octubre de 2015. Me viene a la memoria el lúcido ensayo de Gabriel Albiac (Contra los políticos; Temas de hoy, 2008); hay que reconocer con Albiac que la responsabilidad no es de ellos. Al menos no toda.
Reproduzco
unos párrafos del ensayo:
“…Sé un político.
Miente. Y nunca pagues por ello. Todo es gratis. No hay más verdad de la
política que esa (…) ni el error ni el abuso rinden cuentas (…) que el político
sea un quintaesenciado canalla (…) es tan inexorable como las súbitas tormentas
de junio. Redundancias.”
“Sobre nosotros, sí,
cabe el reproche. Sobre quienes pagamos el sueldo de esos no fumigables malos
bichos (…) sobre quienes ni siquiera aplicamos la elemental imposición: el que
rompe paga; el que pierde se va a casa. Se le jubila. Y, a ser posible, se
borra su recuerdo. No aquí.
(…) Todo gratis: lo malo como lo necio.”
A
tan certera afirmación añadiría yo que tampoco es nuestra toda la culpa.
Repartámosla a partes iguales con los colaboradores necesarios de esta
esperpéntica seudodemocracia, me refiero a jueces y fiscales, a la justicia
(con deliberada minúscula; pues me indigna seguir la regla de la RAE en este
tema, que a mi juicio invierte y corrompe lo que debería ser correcto: que la
Justicia como virtud trascendente se escribiese con mayúscula y que la justicia
como institución humana se designara de manera acorde a sus méritos, esto es,
minúsculamente).
Aquí,
todo sale gratis a los políticos; porque la justicia y nosotros –súbditos
aborregados- lo toleramos, habría que añadir.
De
nuestra responsabilidad quedan muestras cada vez que hay elecciones o cuando
subvenimos con nuestro dinero y nuestra audiencia al aparato mediático
propagandístico de la partitocracia, y, desde luego, cuando mansamente
aceptamos sin rebelarnos los atropellos contra nuestros derechos y libertades,
contra nuestra hacienda y contra nuestra condición ciudadana por parte del
poder político. O sea, a diario.
De
los jueces y fiscales es imposible decir algo que no hayamos dicho ya. La
justicia, como dijo el poeta, vale menos que el orín de los perros y ofende más
que los canallas. Pero desde la perspectiva que estamos analizando, es decir,
la de la impunidad de la casta política, me indigna especialmente que sostengan
su abyecta complicidad sobre dos instituciones jurídicas elaboradas y
propiciadas precisamente por ellos. Me refiero a la institución de la
prescripción y a la atenuante de dilación indebida en la impartición de
justicia.
Sería
para mearse de risa si no resultara tan despreciable y nauseabundo. Resulta que
la lentitud de la justicia –deliberada o negligente; a veces una u otra y a
veces ambas cosas- sirve de coartada a jueces y fiscales para otorgar impunidad
a los canallas. Resulta, pues, que algo de lo que únicamente son responsables
ellos (jueces y fiscales) sirve para otorgar impunidad sin que, paralelamente,
se derive consecuencia alguna para aquellos que por su falta de diligencia o
por su negligencia o, incluso, dolosamente, la han propiciado. O sea, la acción de la justicia se orienta no a la persecución y castigo de los delincuentes, como debiera, sino que, por el contrario, reconociendo impúdicamente su incuria termina sirviendo de coartada para la impunidad de los canallas. ¡Qué cinismo!
No
me resisto a dejar aquí algunas muestras de lo que acabo de exponer, ocurridas
en estos días, no hace falta escarbar en las hemerotecas, esto dicen los
papeles recientes:
El ex consejero Ojeda no tendrá que devolver a la Junta un millón por las ayudas públicas recibidas. El Alto Tribunal andaluz entiende que el procedimiento de reintegro iniciado por la Junta está "caducado" (…) El tribunal exime del pago al empresario y antiguo político, que recibió 33 millones de euros en subvenciones excepcionales de la Junta de Andalucía (…) El ex consejero, que sigue estando investigado en la vía penal, ha ganado una treintena de sentencias en el plano contencioso-administrativo de un total de 60 pleitos. El importe total de todas ellas supera los 4,5 millones de euros.
Otro ejemplo: El hermano del ex presidente Borbolla, condenado a un año y medio de cárcel por las ayudas de 8 millones que se embolsó, de cuyo destino final no hay constancia, según el Tribunal sentenciador. La Fiscalía pedía para Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de socialista de Cazalla de la Sierra, siete años de prisión, pero las dilaciones en el proceso judicial le rebajan la pena a un año y medio, con lo que no tendrá que ir a la cárcel.
Otro: El caso de presunta corrupción de Isofotón, que salpica a tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, enfila su posible archivo en un juzgado de Sevilla. La victoria judicial de uno de los cuarenta investigados en esta causa, que acaba de ser exonerado por la Audiencia por defectos de forma, podría hacerse extensible al resto de implicados. La Audiencia ha exonerado a Bienvenido Martínez porque dos de las ampliaciones sobre el plazo para investigar la causa se acordaron "extemporáneamente" por el juzgado instructor. Isofotón es la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir de forma irregular, entre 2005 y 2102, más de 80 millones de euros de fondos públicos durante la etapa de los anteriores gobiernos andaluces del PSOE. El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla estaba investigando este caso desde hace más de dos años. Hay 40 investigados, 37 de ellos ex altos cargos y ex directivos de la Junta de Andalucía.
Este estado de cosas podría resumirse perfectamente con unos versos de Cervantes:
caló el chapeo, requirió
la espada,
miró al soslayo, fuese,
y no hubo nada.
