Se
cumplen dos años de gobierno del Doctor
Fraude -también conocido por El
Fraudillo o por Lázaro Estornudo-
y esto emana ya un repugnante hedor a podredumbre. Dos años le han bastado para
que su mandato empiece a parecerse mucho a un régimen, un régimen
neototalitario –algunos le llaman dictadura
constitucional-; digo neototalitario, porque se prescinde de ciertas
características de los totalitarismos –como el partido único- que quedan
moduladas sin que, sin embargo, se modifique la sustancia y los fines de estos:
la liquidación de la separación de poderes y la sumisión de forma directa o
indirecta de los poderes del Estado al Gobierno; la voladura del Estado de Derecho
y del principio de Supremacía de la Ley, y su sustitución por un modo de
actuación en el que prima el sometimiento y control, directa o indirectamente,
de jueces y tribunales, la inseguridad jurídica y la voluntad del Líder como
fuente primigenia del derecho; la amortiguación de los derechos, libertades y
garantías constitucionales, especialmente la libertad de expresión, unida al
control de los medios de comunicación; la estigmatización social de cualquier
tipo de disidencia, personal o partidista, y el acoso y persecución de sus
autores; y, por último, el establecimiento de mecanismos de perpetuación en el
poder, como el fraude electoral –en sus preparativos (CIS/PSOE-Tezanos), en su
desarrollo (la JEC multó a Sánchez y Celaa por violación de la neutralidad) y
en sus resultados (utilización del denominado ‘método abreviado’, en lugar de las actas de escrutinio de las mesas
electorales)- y la corrupción del cuerpo social, mediante la generación de una
sociedad subsidiada (como dijo Plutarco en Coriolano: parece que tenía toda la razón el que dijo que el primero que arruinó
la soberanía del pueblo fue el que primero le obsequió con banquetes y
reparticiones de dinero, o, en palabras de Roa Bastos: lo que se trata es
de reblandecer la sociedad para convertirla
en una ramera complaciente.)
En
ese caldo de cultivo no resulta nada extraño que los jueces con ambiciones y
sin escrúpulos pretendan con sus sentencias agradar a los que mandan. Más aún
si sólo son jueces sustitutos y aspiran a la estabilidad en su función
jurisdiccional. Y creo que sólo así se explicaría que una jueza sustituta
–amonestada previamente por el TSJA por su mala
actuación y dejadez- haya condenado a dos años de cárcel por un delito de
revelación de secretos al exempleado de la UGT que destapó uno de los mayores
escándalos de corrupción en que este sindicato socialista ha estado pringado.
Esta jueza hace honor al aforismo de Juvenal: perdona a los cuervos y humilla a las palomas, y pone
meridianamente de manifiesto que para este nuevo régimen (la Fiscalía, o sea,
el Gobierno, más feroz aún que la jueza contra el denunciante de la corrupción
socialista) el objetivo de los tribunales
no consiste ni de lejos en administrar Justicia, sino en el apoyo a los
intereses creados, al orden existente de las cosas, ventajoso para la casta
gobernante, por usar las palabras de Tolstoi.
De
aplicar las retorcidas tesis que fundamentan esa infame sentencia, Al Capone
jamás hubiese sido condenado, Urdangarín estaría en la calle y el contable
Carlos Van Showen, destapador del caso Filesa, en la cárcel. La excusa: la
protección de la intimidad documental de la organización (presuntamente)
corrupta. Daría risa, si no fuese tan grave el asunto, que eso se produzca
justamente ahora, cuando el Gobierno está tramitando una modificación
legislativa no solo para abolir el secreto profesional de los asesores fiscales
(muchos de ellos abogados; por tanto, abolir confidencialidad abogado-cliente)
sino convertirlos en obligados confidentes de la Administración. Y, aún más escandaloso,
delatores no ya de delitos o de proyectos delictivos sino de -usando la
arbitraria, por contraria a la seguridad jurídica, expresión de La Chiqui, la ministra sanchista- una ‘planificación fiscal agresiva’.
Luego
están los otros, los de la brigada
policial de la NN,
comandados por el reichsminister
Marlaska y su cohorte de reichskommissare,
violando, mediante la monitorización de las redes sociales, eso tan preciado
para ellos, cuando se trata de intimidar a los denunciantes de la corrupción
política, como es la intimidad; censurando la legítima crítica ciudadana al
Gobierno y atemorizando y amenazando y multando a los ciudadanos que portan
orgullosos los símbolos del Estado, como
su bandera, o coartando su derecho a deambular libremente por los espacios
públicos. Se ha llegado al hecho escandaloso de que desde el propio Gobierno, a
través de su vicepresidente segundo -el del ‘jarabe democrático’, el que dijo que la policía no protege a la gente, sino que son matones al servicio de
los ricos, y que no protegen a la gente sino a la gentuza- se use a la
Guardia Civil para resguardarse de la pacífica indignación ciudadana contra su
persona, como si se tratara de su guardia pretoriana; qué razón tenía con lo de
proteger a la gentuza. Y, en el colmo del delirio totalitario, este déspota
vicepresidente del Gobierno, emulando el matonismo de sus admirados Chaves y
Maduro, azuza a la chusma violenta de su secta contra los ciudadanos que
ejercen pacíficamente sus derechos constitucionales y contra los periodistas y
los dirigentes de los partidos políticos que no se someten a sus dictados.
Es
inaceptable, aunque pueda resultar comprensible, que los miembros de los
cuerpos policiales, sus mandos intermedios y el conjunto de policías y guardias
civiles de los cuerpos y escalas básicas, acepten mansamente –salvo honrosas
excepciones- el cumplimiento de órdenes manifiestamente inconstitucionales. La
obediencia debida no puede ser pretexto o justificación de actuaciones
policiales contra los derechos de la ciudadanía. Decía Eduardo Mendoza en una
de sus novelas que “una de las grandes
desgracias de las personas honradas es que son cobardes. Gimen, se callan,
cenan y se olvidan…” Eso está pasando con nuestros cuerpos policiales, y
ojalá llegara a hacerse realidad el temor que manifestaba ante su banda uno de
los gánster de la película La jungla de
asfalto: “…la experiencia demuestra
que no se puede confiar en la policía, cuando menos te lo esperas se ponen de
parte de la Ley.”
Ojalá,
digo, porque si eso no sucede mutaran en policía de partido y los ciudadanos en
presos sin cárcel, como dijo R.
Kipling.
No
caben medias tintas ante un Gobierno despótico.
Negro mayo de 2020
