Lo
eligieron en una revuelta,cuando
era ley lo necesarioy
no lo justo. Ya es hora deque
lo justo se declare necesario.(Shakespeare,
Coriolano)
Decía Alexis de Tocqueville que las instituciones humanas son por su naturaleza tan imperfectas que basta casi siempre para destruirlas sacar todas las consecuencias de sus principios. Esto justamente es lo que nos toca padecer en este oscuro e incierto tiempo político. El sistema electoral de nuestra precaria democracia fue diseñado para favorecer la partitocracia, es decir, la prevalencia de las oligarquías partidistas sobre la voluntad ciudadana, que de ese modo resultaba de facto dirigida y pastoreada por aquella, como si de un rebaño se tratara; movidos, tal vez, los legisladores por la buena intención de paliar la bisoñez o de ilustrar la ignorancia o de aliviar la impericia en las tareas democráticas del noble pueblo español, tras cuarenta años de dictadura; así pues, listas cerradas y bloqueadas; y, también, para dar satisfacción a los nacionalismos periféricos, minoritarios en el conjunto de la nación: circunscripción electoral ad hoc y sistema D’Hont. Es de agradecer que los políticos, desde los tiempos más remotos, siempre han actuado movidos por fines nobles y puesto el pensamiento en el bien común y no en su propio interés; disculpe el lector el desahogo.
Llevado a sus últimas consecuencias, el sistema ha implosionado: los nacionalismos vasco y catalán muy minoritarios en el conjunto del electorado, y enemigos declarados de la nación española, cuya desaparición pretenden, pero admitidos y financiados, paradójicamente, por sus potenciales víctimas, han impuesto a ésta sus infamantes pretensiones, encaminadas en última instancia, no se olvide, a la voladura de la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, como proclama solemnemente nuestra Constitución. Para que esto sucediera sólo ha sido necesario, por un lado, extraer todas las consecuencias de los volátiles principios en que se fundó nuestra democracia, como advirtió Tocqueville; y de otro, hallarnos en un contexto social en el que -parafraseando lo dicho por David Mamet- no existe sino una laxa asociación de intereses bajo el manto de la religión civil. En eso ha acabado parando la democracia: la ley del populacho. El populacho erigido en dios, que se glorifica a sí mismo, bajo la batuta y las ínfulas del sumo oficiante: un sátrapa oportunista sin escrúpulos que, hay que reconocerlo, supo aprovechar el contexto y el momento. Porque, como ya advirtiera siglos atrás Montaigne, ¿qué tirano ha carecido alguna vez de bastantes hombres dedicados a venerarlo?; pues la mayoría de las personas libres entregan su vida y su ser al poder de otros a cambio de muy livianas ventajas…
Si analizamos los acuerdos que el Partido Socialista ha concertado con los nacionalismos disolventes de la patria, para que el déspota Sánchez pueda permanecer en la Moncloa -que no por otro motivo, como cínicamente osan admitir-, constatamos que con ellos se consagra la decadencia y ruina de la periclitada democracia española. Tales acuerdos suponen la voladura del sistema democrático consagrado en nuestra Constitución y la abolición de los principios sobre los que se sustenta cualquier democracia: La igualdad, la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder, la división de poderes, las libertades civiles.
Porque, tales acuerdos entrañan el establecimiento de privilegios sociales, fiscales y económicos en favor de los vascos y los catalanes; privilegios que suponen de hecho la quiebra del principio de igualdad entre los españoles y el establecimiento de ciudadanos de diferentes categorías en función del territorio al que pertenezcan. Se supone que la igualdad es la bandera del socialismo; sin embargo, nunca ha sido tan ultrajada la igualdad entre ciudadanos sino a manos de los socialistas. Y no sólo por esto, sino porque parejamente, con sus indultos y amnistías, y con su sometida Fiscalía, han constituido una casta inmune a la ley y al derecho, una casta que, como decía Tolstói, en lugar de estar en la cárcel, ocupan sillas presidenciales en diversas instituciones, pese a ser responsables de una variada serie de delitos.
Porque tales acuerdos, asimismo, son un atentado contra el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la separación de poderes, desde el momento en que establecen que el poder político puede constituirse en último intérprete de la ley y en tutor y corrector de la actividad de los jueces y tribunales. Y no digo ahora nada sobre el Tribunal Constitucional, como instrumento al servicio del poder político y no como garante de la Constitución, porque ese golpe al Estado de Derecho ya fue perpetrado, y ya me pronuncié sobre el asunto en una anterior pieza.
Permítaseme aquí una pequeña digresión: resulta hilarante la hipocresía, el cinismo y el sectarismo de la ‘Asociación jueces para la democracia’ que no se escandaliza ni critica que el Gobierno, mediante el recurso espurio de la amnistía a los golpistas catalanes, prive al Poder Judicial de su facultad constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino sólo del mal llamado lawfare -barbarismo que pretenden inocular en nuestro idioma, como si no tuviésemos ya expresiones suficientes, como desviación de poder o prevaricación judicial o arbitrariedad, etc., para definir tal concepto-, trampantojo cuya verdadera finalidad es la de amedrentar a opositores y disidentes, jueces incluidos, porque, en tal caso, las potenciales víctimas serían directamente ellos y no el interés general y los principios de justicia e igualdad, que sustentan e inspiran nuestro ordenamiento jurídico; esto último parece no importarles a los ropones de ‘jueces para la democracia’.
Porque tales acuerdos, prosigo, suponen un atentado contra las libertades civiles. Particularmente contra el derecho de establecimiento, el derecho al trabajo, la libertad deambulatoria, la igualdad de oportunidades, el acceso a los servicios públicos esenciales, etc, desde el momento en que el ejercicio de tales derechos puede ser condicionado en los territorios vasco y catalán con exigencias o vetos ajenos al derecho común de la nación. Pero sobre todo se resiente la libertad de expresión, primera víctima siempre de cualquier régimen autoritario y que desgraciadamente ya venimos padeciendo, desde el momento en que, bajo la dictadura sanchista, la disidencia ha sido no sólo estigmatizada socialmente sino perseguida en las leyes, como sucede con la leyes de memoria, de género, o con el aberrante ‘delito de odio’; como dijo hace tantos siglos Tácito, si antaño sufrimos los crímenes, ahora padecemos las leyes.
Hemos necesitado que todo ello haya sido corroborado por los terribles hechos para tomar conciencia del momento; ahora, cuando ya es, probablemente, tarde y no tiene arreglo ni se puede deshacer, como premonitoriamente advirtió Javier Marías en su última novela.
Ahora constatamos amargamente que nuestro sistema político no dispone de ningún mecanismo de defensa que pueda oponerse y frenar los ataques contra la Constitución y la democracia propiciados y ejecutados desde el propio poder político; a excepción, claro está, del Tribunal Constitucional, garante supremo de la Constitución y de los principios que sustentan nuestra democracia, pero ya sabemos que una vez neutralizado este recurso y convertido, como lo está ahora, en refugio de una casta partidista incapaz de actuar si no es al dictado de quien lo sentó en la poltrona, ningún obstáculo se interpone ya en el camino de la dictadura y la liquidación de España como patria común e indivisible de todos los españoles.
Fijamos, entonces, nuestra salvación en la Unión Europea. Ingenuamente, afirmo, y, como el Dante, añado: lasciate ogni speranza. Ninguna salvación vendrá de Europa; no, desde luego, de la mano de los Borrell o los Von der Leyen; ya hemos visto cómo el prófugo Puigdemont ha buscado refugio frente a la justicia española en los propios salones de la Unión Europea. Estamos solos ante este desafío. Nadie vendrá de fuera en nuestro auxilio; ni siquiera entre nosotros mismos, entre las víctimas, digo, habrá unidad en el afán; los canarios, por ejemplo, otros que miran cómo sacar ventaja de la desgracia ajena, no moverán un dedo en defensa de la patria, mas puede que llegue un momento en que tengan que lamentarlo más aún que nosotros, los españoles peninsulares, al tiempo.
Admitiendo lo que ya parece inevitable, sólo nos quedará un consuelo, y es este: que por la naturaleza de las cosas -aun siendo esta tan manifiestamente contraria a nuestra Constitución y nuestras leyes- vascos y catalanes lograrán su objetivo.
Como en el banquete de Baltasar, los traidores a la patria han dejado escrito en sus desmoronados muros el mismo siniestro mensaje: Pesado, medido, dividido.
Dentro de unos años, lo que quede de España, llámese como se llame, tendrá que decidir su futuro. Tendremos, entonces, la palabra y la oportunidad de decidir qué seremos. Confío, entonces, que ningún consorcio político deseará esta demediada nación con aquellos que destruyeron lo que fue patria común. Del mismo modo, imagino, ningún traidor rompepatrias se librará de rendir cuentas por su traición: tendrán que elegir entre la cárcel o el exilio.
Sin renunciar a defender, pacíficamente, pero resueltamente lo que es nuestro, sírvanos eso de consuelo y alivio en estos tristes y graves momentos.
Negro noviembre de 2023