Veo a T & M -Toxo y Mocho, pronúnciese tocomocho- de gira
por las televisiones promocionando el producto insignia de su factoría: la demagogia
biliosa y cainita, y pienso que es cierto eso que dicen de que la historia es
como la mala morcilla, que se repite.
Los veo inseparables en la pantalla y en el ejercicio
mancomunado de la propaganda y la
mentira, y se me antoja que la espiral de la historia nos devuelve la vieja
institución consular romana. Sólo que estos dos son cónsules de la mangancia, que
viven del cuento; en nada parecidos a Cicerón, o a Cincinato, que dejó el
consulado por el arado.
Los veo, pues, como un eructo de los tiempos, una flatulencia
histórica. Con toda su pestilencia.
Nos llaman a secundar la huelga del segundo trimestre (no
piense el lector que desvarío: el año sindical, cuando no es sabático, como los
siete anteriores, no tiene la misma extensión temporal que el año natural); y,
con motivo de tan heroico acontecimiento revolucionario, no quiero dejar pasar
la ocasión de expresar lo que pienso sobre tirios y troyanos -sobre tibios y
tiranos.
Comencemos por los convocantes (es decir, la hidra de cuatro
cabezas PSOE, IU, UGT y CCOO, que gobierna Andalucía) y sus motivos. Dicen que el
paro, los desahucios, los recortes en educación, investigación, sanidad,
servicios sociales, etc., justifican sobradamente una huelga general contra el
Gobierno de la Nación. Bien, pudiera ser, si el Gobierno de la Nación fuera el
responsable.
Pero ¿quién es aquí, en Andalucía, el responsable de la
política económica, de empleo, de vivienda, de urbanismo, de educación, de
investigación, de sanidad, de servicios sociales?
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dice que es
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la educación (artículo 52), la
investigación (art. 54), la sanidad (art. 55), los servicios sociales (art. 61),
la vivienda y el comercio referido a la vivienda, su regulación y las medidas
de protección del comprador (art.56).
Por tanto, ¿qué o quién les impide aumentar el número de
profesores, o de colegios, o de comedores escolares, o de rutas de transporte y
no cobrar por usar los servicios educativos. Quién les impide bajar las tasas
universitarias, o eliminarlas, o eliminar las que cobran a los profesores en
paro -o a los médicos, o a los barrenderos- por presentarse a las oposiciones?
¿Quién o qué les impide aumentar el número de facultativos,
de centros de salud, de camas hospitalarias, o de otros servicios sanitarios?
¿Quién, sino ellos, determinan el presupuesto destinado a
investigación en Andalucía?
¿A quién sino a ellos les corresponde aprobar medidas de
protección de los compradores de viviendas -por ejemplo, frente a los
desahucios injustos- tal como fija el artículo 56 del Estatuto?
En definitiva, ¿qué les impide hacer que los andaluces
tengamos mejores servicios; o que los que tenemos se mantengan y no se
recorten?
Yo me pregunto entonces, ¿es verdad o es mentira lo que dice
el Estatuto? ¿Es verdad que tenemos un parlamento y un gobierno para ocuparse
de lo que la ley les encomienda, o sólo están para cobrar y disfrutar de
privilegios? Porque si nada tienen que ver con ello ¿para qué los necesitamos y
los mantenemos a cuerpo de rey?
Así pues, si existen recortes en los servicios, sabemos que
no es culpa de Rajoy, que no gobierna aquí, sino de Griñán y de Valderas, y de
sus respectivas sanguijuelas sindicales. Si faltan profesores, o médicos o
investigadores; si en un barrio no hay colegio o centro de salud, si los
profesionales están mal pagados o si se cobran tasas abusivas por los servicios,
sabemos quienes son los responsables: los que gobiernan aquí, no los que
gobiernan en Pekín.
Y respecto a la política económica y social, reconocen que es
su responsabilidad (¡su logro!), y se jactan de que la política económica y
social la hace el gobierno (PSOE e IU) de acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO;
y presumen de que esa forma de gobernanza es un referente básico. El propio
Presidente Pepe II lo ha dicho hace unos meses: “en Andalucía hemos aprendido a
abordar los problemas desde el diálogo y el espíritu de colaboración. De este
modo, hemos hecho, de la concertación… el instrumento más eficaz para elaborar
nuestras políticas económicas y sociales...” (Discurso del 28 de Febrero de
2012).
Y en el vigente Acuerdo de Concertación Social de Andalucía
(2010-2013), puede leerse: “…desde el año
1993, los sucesivos ejecutivos andaluces han puesto en marcha y desarrollado
una forma de gobierno basada en la negociación y la búsqueda del acuerdo con
los agentes económicos y sociales más representativos…cuyo principal resultado
ha sido una serie de cambios estructurales que han contribuido de manera
decisiva a alcanzar una senda de crecimiento económico sin precedentes en la
historia de Andalucía. Esta forma de gobernar ha sido recogida en distintos
preceptos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, que vienen a consagrar la concertación como un referente
básico en la gobernanza de Andalucía…”.
Es decir, ellos mismos declaran que son los autores y
responsables de las políticas económicas y sociales que se hacen en Andalucía.
Ahora bien, la cuestión es que frente a ese “crecimiento económico sin precedentes
en la historia de Andalucía” que dicen haber conseguido con su gestión, la
realidad nos muestra otra cosa.
Veamos, por ejemplo, cual es la situación respecto al
principal problema de Andalucía, que supera la categoría de problema para
convertirse en verdadero drama social: el desempleo. Cuando se firmó el vigente
Acuerdo de Concertación -24 de noviembre de 2009-, la tasa de paro según la
Encuesta de Población Activa (EPA) era en Andalucía de un 26,33%; y el número
de desempleados superaba la escalofriante cifra de un millón (exactamente,
1.034.000). Hoy, transcurridos tres años de vigencia del Acuerdo, los
resultados de su magnífica política son –según la EPA del tercer trimestre de
2012- una tasa de paro del 35,42% y un número de desempleados que llega a la
estratosférica cifra de 1.424.200.
Es decir, en los últimos tres años, el PSOE, IU, UGT y CCOO,
han conseguido aumentar la tasa de paro en 9 puntos porcentuales, incrementando
el número de desempleados en 400.000; o sea casi un 40%.
Si a ello unimos que el Acuerdo de Concertación nos ha
costado a los contribuyentes 19.000 millones de euros, de los que buena parte
han ido a parar al cofre del tesoro de los sindicatos (“la Junta de Andalucía desvió entre 2006
y 2010 más de 2 millones de euros a cinco empresas tapadera de ámbito
estatal detrás de las que estaban los sindicatos UGT y Comisiones Obreras; La
Razón, 28 marzo 2012), o a los
bolsillos de los sindicalistas (como Juan Lanzas, dirigente de la UGT, o Juan
Antonio Florido García, dirigente de CCOO de Andalucía ambos investigados por
la juez Mercedes Alaya), o directamente a los estómagos de los dirigentes
socialistas (“el expresidente de INVERCARIA gastó, sólo en 2009, 24.264,62
euros en restaurantes”; El Mundo, 6 de noviembre 2012), ¿no tendríamos motivos
sobrados, no ya para una huelga, sino para una revolución?
Lo expuesto pone de manifiesto que la huelga del 14N no es
sino un acto más en la estrategia antidemocrática de una izquierda que no
acepta las reglas del juego; que deslegitima a quien gobierna, cuando no es
ella; y que pretende conseguir por otros medios lo que las urnas le han negado.
Siempre ha sido así, desde los tiempos de la república.
No obstante, yo veo con buenos ojos que el “gobierno andalú
de pogreso” huelgue. Es más, lo imploro: hagan huelga señorías; los hechos
demuestran que su desidia es menos dañina que su cuidado.
Max Estrella, cesante de
hombre libre.
Noviembre, 2012