Cuando vi el decreto-ley 6/2010 publicado en el boletín
oficial de la Junta de Andalucía algo me llamó poderosamente la atención.
Hacía
unos días que lo había leído, cuando aún estaba en “papel de decisión”,
incubado en la web oficial de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, esperando ser dado a la tipografía burocrática. Conocía bien su
contenido, lo había analizado, había escrito sobre él e, incluso, había tenido
el honor, sin duda inmerecido, de ver publicadas mis reflexiones. De modo que
cuando leí su título la estupefacción me dominó. Volví a leerlo, era cierto:
“Decreto-ley 6/2010...de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010...”; lo
releí, mis ojos, aunque ya cansados, no me engañaban.
El
estupor dio paso en mí a la indignación, y ésta, poco a poco, cedió su lugar a
la rutina de lo cotidiano -que al cabo se impone sobre todo-, dejando, sin
embargo, un poso amargo en el ánimo; como una radiación de fondo de melancolía,
que va aflorando a la conciencia de modo recurrente e inesperado. E inevitable,
también. Ese estado de ánimo que deja la impotencia ante la injusticia y la
mentira oficializada y triunfante.
Porque
de eso se trataba, de una mentira.
Prescribe
la técnica normativa, que el título de las disposiciones jurídicas sea
descriptivo de su contenido; que, en cierto modo, constituya la suprema
síntesis de su objeto. El decreto-ley 6/2010 se denomina de “medidas
complementarias del decreto-ley 5/2010”. Gran mentira porque conforme a la
dispuesto en su disposición derogatoria (astutamente redactada, para decir
eufemísticamente, lo que no se quiere decir de modo claro y transparente) se
deroga el decreto-ley 5/2010; del que no queda vigente ni un solo precepto, ni una
sola palabra, ni una sola letra, ni un solo ápice. Por si ello no fuera
suficiente, en la parte expositiva se reconoce también de modo explícito (“…se
opta por la reproducción del decreto-ley 5/2010…) y cínico (“…dando
preponderancia a su carácter didáctico…). De modo que no queda nada que deba
ser completado o perfeccionado. La significación semántica del término
“complementar” (según el drae: dar complemento a una cosa) requiere la
existencia de dos elementos formales: uno, el complementado; otro, el
complementario. Obviamente, si no se dan ambos el uso del término es
improcedente. Y en este caso no se da el primero de ellos; es decir, no existe
en el ordenamiento jurídico la disposición que supuestamente se ha de
complementar.
Ahora
bien, no todo el que dice una cosa falsa miente, si cree que lo que afirma es
verdad. Miente el que teniendo una cosa en la mente manifiesta otra distinta.
El mentiroso tiene un doble pensamiento: uno, el que sabe que es verdad, y se
calla; otro, el que manifiesta o dice, sabiendo que es falso. No lo digo yo, lo
dijo Agustín de Hipona.
En
ese estado de cosas ¿podría alguien afirmar que quién dio título al decreto-ley
6/2010 ignoraba que su disposición derogatoria hacía desaparecer del
ordenamiento jurídico hasta el más leve rastro del decreto-ley 5/2010?
Así
pues, quién podría dudar entonces que nos encontrábamos ante una mentira en el
sentido más riguroso, académico y canónico del término.
Pero
no se trataba de una mentira común, de una “mendacium vulgaris”. Esta era una
especie de mentira no catalogada, una especie extraña y poco conocida: la
“mendacium in nomine iuris” o “mendacium griñanis”. Desde los tiempos de Homero
no ha habido siglo cuyos escritores y filósofos no hayan escrito sobre la
mentira y los mentirosos. Pero, sin embargo, no tenemos en ninguno de los
numerosos ensayos que se han ocupado del tema noticia alguna sobre este tipo de mentira. Se conoce que, hasta la
llegada del socialismo andaluz, no se practicaba. De otro modo, Pío Rossi la
habría catalogado en su exhaustivo “Léxico de la mentira”. Por desgracia, nos
hallamos ante otra vergonzosa aportación autóctona a la historia universal de
la infamia.
Porque,
aunque a simple vista parezca un asunto de poca importancia, creo que no lo es.
Al contrario. Tanto desde la perspectiva del objeto como del sujeto, el asunto
es, a mi juicio, extraordinariamente grave.
Objetivamente,
porque una mentira contenida en una disposición jurídica –y con rango de ley-,
además de un fenómeno extraño, no es ninguna tontería. Sobre todo si se considera
que los motivos que inducen a su comisión son mezquinos. Esta mentira no se
perpetra por una gran “razón de estado”; ni bajo el argumento utilitarista del
mayor bien posible para el mayor número de ciudadanos. Esta mentira es inane;
no produce ningún beneficio para nadie; ni siquiera para el que la profiere.
Esta
mentira sólo tiene por sustento la soberbia. Sólo trata de colmar la soberbia
de aquéllos que no quieren que en modo alguno los disconformes puedan decir que
el decreto-ley 5/2010 no ha durado ni cuatro meses. Hecho cierto e
incontestable. Para ello, no han dudado en urdir un engaño que no tiene
precedentes en la historia jurídica (ni siquiera en la del boja; cuyos
disparates darían para elaborar una antología con más volúmenes que los
episodios nacionales), y que constituye una ofensa y una grave falta de respeto
a la ciudadanía, destinatarios finales y causa de las normas jurídicas.
Y
desde la perspectiva del sujeto activo, la cosa no es menos grave. Esta mentira
ha sido cometida por el máximo órgano ejecutivo: el Consejo de Gobierno. Y no
sólo él. Para ello ha necesitado el auxilio de otros, que si bien no son los
responsables directos, son colaboradores necesarios. Me refiero a la Comisión
General de Viceconsejeros, de la que forma parte el laureado Jefe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, y por cuyas manos debió pasar necesariamente
el mendaz engendro.
Sólo
por eso el asunto ya sería extraordinariamente grave.
Es
muy triste para un ciudadano decente ver cómo las Instituciones políticas de su
comunidad se degradan. Es lamentable constatar cómo esas Instituciones se
pliegan a los intereses partidistas de una secta y a los frívolos caprichos de
su satrapía. Debe causar vergüenza ajena en las personas decentes de esta
Comunidad constatar como la degradación de las Instituciones llega hasta el
extremo de ver a la Comisión General de Viceconsejeros como un reflejo
degradado de los gabinetes de Fernando VII, con sus aguadores y mozos de
cuadras; a la principal institución jurídica del ejecutivo –el Gabinete
Jurídico- silente y sumiso, cuando no algo peor. Y al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía convertido en un cónclave de falsarios, presididos por un
pavo real.
Considero
un deber ético hacer denuncia de estos hechos, porque -como sostenía Denis
Diderot, en un panfleto contra los engaños del despotismo, casualmente titulado
“mentiras de un tirano”- “toda mentira una vez vilipendiada se ve destruida sin
remedio: toda verdad probada lo es ya para siempre”.
Si
se cumple lo declarado por el Gobierno, el decreto-ley 6/2010 será debatido
como proyecto de Ley en el Parlamento. Apelo a la integridad intelectual y
ética de nuestros representantes –sobre todo a los del partido de la mayoría- y
les conmino amablemente a que refuten en un ejercicio práctico el aforismo de
Alfred Groser, conforme al cual el poder legislativo se ha convertido en
apéndice del gobierno “corrige algunas veces, rara vez rechaza y comúnmente
ratifica”.
El
otro día , ante las puertas de un edificio público en el que el nuevo caudillo
andaluz repartía premios –y, a su vez, se regalaba con un buen banquete a
nuestro cargo- ví pasar un perro que con porte elegante y confiado (no parecía
que nada a su alrededor le inquietase) arrastraba, entre sus fauces, no sin
cierta dificultad, un descarnado hueso de jamón. Se me antojó alegoría de este
régimen. No creo en los augurios; está en nuestras manos regir nuestro destino
y evitar que esa imagen se torne realidad y que no lleguemos a ver a esta
querida tierra nuestra convertida en un despojo arrastrado en las fauces de una
fiera avarienta.
Andaluces, levantaos.
Max Estrella, cesante de hombre libre.
Diciembre 2010