El
lenguaje de este Gobierno constituye una prueba más, una evidencia, del delirio
totalitario que lo arrebata. Freud y Lacan lo advirtieron: el lapsus, lo metafórico,
la simbología, expresan la realidad del pensamiento y de los deseos. La neolengua, como dijo Orwell, de este
incipiente régimen liberticida y neototalitario no puede ser más reveladora, e
inquietante. Hablan ahora, incluso en el BOE, de la Nueva Normalidad –así con iniciales mayúsculas; otro revelador
lapsus-, un oxímoron que pone de manifiesto, por un lado, la reivindicación de
la realidad político-social precedente (normalidad: lo habitual y ordinario, lo
que se hace, padece o posee con continuación o por hábito, según el
significado que nuestra lengua –mediante la RAE y su diccionario- atribuye a
tales términos) al mismo tiempo que, de
otro, promueve su rechazo y abolición (nueva: Distinta o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido; Que se
percibe o se experimenta por primera vez, según expone el DRAE). Todo muy
acorde con lo que en la neolengua se
define como doblepensar. Y en
consonancia, también, con la concepción y práctica de todos los totalitarismos
y sus déspotas: antes de su gobierno, la nada, el vacío; después de él, el caos
–ya lo apuntó hace poco el ministro Delcy Ábalos: nosotros o el caos-.
La
Historia empieza con ellos: la Nueva Normalidad (NN),
se llama.
El
Nuevo Régimen, va ofreciéndonos poco a poco indicios de lo que será esta Nueva Normalidad. Veamos algunas de esas
señas de identidad:
En
primer lugar, el autoritarismo, con tintes cesaristas, plasmado en el
manifiesto desprecio al principio de separación de poderes y en el sometimiento
de los otros poderes del Estado al poder
ejecutivo y, particularmente, a los deseos del líder. Amén del ya clásico ‘Montesquieu
está muerto y enterrao’, pero en esa línea, tenemos el nombramiento de la
Fiscal General del Estado (Fiscal General del Régimen), la reforma de la
Justicia para que las causas las instruyan los fiscales en lugar de los jueces,
es decir, el propio Gobierno, mediante el sencillo mecanismo de controlar
–designar y destituir- a la Fiscalía General y, ésta a su vez, a los fiscales
mediante el principio de sometimiento jerárquico; o las andanadas a
la Justicia de Unidas (Alberto Garzón: “el
reaccionario brazo judicial”) Podemos (Pablo Iglesias: “togados de ideología reaccionaria”). En
cuanto al Legislativo, aunque hace años que Alfred Groser advirtió que los
parlamentos corrigen algunas veces, rara
vez rechazan y comúnmente ratifican, este Gobierno autoritario va mucho más
lejos y muestra su grosero desprecio a la Institución, y a los ciudadanos a los
que representa (¿Usted ha visto un marido
que le eche serenatas a su mujer?, dicen que dijo don José Sánchez Guerra,
ante la petición de que dirigiera unas palabras a un grupo de sus electores
congregados a las puertas del casino de Cabra, por cuya circunscripción era
diputado electo), desprecio, digo, intentando, primero, su clausura durante el
estado de alarma (mes de marzo, intento fallido) y luego limitando la acción de
control y ocultando información esencial a los diputados.
Luego
está el menosprecio al Estado de Derecho, al principio de legalidad, a la
Constitución y las leyes. Unas cuantas muestras: “Calvo negocia con los grupos una prórroga del estado de alarma de un
mes…” (Titular de El País del 12 de mayo; ergo no puede ser mentira); y,
por cierto, fruto de su ignorancia o de su vileza para eludir responsabilidades
y ‘socializar’ su inepcia y sus desmanes o, tal vez, de ambas cosas, afirmó
también que “quien de verdad decreta la
alarma cada 15 días no es el Gobierno; el Gobierno la propone, quien la decreta
es la sede de la soberanía popular…”, una profesora de Derecho
Constitucional que no se sabe la Constitución, cosa imperdonable, aunque no sea
catedrática -estatus que sin embargo le atribuyen sus palmeros y que ella no
desmiente, ni tampoco NewTrola-; lo cierto es que la Constitución establece
meridianamente: “El estado de alarma será
declarado por el Gobierno mediante
decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados (…) sin cuya autorización no
podrá ser prorrogado dicho plazo.” Y como ni la Constitución ni la Ley
reguladora establecen expresamente la duración de las prórrogas, más allá de
decir que la duración será la
estrictamente indispensable, se arrogan la potestad de establecer un plazo
que la Constitución no contempla, olvidando un principio elemental del Derecho:
que la interpretación de las disposiciones y preceptos de excepcionalidad o
limitativos de derechos ha de realizarse restrictivamente. De donde se colige
que el plazo de la prórroga jamás puede superar el determinado expresamente en
la Constitución para su declaración.
En
este afán de estar por encima de la ley, o de considerar ley la voluntad del
Líder, también cocea el Gobierno el artículo 97 de la Constitución, que le
atribuye la potestad reglamentaria. Contra lo que dispone, pues, la
Constitución, los ciudadanos nos vemos pastoreados por órdenes ministeriales
que nos imponen obligaciones, cargas y gravámenes e, incluso, limitan o modulan
el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, como si en vez de
ciudadanos fuésemos súbditos o convictos o menores o funcionarios o cualquier
otro tipo de persona sujeta a la autoridad ministerial por lo que se denomina
en derecho relación de sujeción especial,
en virtud de la cual el ministro estaría facultado para darnos órdenes o dictar
reglamentos que nos obligaran. Una muestra más de desprecio despótico a la
ciudadanía.
Con
todo, no es eso lo más grave, lo más grave es el frenético ataque que este
infame Gobierno está llevando a cabo contra las libertades y derechos
constitucionales de los ciudadanos, en el que participan con abyecto servilismo
los jerarcas policiales y los medios de comunicación –públicos y privados- bajo
su control.
La
relación de desmanes gubernamentales supera manifiestamente lo anecdótico,
comenzando por el ilegal arresto
domiciliario y toque de queda al
que nos tienen sometidos, contraviniendo la letra de la Ley Orgánica reguladora
de los estados de alarma, excepción y sitio, que expresamente dispone que el
derecho reconocido en el artículo 19 de la CE, esto es, el derecho a elegir libremente el lugar de residencia y de circular por
el territorio nacional, o libertad deambulatoria, sólo puede ser suspendido
en el caso de que el Congreso autorice la declaración de estado de excepción.
Sin embargo, el Gobierno, sin haberse declarado el estado de excepción y
excediendo las facultades que le otorga la situación jurídica de estado de
alarma, decretó la suspensión de la libertad deambulatoria contra lo dispuesto
en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, cuando ésta solamente le
autoriza a limitar tal derecho en horas
y lugares determinados, y no en todo el territorio nacional todo el tiempo,
esto dice el artículo 11: “…el decreto de
declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se
dicten, podrán acordar las medidas siguientes: a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o
condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.” En la misma línea
despótica, hemos visto en un difundido vídeo cómo la policía allanaba sin orden
judicial el domicilio de unos ciudadanos, actuación sólo admisible en la
situación de estado de excepción para supuestos de investigación de hechos
presuntamente delictivos y con una serie de garantías que ni siquiera en el
caso que cito se observaron.
Y
luego están los reiterados ataques a la libertad de expresión, es decir, “a
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, tal como
consagra el artículo 20 de la Constitución. El primero que dio el cante fue el
jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando en rueda de prensa afirmó: “Otra de las líneas de trabajo es también
minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno.”;
luego dijo el Gobierno que fue un lapsus. Exacto, un lapsus. A continuación la
ministra Celaa aclaró el significado del lapsus: “No podemos aceptar que haya mensajes negativos, en definitiva falsos”.
Está claro, pues.
Por
otra parte, gracias a las modernas tecnologías de los teléfonos móviles y a las
redes sociales, hemos podido conocer cómo las brigadas policiales de la NN,
cumpliendo órdenes ilegales de sus mandos profesionales y políticos, impedían a
los ciudadanos mostrar símbolos de rechazo o crítica a la gestión del gobierno,
incluso aunque estos fueran los símbolos constitucionales del Estado, como son
la bandera o el himno, y les obligaban a borrar las grabaciones realizadas,
para impedir su difusión en las redes sociales y en los medios de comunicación
libres. Es natural que en tales circunstancias no nos sorprenda que el Gobierno
-esta vez le tocó el papel de censor al ministro Castell- instigue la censura
gubernamental: “Hay que intervenir las
redes sociales… si
no se intervienen las redes sociales tendremos un problema muy grave.”
No han escatimado en tal empeño censor ni la amenaza a los insobornables ni el
cohecho a los predispuestos.
Y,
por último, caracteriza esta Nueva
Normalidad desde sus inicios la opacidad y la mentira. No hay comparecencia
del Líder carismático ni programa de
¡Aló presidente! en que el führer de
la NN no suelte alguna mentira:
desde los famosos test homologados a los rankings o a las felicitaciones
internacionales por su gestión. Pero peor es –dado que de un doctor en fraude
no puede esperarse otra cosa que mentiras- la opacidad, incluso respecto a los
representantes del pueblo soberano, a los que se niega información esencial
para el desempeño de su labor parlamentaria. Así, hemos constatado cómo este
Gobierno gris y opaco cerraba el Portal de Transparencia, a la vez que
cínicamente afirmaba que no estaba cerrado, sino suspendido sin fecha de
reapertura. Y en esa línea de ocultar a la ciudadanía y a sus legítimos
representantes información relevante –como, por ejemplo, documentos de
diferentes instituciones que alertaron sobre la gravedad de la pandemia-, este
Gobierno infame, corrupto e incapaz se niega informar sobre la identidad de los
contratistas, de los integrantes de comités que ejercen funciones públicas, del
número real y naturaleza de los test realizados, y, lo que es muchísimo más
grave, del número real de contagiados, de ancianos fallecidos en las
residencias de mayores y del número total de fallecidos por causa del
coronavirus. Tal es este Gobierno, y un anticipo de lo que nos espera.
¡¡¡Bienvenidos
a la Nueva Normalidad!!!
Negro mayo de 2020