Parecía
que con la doble pifia de los test el gobierno había llegado a su máximo nivel
de incompetencia. Lamentablemente no fue así. Su incuria e inepcia aparenta no
tener límites. Ahora hay que sumar la retirada de un lote de 350.000
mascarillas ‘fake’ distribuidas por el Ministerio de Sanidad a numerosos
centros sanitarios, dejando expuestos a la acción del virus, durante 10 días, a
los miles de profesionales usuarios del defectuoso producto. No es de extrañar,
pues, que encabecemos la fatal estadística de sanitarios infectados y muertos.
También se hace eco unánime la prensa del descontrol y caos en las cifras
facilitadas por el gobierno. Un gobierno incapaz hasta de contar bien a sus
muertos. No digo ya de llorarlos y honrarlos, pues también hemos sabido
recientemente que la dirección nacional del Psoe ha dado instrucciones a los
alcaldes de su partido para que en sus municipios no se muestre señal alguna de
duelo, lo ha revelado uno de ellos: el desobediente alcalde socialista de
Vila-real, José Benlloch, larga vida. La reciente historia patria no ha
conocido tanta vileza y miseria moral como la que muestra este gobierno.
Tres
meses después de las primeras advertencias de la OMS, el gobierno sigue
mostrándose incapaz de aprovisionarse de modo suficiente y eficaz de test y
mascarillas. Y, lo que es peor, suple su criminal negligencia practicando la
rapiña (Exprópiese, les suena) sobre
las entidades de la sociedad civil que lo avergüenzan demostrándole que –sin
contar con recursos ilimitados y un poder absoluto, como el del gobierno- el
aprovisionamiento es posible en el mercado, basta desearlo y ponerlo en manos
de gestores eficaces. Hasta cuatro pueblecillos de Teruel han demostrado ser
más eficaces que el gobierno.
Esta
cuestión no es en absoluto baladí, pues de ello depende el control eficaz de la
pandemia y el levantamiento del arresto domiciliario al que estamos sometidos
hasta –por ahora- el 10 de mayo. Esto es, durante dos largos meses. Camino
también de otro nefasto récord.
Y
si todo ello –la negligente gestión que está costando miles de vidas- no fuese
por sí mismo motivo suficiente para abominar de un gobierno, sufrimos también
un furibundo ataque a nuestras más elementales libertades.
Aparte
de la ya indicada contra nuestra libertad deambulatoria, limitada más allá de
lo que hubiese sido estrictamente necesario, por causa de la negligente gestión
en el acopio de test y mascarillas, aparte de ello, digo, el gobierno ha
mostrado su verdadero rostro despótico y totalitario limitando la libertad de
información, contra lo reconocido en la Constitución y las leyes. Amparándose
burdamente en los poderes absolutos de los que se ha dotado con la declaración
del estado de alarma, el gobierno se niega a facilitar información a la
ciudadanía, incluso a quienes representan la soberanía nacional. Se niega así,
entre otras cosas, a facilitar la identidad de los contratistas con los que ha
celebrado contratos de adquisición de material sanitario, pese a que, conforme
a las leyes vigentes, está indubitablemente obligado a facilitarla y
publicarla, ¿qué esconde tras ello?
Y
no conforme con el uso propagandístico, tendencioso y partidista, de
instituciones públicas, como la TVE y el CIS, para difundir sus mentiras, arremete
ahora fieramente contra la libertad de expresión. El gobierno en su delirio totalitario
ataca implacable no sólo a los medios de comunicación, a los que amaga con
nacionalizar, sino que también intimida a los ciudadanos que a través de las
redes sociales osan criticar su acción de gobierno, y hasta a los propios
partidos políticos. Y, cómo no, vuelve a utilizar sectariamente las
instituciones que por su propia naturaleza deben estar al servicio de toda la
ciudadanía y del interés general. Y vemos así cómo la Fiscalía General del
Estado, con la colaboración de la agencia estatal de noticias EFE, amenaza a
partidos, medios y ciudadanos con la cárcel: “La difusión de bulos en las redes sociales puede acarrear hasta cinco
años de prisión, según la Fiscalía General del Estado, que ha salido al paso de
las noticias falsas para anunciar que estudia los tipos penales donde encajar
tales delitos.” Literal. Causaría risa, si no fuera porque ni siquiera
durante el franquismo o, tal vez, como en el franquismo, el gobierno, al
margen de los tribunales de justicia, decreta la pena a la que posteriormente
tratará de buscar un soporte jurídico. Puro despotismo. Puro nazismo: la voluntad del Führer hace el derecho,
como formulara Carl Schmitt.
Y,
discúlpeme de nuevo el desocupado lector, si a las negras horas para la vida y
la libertad que ahora sufrimos, añado el fruto de mis negros augurios. Pasará
todo, porque es ley natural que todo pase, mas quedará una terrible cicatriz:
la desmemoria.
Estas
páginas negras serán arrancadas del libro de la historia, por aquéllos mismos
que las han escrito con sangre y con mordaza. No pagarán su culpa los malvados.
Menos aquí, donde la justicia vale menos
que el orín de los perros, como cantó León Felipe. No nos engañemos, los
buenos sólo ganan en las películas. La vida es de los canallas sin escrúpulos.
Terminará
todo y el noble pueblo –con la ayuda
del NODO y de una paga vitalicia- se someterá y olvidará. Nada nuevo,
Tocqueville lo advirtió hace 200 años. Y Albiac lo recordó en fechas recientes:
prefieren vivir pobremente antes que tener que trabajar. De eso sabemos bien
por aquí abajo. Y vislumbro –no sé si entonces viviré- un amanecer gris, como
el que cantaba Ángel González en su poema:
El deseo popular será cumplido.
A partir de esta hora soy -silencio-
el Jefe, si queréis. Los disconformes
que levanten el dedo.
Inmóvil mayoría de cadáveres
le dio el mando total del cementerio.
Negro abril de 2020